- Los autores exponen la «ausencia de garantías políticas y jurídicas básicas» de las elecciones de Venezuela y afirman que la «legitimidad de la actual Asamblea debe preservarse».
Este dictamen jurídico es una advertencia a toda la opinión pública mundial del fraude que intenta cometer Nicolás Maduro deshaciéndose de los molestos miembros de la Asamblea Nacional elegidos por el pueblo venezolano de forma legítima en el año 2015. Habiendo despreciado previamente sus funciones básicas, ahora el régimen de Nicolás Maduro directamente, y al margen del pueblo venezolano, pretende poner a sus más afines también en la Asamblea Nacional. Conforme concluye el dictamen internacional de juristas, esa votación está controlada exclusivamente por el ilegítimo poder ejecutivo e incumple las garantías básicas exigidas en el Derecho Internacional para calificarlas como válidas.
Ante la ausencia de protección de la seguridad personal y patrimonial de otros candidatos, sin unas normas claras para el ejercicio del derecho de voto, o ante continuas lesiones a la libertad de asociación, reunión o expresión, unas elecciones infringen los derechos humanos y el derecho de sufragio. Y todas estas circunstancias concurren hoy en día en Venezuela. La constatación de esta situación se desprende de multitud de hechos recogidos en la Declaración Internacional de Juristas, de la que nos gustaría destacar los siguientes.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por Nicolás Maduro desde 2016, en violación de la propia Constitución Bolivariana, permitió al Consejo Nacional Electoral modificar de forma arbitraria las leyes del proceso electoral y eliminar el voto universal, directo y secreto para la elección de los diputados representantes de los pueblos indígenas.
La declaración jurídica fue presentada en la casa de todos los abogados, el Consejo General de la Abogacía Española, en un acto en el que estuvieron presentes, entre otros, Marie-Aimeé Peyron, presidenta del Colegio de Abogados de París (2017-2019), Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia (2010-2014), Peter N. C. Umeadi, profesor y magistrado emérito de Nigeria, David Mills, catedrático de Derecho de Stanford Law School o el Doctor Augusto Trujillo, presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
En compañía de Leopoldo López y el presidente Juan Guaidó, particularmente significativa fue la intervención de la probablemente máxima autoridad mundial en procesos electorales, el juez Kriegler. Como eminente jurista y magistrado sudafricano, fue presidente de la Comisión Electoral Independiente en 1993 y garantizó, en colaboración con Nelson Mandela, las primeras elecciones con sufragio universal en su país. Como actor clave en la transición del dictatorial régimen del Apartheid de su país hacia una verdadera democracia, Johann Kriegler nos enseña que “hoy estamos asistiendo en Venezuela a la evolución de una antigua democracia hacia el reforzamiento de una dictadura”.
Sin entrar a valorar cuestiones políticas ajenas al análisis legal, lo cierto es que todos estos juristas concluimos que conforme a los datos contrastados y ante la ausencia de las garantías políticas y jurídicas básicas, la votación celebrada ayer en Venezuela es inválida y no puede calificarse como una elección democrática de los miembros de la Asamblea Nacional. Ante esta situación, la consecuencia legal es clara e implacable, la legitimidad de la actual Asamblea Nacional de Venezuela debe preservarse para garantizar la protección de los derechos humanos en el país. Y esta legitimidad deberá prorrogarse y mantenerse en el tiempo mientras en Venezuela no puedan celebrarse unas elecciones libres y respetuosas con los principios generales de la democracia y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
*** Javier Cremades es abogado y presidente de la World Jurist Association, y Johann Kriegler es magistrado emérito del Tribunal Constitucional de Sudáfrica y presidente de la Comisión Electoral Independiente de 1993.