Kepa Aulestia-El Correo

El viernes Iñigo Urkullu hizo público su propósito de poner de nuevo en pie a Euskadi «sin recortes». Ha sido por ahora el anuncio más importante de la campaña, por no decir el único. Que el candidato con más opciones para proclamarse de nuevo lehendakari muestre su intención de recurrir al endeudamiento y al déficit para compensar la caída prevista de la recaudación -de entre 2.000 y 3.000 millones de euros este año según sus estimaciones- merecía que el resto de los aspirantes se centraran en ese tema. Lo razonable hubiese sido que corrieran a tomarle la palabra al jeltzale; incluso a retarle a formalizar un pacto preelectoral por el que todos los partidos se comprometieran a una salida sin ajustes presupuestarios. Pero si no lo han hecho así no es solo porque las guías de campaña prohíban entramparse en el discurso de los otros contendientes. Es que además nadie quiere enredarse con las Cuentas públicas ante una ciudadanía más que escéptica. Aunque Gorrotxategi proponga añadir 4.000 millones de gasto sanitario a la nueva legislatura.

El compromiso del lehendakari se refiere, claro está, a la segunda mitad de este ejercicio. Y atiende al consenso general de que en 2020 hay que echar el resto. Pero no sugiere un incremento del gasto, sino el cumplimiento de las previsiones fijadas en el acuerdo presupuestario que suscribió con Elkarrekin Podemos en diciembre. Sin duda en la esperanza de que las ayudas europeas cubran las nuevas necesidades en 2021 y 2022, y de que quizá Pedro Sánchez complete el cuadro echándose a la espalda una mejora ‘justa’ del sistema impositivo. Aunque ambos recursos podrían diluirse entre Bruselas y las recomendaciones del Banco de España ayer, de reformas estructurales y consolidación fiscal inmediatos a los ERTE y al ICO. La promesa de Urkullu tiene una validez de seis meses, y la gente lo intuye.

Pero el escepticismo social se refiere también a los ‘recortes invisibles’, frente a la edulcorada versión de que en Euskadi no hubo más ajustes durante las dos recesiones consecutivas de la anterior crisis que aquellos que imponía el Gobierno central. El pasado miércoles los cinco sindicatos con representación en la red pública de enseñanza denunciaban las rebajas en la planificación de personal para el curso 2020-2021. Inquietud que está presente también en el sistema sanitario y en los servicios sociales. Aunque los grandes números y las comparativas con otras autonomías seguirán ocultando que incluso aquí hay gastos que la Euskadi oficial considera prescindibles y no aparecen en campaña.