Es un hecho obvio al que aún no le ha plantado cara debidamente nuestra democracia: el actual sistema electoral crea una agraviante distancia entre el peso del voto de unos ciudadanos y el de otros, es decir, que todos los votos no valen lo mismo. Podemos ponernos de acuerdo o no en quiénes salen beneficiados o perjudicados de la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Pero ese debate, en el que abundan los cálculos para todos los gustos, no llega al fondo de la verdadera cuestión, que va más lejos de los réditos o las desventajas.

La cuestión de fondo es que la Ley Electoral actual antepone el concepto del territorio al del votante al premiar a las provincias poco pobladas y castigar a las que poseen una gran densidad demográfica. Como si la tierra, y no el ciudadano, fuera el sujeto de derecho. Resulta paradójico que los mismos partidos de ámbito nacional que han negado, y con razón, la base jurídica, ética y filosófica de los mal llamados ‘derechos colectivos’ porque éstos ignoran a la persona como legítimo sujeto de derecho, hayan asumido, sin embargo, la territorialidad como medida en la aplicación de algo tan opuesto a las mistificaciones tectónicas como es el sufragio universal.

De acuerdo: si esa ‘corrección geológica del voto’ se hizo en aras de un bien superior, como es la gobernabilidad del país y la viabilidad del bipartidismo, una vez roto el esquema bipartidista por la fragmentación del voto desde las elecciones de 2015, ha perdido todo su sentido, siempre problemático, pues ya no corrige nada sino que aboca al escenario de difícil gobernabilidad que trataba de eludir. La enmarañada experiencia de la realidad política vivida en estos últimos cinco años devuelve, así, todo el sentido al principio de ‘un ciudadano, un voto’, que se ha esgrimido históricamente contra los recortes civiles que planteaban en el pasado y en ciertos países un voto por familia o por domicilio. Si consideramos hoy inadmisibles tales planteamientos contables, no podremos tampoco dar por insuperable el criterio de territorialidad para el voto. La tierra no tiene derechos. Derechos tienen los ciudadanos.

En una célebre discurso que pronunció Zapatero en Copenhague a finales de 2009, dijo que la «la tierra no pertenece a nadie, salvo al viento». Ojalá tuviera razón, pero la tierra sí tiene dueño. Y ese dueño es demasiado a menudo el terrateniente real o figurado, literal o fáctico. La invocación telúrica no es nunca inocente. En el caso que nos ocupa, la referencia territorial tiene incluso una interpretación muy subjetiva por no decir tramposa. Y es que el sistema electoral que tenemos antepone, en efecto, el territorio al ciudadano cuando lo convoca a las urnas, pero luego, una vez obtenidos los votos, el diputado que sale por Vizcaya o Palencia se olvida de Palencia y de Vizcaya en cuanto ha sido elegido; pierde sus supuestos lazos de representatividad e identidad territoriales en la maquinaria del partido, que se impone sobre su coloración provincial, la diluye y engulle.

Ni siquiera los diputados nacionalistas hacen valer la provincia, o sea la relación del electo con su elector, en sus comparecencias en las Cortes. Hacen valer sólo la pertenencia robótica al partido y la obediencia ciega al líder. Y aquí nos topamos con otra deficiencia de nuestra actual Ley Electoral: la lejanía del representante con el representado. Para una cosa para la que podría valer ‘democráticamente’ la referencia territorial (para ser fiel al electorado más directo y rendir cuentas ante éste de su gestión), no acaba de valer porque prima el criterio del jefe, que exige la sumisión incondicional del parlamentario, entendido como subalterno. Esto demuestra que hay quienes toman sólo de la Constitución lo que les interesa. Si se habla de reformar la Ley Electoral que hoy tenemos, esgrimen el segundo apartado del artículo 68 del texto constitucional, que establece que «la circunscripción electoral es la provincia». Pero al mismo tiempo no cuestionan el blindaje de una normativa que ignora de qué provincia provienen y en qué provincia se votó a los huéspedes de los escaños. Así como olvidan también el apartado número 2 del artículo anterior, el 67, de esa misma Constitución en el que se dice expresamente que «los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo».

Mañana jueves, 3 de diciembre, un amplio y plural colectivo ciudadano presentará una campaña que lleva el título de Otra Ley Electoral. Se trata de una iniciativa transversal que no va contra nadie; que lleva las firmas de personas de las más opuestas ideologías y que reivindica esos principios citados: ‘un ciudadano, un voto’, la anteposición de la persona al territorio y la cercanía del representante electo con quienes le han elegido. A todos ellos añade un cuarto punto: el que reclama preparación y talento en la política. En un momento de desánimo como el que vivimos, pocas causas pueden resultar tan incontestables y unir tanto como ésta a la ciudadanía.