El PSOE y el PP descongelaron ayer la proposición de ley de reforma de la ley de víctimas del terrorismo que mantenían parada en el Congreso desde hace más de ocho meses.
Los dos grupos presentaron 35 enmiendas conjuntas que mejoran la cobertura a las víctimas y, sobre todo, incluye referencias a principios concretos de la lucha antiterrorista. La principal es que se añade un párrafo en la exposición de motivos que dice: «El Estado reitera su compromiso de perseguir la derrota definitiva, incondicional y sin contrapartidas del terrorismo en todas sus manifestaciones».
Según el Partido Popular, ese nuevo artículo supone cerrar por primera vez en una ley el paso a cualquier posible negociación con ETA, aunque no se mencione expresamente. Hasta ahora se había incluido este tipo de referencias en mociones o proposiciones no de ley, pero nunca en una norma.
El texto acordado por el socialista Antonio Hernando y el popular Alfonso Alonso prevé medidas de protección a las víctimas, como que se evite que haya contacto visual con los terroristas en las vistas orales. De ese modo «se consagra el denominado principio de mínima lesividad en el desarrollo del proceso penal, de manera que no se ven obligadas a mantener contacto directo visual con los imputados o acusados y que eviten las manifestaciones, signos o declaraciones que puedan denigrarlas u ofenderlas».
Las enmiendas explican que las autoridades «trabajarán para impedir la impunidad de los crímenes terroristas en cualquiera de sus manifestaciones y velarán para que los terroristas cumplan íntegramente sus penas, de acuerdo con lo establecido por la legislación penal».
También reafirma la persecución legal de los símbolos o placas de enaltecimiento de terroristas, estableciendo la obligación de los delegados del Gobierno de velar por su cumplimiento.
Los dos partidos han reformulado las funciones de la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional. Así, incluyen la de «promover la salvaguarda de la seguridad e intimidad de las víctimas en su participación en los procesos judiciales, para protegerlas de injerencias ilegítimas o actos de intimidación y represalia y cualquier otro acto de ofensa y denigración».
Asimismo, se establece que «el Gobierno constituirá un Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, que tendrá como objetivo preservar y difundir los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas del terrorismo, construir la memoria colectiva de las víctimas y concienciar al conjunto de la población para la defensa de la libertad y de los derechos humanos y contra el terrorismo». La sede estará en el País Vasco.
La norma reconoce como víctimas, solo a efectos honoríficos, a hermanos, abuelos y nietos de los afectados, y a quienes han resultado ilesos en atentados.
ERC ha presentado sus propias enmiendas para que, por ejemplo, se elimine el veto a exterroristas de las ayudas a las que da derecho la ley. En concreto, pide «suprimir de entre las causas que imposibilitan la percepción de las indemnizaciones de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura a quienes hayan pertenecido a bandas o grupos armados».
Añade que «el Gobierno deberá presentar, en el plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley, un informe sobre las víctimas que hayan padecido violencia política en los años de la Transición».
Textos precedentes
– Pacto antiterrorista de 2000. «No existe ningún objetivo político que pueda reclamarse legítimamente en democracia mediante coacciones o asesinatos. (…) De la violencia terrorista no se extraerá, en ningún caso, ventaja o rédito político alguno».
– Resolución de 2005. «A ETA solo le queda un destino: disolverse y deponer las armas. Esta es la exigencia de la ciudadanía vasca y esta es también la actitud de la totalidad de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Por eso, y convencidos como estamos de que la política puede y debe contribuir al fin de la violencia, reafirmamos que, si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad para poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular. La violencia no tiene precio político y la democracia española nunca aceptará el chantaje».
EL PAÍS, 1/6/2011