El principio «post hoc ergo propter hoc», también llamado falacia temporal o de correlación coincidente, no es más que una conjetura que saca partido interesado de las concatenaciones de acontecimientos atribuyéndoles un vínculo lineal de causa-efecto. Hay ocasiones, sin embargo, en que a partir de una secuencia de hechos cabe especular sobre sus concomitancias con cierto fundamento. Será casualidad, causalidad o simple yuxtaposición de tiempos, pero el desbloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional se ha producido a los tres días de que el Rey instase elíptica pero firmemente a resolverlo. Y es imposible no advertir en ello como mínimo una objetiva sincronía de contextos. Piense cada cual lo que quiera al respecto; en todo caso resulta evidente que la Corona pidió consenso y se ha cumplido al menos en parte su deseo.

Como todo lo que tiene que ver con la cúpula de la justicia se ha contaminado de sospecha política, es menester aclarar que el TC estaba y está obligado a sustituir a cuatro de sus miembros porque la Constitución así lo determina. Renovación por tercios cada tres años, dice el Artículo 159 de forma taxativa. Sucede que de nueve en nueve años corresponde al Gobierno designar a dos magistrados que desequilibran el sesgo ideológico de la mayoría, que a partir de ahora será de signo sanchista acentuado por el provocativo nombramiento de unos peones de inequívoca obediencia monclovita. Esto no es una buena noticia ante la agenda de reclamaciones soberanistas, pero responde a un mecanismo imperativo de naturaleza legítima. El aspecto positivo de la cuestión consiste en que los elegidos por el Poder Judicial son jueces del Supremo cuya trayectoria honorable sí permite presuponer un ejercicio de autonomía jurisdiccional a la altura de sus responsabilidades. Y en que una democracia no puede permitirse una avería estructural en el órgano de garantías constitucionales.

Falta por resolver un detalle. Y es que queda una plaza vacante. La de una baja por enfermedad incapacitante, que tiene que cubrir el Senado y que en teoría ha de ser propuesta por el PP según el uso y costumbre legal del reparto. Sin ella, la correlación normal de ‘fuerzas’ pasa del habitual siete a cinco a un siete a cuatro, desequilibrio que en la práctica imposibilita un vuelco o un empate en torno a asuntos de Estado y entrega a Sánchez un control sin margen de sobresalto. En esa sustitución se va a ver si queda un ápice de voluntad de juego limpio en la asfixiante estrategia de ocupación institucional que caracteriza a este Ejecutivo. La tentación de dejar ese puesto en el limbo puede resultar irresistible para un campeón del ventajismo, sobre todo si la presidencia del Tribunal recae en un candidato distinto a Conde Pumpido. La anomalía no ha terminado y el aparente armisticio, auspiciado o no por el Rey, puede quedar en otro espejismo.