EL MUNDO 17/02/15
EDITORIAL
LA REACCIÓN de la Justicia española al conocerse el paradero del etarra José Ignacio de Juana Chaos tras una investigación exclusiva de este periódico ha sido rápida, de lo que todos debemos alegrarnos. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que instruye la causa contra el terrorista por enaltecimiento del terrorismo tras su salida de prisión, solicitó ayer por la mañana a Interpol que localizara a De Juana en Chichiriviche, ciudad venezolana en la que reside, con el fin de hacer efectiva la orden de búsqueda y captura internacional dictada contra él en noviembre de 2008 después de huir de la Justicia. Posteriormente, la Audiencia solicitaría la extradición a Venezuela. Como no podía ser de otra forma, el Gobierno español se ha puesto a disposición del juez para tramitar ante el Ejecutivo de Nicolás Maduro esa extradición. Así se manifestaron ayer tanto el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como el de Justicia, Rafael Catalá.
Todo hace pensar que, como ha ocurrido hasta la fecha, España se va a topar con la negativa de Maduro a realizar la más mínima gestión para llevar a De Juana ante la Justicia. Chávez, primero, y Maduro, después, se han negado una y otra vez a colaborar con los Gobiernos españoles con diversas excusas, desde que las autoridades venezolanas no tenían constancia de la presencia de etarras en el país hasta considerar que, como ocurre con De Juana, el delito de enaltecimiento del terrorismo no tiene entidad suficiente como para tramitar una solicitud de extradición. El caso más flagrante es el del etarra Arturo Cubillas, jefe de ETA en Sudamérica, que ha adiestrado a las FARC y trabajado para el Gobierno venezolano, y sobre el que pesa una orden de extradición desde 2010.
El hecho es aún más grave porque, como informamos hoy, en estos momentos cuarenta terroristas de ETA campan a sus anchas en Venezuela, de los que 21 tienen delitos de sangre en su historial delictivo. Nicolás Maduro ya no tiene excusas para localizar en su territorio a los etarras, detenerlos y ponerlos a disposición de la Justicia española, si tienen que ser procesados o cumplir condena en nuestro país.
Queda constatado que Venezuela se ha convertido en un santuario de terroristas de ETA, consentido de forma flagrante por el Gobierno bolivariano.
Es cierto que el fin de la violencia etarra ha quitado presión mediática a los acontecimientos que tienen que ver con el terrorismo, pero ello no puede ser excusa para que el Gobierno español haga todo lo que esté en su mano para llevar ante la Justicia a los etarras, sobre todo a los que tienen delitos de sangre. Se lo debe en primer lugar a las víctimas, que ayer calificaban de «foto de la infamia» la portada de EL MUNDO en la que aparecía De Juana en la puerta de la licorería de Chichiriviche. Eso supone intensificar la presión sobre el Gobierno venezolano para que acepte las extradiciones y denunciar la situación ante los organismos internacionales para desenmascarar a Nicolás Maduro como encubridor de terroristas.