Uno de los rasgos distintivos de nuestro calendario político es la conmemoración del aniversario constitucional, que todos los años celebramos el 6 de diciembre, aquí día festivo que nos proporciona la posibilidad de disfrutar de un puente laboral, a veces convertido en acueducto con la ayuda de la festividad religiosa del 8, como fue el caso este año. Hay que puntualizar, de todas formas, que no es esta fecha la que marca el inicio de nuestra vida constitucional, sino que este tiene lugar algo más de tres semanas después, tras la publicación en el BOE (29 de diciembre) y la consiguiente entrada en vigor ese mismo día del texto sometido al referéndum de la ciudadanía el 6-D.

Se trata de una fecha que no es objeto de conmemoración en ninguno de los países de nuestro entorno. Por referirnos solo a los más próximos, se puede constatar que ni Francia celebra anualmente la fecha en que fue aprobada su Constitución (4-10-1958), ni en Italia tiene lugar fiesta alguna el día que la Asamblea constituyente aprobó la Constitución (27-12-1947) vigente actualmente, ni Alemania tiene en su calendario político una jornada dedicada a la fecha de aprobación de la Ley Fundamental de Bonn (23-05-1949). Ni siquiera Portugal, que presenta similitudes más próximas con nosotros debido a la salida de la dictadura en la misma época, a mediados de los 70, conmemora la aprobación de su Constitución (2-4-1976).

Aquí, sin embargo, se ha institucionalizado la fecha del referéndum constitucional de 1978 como el día de la Constitución, simbolizando de esta forma el hito que marca el paso de un régimen dictatorial a la democracia constitucional. Tiene su explicación en que, a diferencia de otros países que cuentan con una continuidad constitucional que aquí no hemos tenido -casi la mitad del siglo pasado (1923-1931 y 1936-1978) transcurrió bajo regímenes dictatoriales-, la fecha conmemorativa de la recuperación de la vida constitucional, tras cuatro décadas de dictadura, bien merecía un lugar destacado, aunque solo sea como símbolo indicativo del comienzo de una época que se prolonga hasta el momento actual.

Sea como sea, lo cierto es que el 6 de diciembre es ya una fecha señalada en nuestro calendario político que, además de su dimensión meramente conmemorativa, nos proporciona también, y sobre todo, pistas valiosas para conocer mejor la situación en la que nos encontramos. Así ocurrió en todos los 6-D anteriores desde que hace ya más de cuatro décadas se empezó a conmemorar esta fecha, en la que las distintas formaciones políticas, y a veces también otros grupos y personajes que querían hacerse oír, aprovechaban la ocasión para hacer una utilización instrumental de la Constitución en favor de sus propias posiciones políticas, aunque muy poco o nada tuviesen que ver la mayoría de las veces con las cuestiones propiamente constitucionales.

Es también lo que, para no perder la costumbre, ha ocurrido en el 6-D de este año; aunque en esta ocasión la instrumentalización de la Constitución se produce en el marco de una crisis institucional desconocida, al menos con la intensidad y en las proporciones con las que se está dando en estos momentos. Se trata de una crisis que afecta a instituciones constitucionales claves que conforman el eje de nuestro sistema político, como el órgano al que se asigna el gobierno del Poder Judicial (CGPJ), la instancia que ostenta la máxima autoridad en la interpretación y aplicación de la Constitución o la propia sede de la representación de la ciudadanía en las cámaras parlamentarias.

Es precisamente la crisis institucional, que no ha tenido tregua, más bien todo lo contrario, en la conmemoración del aniversario lo que hace que, una vez pasado este, haya que dedicar atención prioritaria a los serios problemas derivados de esta situación. El periodo que podemos calificar como el ‘postaniversario’ constitucional puede proporcionar un escenario más favorable para abordar las cuestiones institucionales pendientes, empezando por poner tope al proceso de deterioro institucional. Sería lo más razonable políticamente y, sin duda, lo más acorde con el espíritu (y la letra) de la Constitución cuyo aniversario acabamos de conmemorar.

Más que la retórica que habitualmente suele acompañar las ‘performances’ de los aniversarios conmemorativos, tiene mayor interés lo que hagamos, o dejemos de hacer, posteriormente. De ello depende que el próximo aniversario constitucional en 2023, que será ya el 45º, pueda ser celebrado con menos problemas institucionales que los que hemos tenido en este o, por el contrario, sea la confirmación de un proceso imparable de deterioro de las instituciones constitucionales al que no hemos podido, ni sabido, hacer frente cuando todavía estábamos a tiempo de hacerlo.