Claro que no cabe ser ingenuos. Por más disparatado que sea preguntar algo así, lo que la Generalitat busca es seguir manipulando la opinión pública –sirviéndose de todos los instrumentos a su alcance– para armarse de argumentos que le den algún tipo de coartada para seguir con su huida hacia adelante independentista. Los últimos Gobiernos catalanes han dado muestras sobradas de desafío al Estado y al orden constitucional vigente, y sus máximos responsables no dudan en conculcar la ley con tal de avanzar en su pretendida «desconexión» de España. Así, ahí tenemos al ex president Artur Mas y a otros altos cargos inhabilitados por desobedecer al Tribunal Constitucional e impulsar el referéndum ilegal soberanista del 9-N. Y en estos momentos van todavía mucho más lejos en su pulso, amenazando a los funcionarios públicos de Cataluña con fuertes sanciones si incumplen las normas que apruebe el Parlament para culminar la secesión, por más que esas normas sean en sí mismas ilegales por violación manifiesta de la Carta Magna.
La Generalitat sabe que una norma inconstitucional ni se puede cumplir ni mucho menos imponerla a servidores públicos para que la asuman. De ahí que ahora el CEO pregunte por la importancia que tiene el respeto a las leyes. Cabe suponer que a unos cargo políticos tan sumamente irresponsables, que llevan años instalados en la desobediencia y la insumisión, les haría sentirse reforzados un sondeo en el que muchos contestasen que la legalidad les importa poco. Como si pudiera existir una democracia que no se sustente en el respeto al Estado de Derecho.
Que un organismo público se dedique a preguntar una boutade así es aberrante. Pero cabe subrayar, además, el cinismo de la Generalitat en lo tocante a sondeos de opinión. Porque, si de verdad le interesa tanto lo que piensan los catalanes, debería prestar atención al conjunto de encuestas de los últimos años, incluidas las del CEO, que demuestran que la mayoría de los catalanes no desea la independencia del resto de España. De hecho, la brecha entre quienes no son partidarios de una declaración unilateral e ilegal de independencia, como la que agitan las autoridades catalanas, y quienes sí la apoyarían, se ha ensanchado en favor de los primeros en los últimos meses. Y, pese a todo, el Govern parece decidido a no dar marcha atrás en su estrategia. Tal vez porque la corrupción que enfanga a la antigua Convergència ya no le permite detener la escapada.