El PP y el PSOE materializaron ayer el acuerdo por el que se reparten a partes iguales los puestos vacantes del Tribunal Constitucional (TC) que tocaba renovar en el Senado: dos para cada partido. Las dos formaciones mayoritarias aprobaron en la Comisión de Nombramientos de la Cámara Alta, sin votos en contra, que dos de los magistrados elegidos sean a propuesta del PP –Ricardo Enríquez (que ya está en el TC) y Alfredo Montoya– y otros dos del PSOE –Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer–. Fuera del acuerdo quedará el presidente del Tribunal Constitucional, que será elegido por los propios magistrados.
Los dos partidos mayoritarios se aseguran así la misma cuota en el TC que tenían cuando eran las dos únicas formaciones grandes en España: siete magistrados a propuesta del PP (conservadores) y cinco a propuesta del PSOE (progresistas). Podemos y Ciudadanos han quedado fuera porque rechazan el reparto de la institución en función de la cuota de poder de cada uno. Ni los nacionalistas catalanes ni los vascos han querido entrar esta vez en una negociación que sí aceptaron en el pasado.
La apuesta inicial del PP era que el ex diputado popular Andrés Ollero sea el próximo presidente del Tribunal Constitucional, según fuentes parlamentarias. Sin embargo, el nombre del presidente ha quedado fuera del acuerdo entre los dos grandes partidos.
Esa elección corresponde exclusivamente a los magistrados reunidos en Pleno, una vez que tomen posesión de sus cargos. El desbloqueo que han conseguido el PP y el PSOE podría ahora hacer posible que Ollero sea elegido como máximo responsable del Alto Tribunal.
El presidente no sólo tiene voto calidad en caso de empate, sino que fija el orden del día y marca el ritmo de los debates. Con ello, controla el momento en el que se abordan los asuntos más delicados políticamente. Por ejemplo, puede hacer que el recurso contra la Ley del Aborto siga cumpliendo años de espera o que aún no se haya dado respuesta al paquete de recursos vinculados al uso del catalán.
La tradición establece, además, que el puesto lo cubra alguno de los magistrados con más experiencia, los que están ya en el último tercio de su mandato. En esta situación están los cuatro magistrados que llegaron al TC en julio de 2012: los conservadores Andrés Ollero y Juan José González Rivas y los progresistas Encarnación Roca (que fue fruto del acuerdo del PSC y CiU) y Fernando Valdés Dal-Ré.
La intención inicial del PP era que el nuevo presidente fuera Ollero, un magistrado que se supone bajo el control del partido del Gobierno. El PSOE no lo ha vetado ni ha puesto como condición para alcanzar un acuerdo que el presidente no sea él, en contra de lo que se ha llegado a difundir. La negociación y el acuerdo entre el PP y el PSOE se han ceñido, según remarcan fuentes socialistas, a los nombres de los magistrados que había que renovar. Las mismas fuentes niegan de forma rotunda que el PSOE haya pactado con el PP que Ollero pueda ascender a la Presidencia del TC, ya que esa decisión excede el acuerdo visualizado ayer.
Lo que sí es cierto es que el PSOE no es favorable a la elección de Ollero porque lo considera muy marcado políticamente. Este magistrado fue diputado del PP ni más ni menos que 17 años. Su elección, argumentan fuentes socialistas, afectaría muy negativamente a la credibilidad y a la independencia de la institución en un momento de franca confrontación con la Generalitat de Cataluña.
Fuentes políticas apuntan que aún faltan unos dos meses para la elección del presidente del TC y que no está cerrada. Además, en ocasiones anteriores los magistrados han escogido a candidatos distintos a los que preferían los partidos, guiándose más por criterios jurídicos y técnicos que políticos.
Este aspecto podría ser una baza a favor del ex juez del Supremo Juan José González Rivas, también conservador y muy religioso, pero de perfil más discreto y menos marcado políticamente que Ollero.
La propuesta consensuada entre el PP y el PSOE fue aprobada ayer por la Comisión de Nombramientos del Senado. Pese a que había un acuerdo sobre los cuatro magistrados que se iban a elegir, la Cámara examinó a 15 candidatos durante una larga sesión de dos días. Al final, se aprobó la propuesta de los dos principales partidos por 211 votos a favor y 16 abstenciones.
Podemos tenía intención de votar en contra, pero su portavoz, Ramón Espinar, se fue «a comer algo» a su despacho durante un receso y no llegó a tiempo a votar, como explicaron fuentes próximas al senador y secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid.
El acuerdo será ratificado la próxima semana por una mayoría de tres quintos del Pleno del Senado, un porcentaje que alcanzan ampliamente los dos partidos. Ciudadanos rechazó desde un principio entrar en las negociaciones, ya que rechaza el «reparto de cromos» que en su opinión supone la elección política de los magistrados del TC. Fuentes de la formación señalan que no han tenido siquiera contactos con los dos principales partidos sobre este asunto en las últimas semanas. Su postura oficial ha sido poner en tela de juicio la separación de poderes que ejercen populares y socialistas. Rivera ha pedido acabar con el «bipartidismo judicial en el que Génova y Ferraz se reparten los tribunales».
Podemos tampoco ha querido entrar, ni el PP y el PSOE han intentado siquiera que lo hiciera. Sí intentaron sumar al PNV y le instaron a proponer su candidato, pero finalmente los nacionalistas vascos no han querido participar y la cuarta plaza ha sido para el PSOE, que propuso al ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido.
Los portavoces de los dos partidos defendieron que el proceso «tiene toda la legitimidad democrática», como dijo el portavoz socialista, Vicente Álvarez Areces. El máximo representante del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, añadió que «los acuerdos alcanzados por mayoría son necesarios para que el país tenga estabilidad». Barreiro añadió que este procedimiento es «comparable al de nuestros países vecinos».