Por un nuevo sistema de financiación autonómica

La Comisión Lagares acaba de presentar su informe fiscal, con toda una serie de recomendaciones. Ahora el Ejecutivo habrá de elaborar la reforma fiscal que tanto necesitamos para impulsar la actividad emprendedora, a efectos de superar la larga crisis económica que empezó en 2008.

Pero el Gobierno no planteó a la Comisión Lagares el tratamiento de un aspecto fundamental: la financiación autonómica, un tema que desde la creación del Estado de las Autonomías se ha atendido a través de diferentes mecanismos, cuya última expresión fue el promulgado en 2009, que junto con una serie de circunstancias, y dada la prolongada crisis que comenzó en 2008, comportó una grave situación de déficit y endeudamiento en la inmensa mayoría de las CC.AA., con toda una amplia controversia a escala nacional sobre la necesidad de un cambio regenerante.

Sobre cómo organizar de cara al futuro el Nuevo Sistema de Financiación Autonómica (NSFA), la Generalitat Valenciana encomendó un informe a una comisión de expertos formado por cinco premios Rey Jaime I de Economía –los profesores J. Barea, J. Lamo de Espinosa (presidente de la Comisión), J. Velarde, P. Schwartz y R. Tamames (relator)–, quienes hicimos entrega de nuestro dictamen al presidente Fabra en noviembre de 2013. Un estudio en el que se subrayan las serias deficiencias del sistema anterior, no solo por sus secuelas de déficit y deuda, sino también por las gravísimas asimetrías entre CC.AA.; derivadas de una aplicación muy compleja en la asignación de los recursos, con un horizonte de insuficiencia general y de endeudamiento crónico que hacen insostenible el sistema. Y se cuantifica el fuerte agravio que sufre la Comunidad Valenciana por este sistema.

Actualmente, con el reparto de recursos entre las CC.AA. vía impuestos propios, cedidos o tasas, y con los diversos fondos, se atienden las funciones públicas transferidas a las CC.AA. en materia de sanidad, educación, justicia, y diversos aspectos del estado de bienestar. Pero en muchos casos, con tales recursos no se cubren ni los servicios esenciales básicos, en tanto que en otros sectores se aprecian gastos excesivos e innecesarios. Y sin entrar ahora en si tales fuentes de financiación deben mantenerse o modificarse, de cara al NSFA que planteamos deberían tenerse en cuenta unos principios básicos claros y terminantes:

1) Igualdad de percepciones unitarias para todos los ciudadanos de las 17+2 CC.AA. para garantizar similares servicios básicos.

2) Distribución de los recursos en función de la población efectiva de cada CC.AA. Hablamos, pues, de personas, sin tratamientos especiales por ninguna otra razón, al considerar que determinadas situaciones de menor desarrollo relativo y de particularidades demográficas, deben ser resueltas aparte. Por ejemplo, a través de inversiones públicas (vía el semiolvidado Fondo de Compensación Interterritorial del artículo 82 de la Constitución) o mediante reformas territoriales que se hacen esperar en demasía.

3) Implantación de indicadores de ahorro y eficiencia y exigentes sistemas de control del gasto público, en la idea de un respeto máximo al dinero que los contribuyentes entregan al fisco.

4) Establecimiento de un Comité Nacional de Inversiones, que estudie la afectación de recursos públicos a una serie de obras y proyectos, para evitar situaciones indeseables de infraestructuras de muy escasa utilidad pública.

5) Supresión por entero de los subsidios de las CC.AA. a organizaciones sindicales, patronales y organizaciones análogas.

6) Resolución de los actuales solapamientos, duplicaciones y triplicaciones de funciones entre la Administración General del Estado, las CC.AA. y ayuntamientos; suprimiéndose empresas públicas, fundaciones y agencias exteriores, que han creado una fronda de exagerado gasto público. Es indispensable.

Como complementos importantes del NSFA cabe plantear la mutualización de la deuda de las CC.AA., cuyo primer antecedente data del secretario del Tesoro Hamilton (1790) para superar la situación de los trece estados de la Unión, que habían luchado contra Inglaterra por la independencia de Norteamérica y que estaban en bancarrota.

En esa misma línea de rescate de las CC.AA. españolas, muchas de ellas en auténtico estado de quiebra, teniendo en cuenta los compromisos europeos de déficit cero en 2020 (según lo enmendado en el artículo 135 de la Constitución), resultará imprescindible una mutualización de la deuda por el Estado español. Análogamente a lo que ya está estudiándose en el marco de la Unión Europea, no solo para mutualizar y reestructurar la deuda de los Estados miembros (muchos por encima del 100 por 100 del PIB), sino también para retornar a niveles normales de endeudamiento (60%), y hacer factible el pago a largo plazo con mecanismos de deuda perpetua o comparables.

Cuestión fundamental en el tema que nos ocupa son los casos de Navarra y País Vasco, que tienen un régimen constitucional singular, en principio no alterable. Pero que sí que deben contribuir con los fondos que realmente les exige la Ley, como también han de participar en la solidaridad interterritorial.

Como último elemento del NSFA que proponemos, está la reconfiguración de la Agencia Tributaria del Estado, para convertirla en un órgano con participación directa de las CC.AA. a fin de aumentar la corresponsabilidad fiscal y hacer más eficaz la lucha contra el fraude. Y debería ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera el que fiscalizara las cuentas públicas regionales para establecer unos límites a la solidaridad intercomunitaria, situándose el tope en un nivel similar al de Alemania, en un máximo del 4 por 100 del PIB de las CC.AA., con transferencias netas al conjunto.

La reforma del sistema fiscal es imprescindible, pues el modelo anterior está agotado y ya resulta insostenible. Y sin demérito para nada ni nadie, el Nuevo Sistema de Financiación Autonómica que aquí planteamos puede ser la respuesta al problema más crucial de toda la actual organización económica y política española.

JAIME LAMO DE ESPINOSA ES CATEDRÁTICO DE LA UPM Y PREMIO REY JAIME I DE ECONOMÍA.
RAMÓN TAMAMES ES PREMIO REY JAIME I DE ECONOMÍA Y MIEMBRO DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS