¿Por qué ahora?

En su mensaje de abdicación, Juan Carlos I ofreció explicar los motivos de su gesto histórico, solo que sus concisas palabras dejan la mayoría de los interrogantes sin respuesta. Está bien conocer que la renuncia al trono fue una decisión tomada en el pasado mes de enero y que por otra parte está seguro de que su sucesor, Felipe VI, es un hombre preparado para el cargo. Destaca asimismo la breve mención a su padre, el conde de Barcelona, para subrayar el enlace entre legitimidad y democracia, que caracterizaría la positiva evolución de su reinado, a lo largo del cual siempre se sintió, según sus palabras, estrechamente ligado a la suerte de los españoles.

Así las cosas, las incógnitas se desplazan del por qué al por qué ahora. Era razonable que un hombre de su edad, y con el gran desgaste físico que ha acompañado a una cascada de intervenciones quirúrgicas, perciba que el servicio a los deberes del cargo deban ser atentidos por alguien en plenitud de facultades. Envuelta la explicación en todos los eufemismos del caso, hubiera sido fácilmente comprensible por todos, pero el Rey prefirió aludir solo a su recuperación. De este modo, el límite de la edad basta para fundamentar una previsible abdicación, no el que la misma tenga lugar en las difíciles circunstancias actuales.

Más aún porque de modo incomprensible no se ha atendido hasta ahora al artículo 57.5, según el cual «abdicaciones, renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica…». Y la tramitación ahora de esa ley orgánica, aun cuando el mismo artículo 57 resuelva las cuestiones de fondo, puede crear, si la norma se aplica estrictamente, una especie de interregno a lo largo del cual se desarrolle un debate sobre la forma de Estado que ya está sobre la mesa desde el mismo momento en que se anunció la abdicación. Fue un problema que siempre preocupó en las monarquías, por aquello de los dos cuerpos del rey, de manera que la muerte física no afectara a la institución; en la Francia del siglo XVI la solución llegó a consistir en la persistencia del reinado en efigie del monarca fallecido por varias semanas, hasta que el asesinato de Enrique IV en 1610 impuso la fórmula terminante de ‘el rey ha muerto, viva el rey’. Ahora no hay riesgo de vacío de poder, pero sí de que al aplicarse el precepto constitucional surja una situación de inseguridad, lógica por otra parte si tenemos en cuenta el desprestigio creciente de la institución en las encuestas.

En política, los tiempos cuentan, y existe el acuerdo general de que no es bueno elegir como momento del desembarco cuando hay temporal. Desde el punto de vista de los intereses monárquicos, la asociación entre la marea radical de las elecciones europeas y la abdicación no puede ser más negativa. La lectura ha sido inmediata entre los primeros comentaristas, para fundamentar la exigencia de referéndum por IU, Podemos y Equo: la abdicación viene a probar que existe una profunda crisis de régimen, con graves consecuencias para la legitimidad democrática de los grandes partidos, y que sería ahora refrendada por la renuncia del Monarca. ¿Qué mejor momento para proponer una asamblea constituyente o para exigir un referéndum de cara a la Tercera República? La Constitución no importa, y aquí interesadamente se forma la amalgama entre quienes proponen (proponemos) la reforma de la Constitución en sentido federal y los que van hacia otras direcciones más ‘participativas’ (es decir, de signo autoritario).

Al no ser clarificadas las causas reales de la abdicación, queda abierto el espacio para una lectura antiinstitucional, impensable hace un par de semanas. Es más, al presentar el Rey como base de sus argumentos las exigencias de renovación, con el consiguiente relevo generacional, de modo involuntario resulta respaldada la opción antisistema. Es lo que significó Matteo Renzi en Italia, frente a los Bersani, D’Alema y otros dirigentes históricos, a quienes mandó al desguace.

Y está Cataluña. Si por lo que acabamos de ver, muchos demócratas apoyan la idea de un referéndum institucional, ¿por qué no respaldar la ‘consulta’ de Mas? La erosión del orden constitucional está en estricta correlación con el incremento de las opciones independentistas en Cataluña. Aunque no figurase en la ley fundamental, al Monarca era adscrita implícitamente la función de «guardián de la Constitución», que hubo de ejercer el 23-F. Ahora toca atravesar un desierto de poder, con el problema alcanzando su máxima intensidad con un rey no consolidado. La vulnerabilidad del sistema crece. Hubiera sido de desear un máximo de tranquilidad en la vida política española para antes del 9 de noviembre debatir con sosiego, ofrecer soluciones y medir riesgos. El tema de la sucesión solo viene a añadir complicaciones.

En suma, si las razones personales de edad son sólidas para explicar la decisión de fondo, pero no el momento de hacerla pública, las políticas de coyuntura hubieran debido sugerir siquiera un breve aplazamiento. Queda en fin la cuestión elidida del deterioro de la salud de don Juan Carlos, negada en el mensaje. Incluso de ser esta la causa, la adopción de la ley orgánica de sucesión debería haber precedido a la abdicación. Recuerdo que en la única conversación prolongada que mantuve con el Rey, en julio de 1988, él insistió en que el objetivo de la Corona, de la institución, había estado siempre detrás de sus concesiones al régimen de Franco. En la circunstancia presente, ese objetivo, fortalecer una institución dañada, se hubiera alcanzado tal vez mejor atendiendo a tiempos y circunstancias.