Ignacio Varela-El Confidencial
El independentismo catalán ha quedado dividido en dos grupos: unos creen que hay una república. Otros saben que tal cosa no existe ni llegó a existir, pero les cuesta digerirlo
Según los psiquiatras, la frontera entre la psicosis y la neurosis la marca el contacto con la realidad. El sujeto psicótico cree que dos y dos son cinco. El neurótico sabe que son cuatro, pero no lo puede soportar. Unos y otros actúan según la definición clásica de estos trastornos: pauta estable de comportamiento inestable. Exactamente lo que sucede en Cataluña.
Siguiendo la metáfora, el independentismo catalán ha quedado dividido en dos grupos: unos siguen creyendo que hay una república proclamada el 27 de octubre, que ahora debe implementarse. Ahí están principalmente Puigdemont y sus cortesanos, junto a la CUP. Otros saben que tal cosa no existe ni llegó a existir, pero les cuesta digerir esa realidad. Ahí están Junqueras con ERC y los restos de CDC.
Esta pugna entre psicosis y neurosis da lugar a un sinfín de situaciones paradójicas que escapan de la racionalidad que se le supone a la política. He aquí algunas de ellas:
1. La sucesión de investiduras imposibles. Sabían que no podrían elegir como presidente a Puigdemont. Sabían también que lo de Sànchez no resultaría. Y ahora saben que, por mucho que corran, una investidura exprés de Turull carece de todo futuro. Torrent podría saltarse todos los procedimientos y plazos reglamentarios para provocar una votación hoy mismo; pero quedaría como el enésimo gatillazo del independentismo.
Turull no será presidente de la Generalitat por esa vía. Primero, porque ni el Gobierno, ni el Rey ni los partidos constitucionales aceptarán un nuevo golpe de mano parlamentario, y ese nombramiento jamás llegaría al Boletín Oficial. Ante un desafío así, el Senado tendría razones sobradas para prolongar la vigencia del 155. Además, si el juez Llarena confirma el viernes —como parece— el procesamiento por rebelión, Turull podría dejar de ser diputado y, por tanto, elegible para ese o cualquier otro cargo público.
Un pleno exprés como el que a estas horas se incuba sería la prueba concluyente del propósito colectivo de reiteración delictiva. No solo echaría un candado más a las celdas de los ahora encarcelados, sino que justificaría privar de la libertad provisional a los que ahora gozan de ella, incluido el candidato.
2. Los constitucionalistas exigen un Govern… aunque sea independentista. Las dos primeras movilizaciones en la calle del constitucionalismo fueron actos de resistencia ante la apisonadora separatista. La última ha sido de exigencia institucional: ya que les toca gobernar, gobiernen ustedes de una puñetera vez. La paradoja es que el constitucionalismo exige que se forme ya un Gobierno —independentista, qué remedio, pero Gobierno— mientras los que tienen la fuerza para hacerlo no paran de escaquearse con pretextos.
3. LA CUP decidió el ‘president’ en 2016 y lo decidirá ahora. Finalmente no presidirá la Generalitat quien proponga JxCAT o la ERC, sino quien admita la CUP. Así llegó al poder Puigdemont, y así llegará su sucesor en el último segundo de la prórroga. Estén atentos a nombres como Quim Torra, uno de los pocos diputados de Junts per Catalunya a quien los cuperos podrían no poner bola negra. Tiene la ventaja de no estar encausado, aunque si actúa como proclama, tardaría poco en estarlo.
4. Puigdemont es el mayor partidario del 155. La única situación que lo mantiene en el centro del escenario es que se eternice el 155. Mientras, él puede sostener la ficción de ser la referencia simbólica del poder catalán, el último ‘president’ legitimo antes de la intervención. Su propuesta es clara: o república o preautonomía. Cualquier otra solución lo envía directamente al desván del olvido. Si hay un presidente y un Govern, será simplemente un maldito estorbo. Si se repiten las elecciones, lo más probable es que ni siquiera pueda presentarse.
5. Los Presupuestos españoles, en manos de los independentistas catalanes. Solo ellos pueden poner fin al 155; y si el PNV mantiene su posición, solo el fin del 155 puede permitir que se aprueben los Presupuestos. El PSOE podría romper ese chantaje, que pone la legislatura española en manos de unos y otros nacionalistas, si quedara en la cúpula de ese partido un resto de talento político y de sentido del Estado. Pero no esperen nada por ese lado.
6. El juez Llarena siempre tuvo razón. Léanse con atención sus autos y aprenderán a la vez derecho y política. Puesto que el comando central secesionista cometió sus delitos prevaliéndose del poder, mientras los inculpados pretendan seguir siendo protagonistas de poder estará viva la sospecha de reincidencia. El mensaje es claro: si quieren salir a la calle, aléjense de la política. Forn lo ha entendido, y parece que también Sànchez.
Con la precisión y la previsión de un buen jugador de ajedrez, Llarena ha ido eliminando piezas y desmontando todas las trampas que le han tendido. Quitó de en medio a Junqueras y a Forcadell. Neutralizó —con la colaboración del Constitucional— la investidura de Puigdemont. Ha frenado en seco la de Sànchez. Y se dispone a actuar justo a tiempo para cerrar el paso a Turull. Nadie, salvo el Rey, ha hecho más en este tiempo por preservar los intereses del Estado frente a la subversión secesionista. Y todo ello, con rigor jurídico impecable.
Solo ellos pueden poner fin al 155; y si el PNV mantiene su posición, solo el fin del 155 puede permitir que se aprueben los Presupuestos
7. El Tribunal Constitucional no se puede inventar la Constitución. Hay una evidente laguna jurídica en la regulación de las investiduras, que solo tiene bien resuelta el Estatuto vasco. La padecimos en España en 2016 y ahora en Cataluña. Pero el Tribunal Constitucional no puede ni debe autoatribuirse la potestad de disolver un Parlamento y convocar unas elecciones, porque no existe la norma que lo habilite para ello. Hacerlo quizá solventaría esta urgencia, pero abriría un precedente nocivo, que podría afectar a las competencias del Rey en el Estado y a las de los presidentes de los parlamentos en las comunidades autónomas. Una cosa es interpretar la Constitución y otra inventársela.
8. Torrent podría romper el bloqueo si dejara de ser Torrent. Para salir del bloqueo, bastaría con que actuara con el escrúpulo institucional propio del cargo: si no aparece un candidato viable con mayoría suficiente, se le encarga la investidura, aunque sea para perderla, al partido con más diputados cuyo líder esté disponible y no impedido legalmente para afrontar la votación, aunque sea para perderla. En este caso, Inés Arrimadas. Así se pondría en marcha el famoso ‘reloj de la democracia’. Es lo que hizo el Rey en 2016, primero con Rajoy y, cuando este se dio mus negro, con Pedro Sánchez. Pero para eso haría falta que Torrent no fuera el jenízaro de Esquerra, sino un verdadero presidente de un parlamento democrático consciente de su responsabilidad.
8. Habrá un Govern legal, pero no leal. Creo que finalmente se elegirá en Cataluña a un presidente practicable, entendiendo por tal a uno que permita levantar el 155 y cuyo nombramiento pueda firmar el Rey. Eso hará que el Govern que viene sea legal, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto. Pero no esperen que sea leal a ninguna de las dos cosas. Por desgracia, la ulsterización sin terrorismo sigue siendo el horizonte más probable de Cataluña.