PSOE y Podemos han pactado derogar la reforma laboral (aunque ahora nos aclaran que no es técnicamente posible derogarla) porque, dicen, ha debilitado el poder de negociación de los trabajadores y los ha condenado a una situación de precariedad mayor que la de antes de 2012. Se trata de una afirmación extraordinariamente aventurada (e inexacta) a la luz de la (desgraciadamente escasa) evidencia de que disponemos. Desde luego, uno podría argumentar que no contamos con evidencia suficientemente concluyente como para conocer sus efectos, pero no que conocemos efectos opuestos a los que la evidencia provisional ha desentrañado.

Primero, de acuerdo con Rafael Doménech, Juan Ramón García y Camilo Ulloa (2016), la flexibilidad salarial introducida por la reforma laboral (que ha permitido una mayor sincronización entre la evolución salarial y la posición cíclica de la economía) contribuyó a salvar 910.000 empleos que alternativamente habrían sido destruidos a partir de 2012. Asimismo, estos tres economistas también estiman que, si la reforma laboral hubiese estado vigente desde 2008, habríamos evitado la destrucción de dos millones de puestos de trabajo.

Segundo, la OCDE (2013) estima que la reforma laboral contribuyó a incrementar la contratación indefinida en un 13% (y, más en concreto, la contratación indefinida a jornada completa en un 18%), que aumentó en un 24% la probabilidad de que los desempleados encontraran un empleo indefinido, que la destrucción de empleo se redujo en un 24% (y en un 41% para los empleos a tiempo parcial) y que los despidos colectivos disminuyeron merced a la reforma en un 32%. En cambio, los autores no detectan un impacto significativo sobre la probabilidad de transición desde el desempleo al empleo temporal. Por tanto, más contratación indefinida y misma contratación temporal que antes, esto es, menor tasa de temporalidad (si bien la magnitud de la posible minoración ha sido muy modesta).

Por último, Ara Stepanyan y Jorge Salas (2020), desde el Fondo Monetario Internacional, concluyen que la reforma laboral contribuyó notablemente a aumentar el empleo y a reducir la tasa de paro, incluyendo al colectivo de los jóvenes; que la desigualdad —medida por el índice Gini— se redujo en cerca de dos puntos, y que el número de personas en riesgo de pobreza no se vio adversamente impactado por la nueva legislación laboral. Ahora bien, entre los aspectos negativos, los autores destacan que el empleo a tiempo parcial involuntario se incrementó y que, en consecuencia, el número de trabajadores pobres creció (menor salario total por el menor número de horas trabajadas). Démonos cuenta de que no es incompatible que no aumente la desigualdad o el número de personas en riesgo de pobreza y que sí lo hagan los trabajadores pobres, puesto que la reforma laboral tuvo un doble efecto sobre el riesgo de pobreza: reducirlo para algunos de los parados que encontraron empleo y aumentarlo para algunos de los trabajadores con empleo.

Es evidente, pues, que la reforma laboral de 2012 no fue perfecta y que dos de sus importantes lagunas han sido, por un lado, el fracaso a la hora de combatir significativamente la temporalidad (no es que no haya contribuido a reducirla, sino que no ha logrado progresos considerables) y, por otro, el incremento de la parcialidad no deseada (con la parcialidad deseada no hay ningún problema, incluso debería ser celebrada por quienes aspiran a una reducción de la jornada laboral: pero la parcialidad no deseada equivale a todos los efectos a un paro involuntario parcial).

En definitiva, ¿hay aspectos a mejorar en nuestro mercado de trabajo? Sin duda, empezando por el alto paro juvenil o la dualidad entre fijos y temporales y terminando por nuestra estructural incapacidad para incrementar la productividad (y, por tanto, los salarios). ¿Es necesario modificar la legislación laboral para ello? Sí, pero desde luego no es necesario enterrar las líneas maestras de la reforma laboral de 2012 en materias tan relevantes como la prioridad del convenio de empresa sobre el temporal, la limitación de la ultraactividad de los convenios, el abaratamiento del despido indefinido (al que incluso Podemos se ha plegado de momento) o la flexibilidad interna en las compañías. Querer cargarse todo eso es, como diría Yolanda Díaz, un puro fetiche político: propaganda para sus feligreses.