ABC-ISABEL SAN SEBASTIÁN

Después atacarán a los medios de comunicación, la soberanía popular, el Rey y la Nación, cuando no quede nadie para defenderla

LAS palabras de Isabel Celaá en el Congreso de Escuelas Católicas no fueron fruto de un equívoco o un lapsus, como han pretendido argumentar los defensores de la ministra, sino de un acto fallido. Ambos términos suelen confundirse a menudo, aunque su significado es opuesto. Un lapsus es un error involuntario cometido por descuido. Un acto fallido, por el contrario, constituye un canal por el cual el inconsciente de la persona logra poner de manifiesto los deseos ocultos que se encuentran depositados en él. Dicho de otra manera; cuando la ministra de Educación designada por Pedro Sánchez pronunció su célebre sentencia: «De ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a escoger la enseñanza religiosa o elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza que recoge el artículo 27 de la Constitución», estaba anunciándonos sus intenciones. Unos planes que, por razones obvias, era preciso mantener secretos durante la campaña electoral, pero que ahora salen a la luz sin empacho, con el descaro añadido de aflorar precisamente en casa de aquellos a quienes se pretende aniquilar.

El Gobierno de frente popular que se disponen a formar, a dúo, el líder del Partido Socialista y el de Podemos, con el respaldo de los independentistas catalanes y vascos, pondrá su mejor empeño en controlar en su totalidad el sistema nacional de enseñanza, herramienta indispensable en su proyecto de ingeniería social. Si algo han aprendido Sánchez e Iglesias de sus socios separatistas es el modo de adoctrinar conciencias vírgenes desde los colegios, sin miedo a sembrar mentiras, odio o intoxicación, con el fin de conseguir adeptos entre las generaciones jóvenes. Los comunistas, expertos en la materia, no necesitaban lecciones al respecto, pero nunca está de más una experiencia exitosa reciente. Hay que empezar desde abajo, inculcando en todas las mentes la dictadura ideológica de lo políticamente correcto, también llamado «pensamiento progresista», para lo cual es fundamental terminar con la educación concertada e imponer un único modelo público, a costa de retorcer la Carta Magna hasta hacerle decir lo contrario de lo que dice. Y en ello están, tal como nos ha desvelado Celaá. Primero irán a por las escuelas…

Después, se cebarán con los medios de comunicación que osen criticar sus políticas, destapar sus vergüenzas y proponer alternativas a su gestión, haciendo uso de la libertad de información y opinión consagrada en esta misma ley de leyes. Hay muchas formas de censurar y a todas ellas recurrirán, porque detestan la libertad aunque se llenen la boca invocándola. Harán lo que esté en su mano por silenciar las voces molestas, tal como demostraron, nada más consumarse la moción de censura, al desembarcar en RTVE y tomar posesión de la plaza, expulsando de los despachos de mando, la pantalla y el micrófono a todos los profesionales ajenos a su cuerda ideológica. Su modelo será TV3, no solo en las públicas, sino allá donde alcance su mano. Y quienes se aferren (nos aferremos) a la independencia, pagarán (pagaremos) cara la afrenta.

A continuación, vendrá una nueva ofensiva contra la soberanía popular, que nos convierte a todos los españoles en dueños de nuestra patria en régimen «pro indiviso», mediante el procedimiento falaz de exigir que sea parcelada por comunidades autónomas en nombre del «derecho a decidir».

Lo siguiente será la Monarquía, encarnada por el Rey Felipe VI, si la reforma constitucional necesaria encuentra cómplices que la respalden.

Y, por último, la Nación, cuando no quede nadie para defenderla.

Ese es el plan.