Por qué Sánchez ataca y persigue a los jueces

Los reiterados ataques de Pedro Sánchez, Óscar Puente, Óscar López o Félix Bolaños a la Justicia son, antes que nada, la asunción de una derrota en su escalada invasiva contra el Poder Judicial: es la segunda parte, ya a a la defensiva, de una intentona germinal de control por parte del sanchismo, que se estrenó en la Moncloa intentando cambiar manu militari las mayorías parlamentarias necesarias para renovar el órgano de Gobierno de los jueces, entre otros abusos antidemocráticos.

Fracasada la campaña, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y algunos juzgados de Instrucción no han dejado de atender los casos que le llegaban, cualitativa y cuantitativamente sin parangón en la historia de España: nunca antes había sido tan razonable sospechar que el Gobierno ha sido una trama de corrupción sistémica, con lazos incluso internacionales, y que además se ha servido del propio Estado para cerrar el círculo de latrocinio e impunidad con una mafia extorsionadora de los contrapoderes y un espurio afán legislativo para evitar, por lo civil o lo criminal, la rendición de cuentas en todos los ámbitos posibles, desde el parlamentario hasta el judicial.

En ese contexto, al que el Estado responde sin prisas pero sin pausas con una resistencia discretamente heroica sustentada, sin duda, en un apoyo social formidable del que unos pocos medios de comunicación son catalizadores, el acoso político a los jueces es, sobre todo, la constatación de que Sánchez no ha logrado su primer objetivo, anularles, y de que se conforma con el segundo, desprestigiarles para justificar todo tipo de medidas políticas destinadas a justificar un golpe preconstitucional sobre la mesa de la separación de poderes.

De igual modo que utilizó al Tribunal Constitucional para revocar al Supremo su condena a los encausados del «procés» o para indultar indirectamente a Chaves y a Griñán por la escandalosa trama de los ERE; lo hará con los casos que más le afecten en su ámbito personal o con la prebenda del Consejo de Ministros para firmar indultos.

Apelar al lawfare es la manera de practicarlo, como ya se hizo en los casos citados y en otros tan escandalosos como la guerra sucia del fiscal general del Estado, a las órdenes de Moncloa, para derribar a un rival tan incómodo como Ayuso.

Pero sobre todo es el relato imprescindible para preconstituir el escenario con el que tratar de proteger a Pedro Sánchez, jefe y beneficiario de todos los imputados, cuando la sangre judicial llegue a su orilla personal. No se ataca a los jueces en balde: se crea el paisaje para salvar a Sánchez, cuya trayectoria le acerca al banquillo. Y él lo sabe.