Hoy arranca el año judicial con un acto solemne presidido por el Rey Felipe VI, en el que la Fiscal General, Dolores Delgado, leerá el informe anual con su propia imagen cuestionada y los más de mil días de retraso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Con la ‘espada de Damocles’ sobre el presidente Carlos Lesmes, inducida desde La Moncloa, para que dimita y fuerce una crisis institucional. Una situación derivada del bloqueo entre el PSOE y el PP que está provocando una lesión mayor en la imagen de los propios jueces, que parecen ser sospechosos de ejercer de marionetas de los partidos.
Populares y sanchistas se han enconado en el sistema de elección de vocales. En plena carrera, el PP ha cambiado de sillín y ahora defiende que los jueces sean elegidos por los jueces. Un sistema que se aprueba y se reclama desde Europa y que el flamante ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, descartó a brochazo limpio diciendo que se trataba de una elección que no tiene cabida en una democracia plena. Paren máquinas. El PP considera que este ministro, por desconocimiento o provocación, se acaba de cargar de un plumazo las perspectivas de desbloqueo de una negociación necesaria. Pero alguien con sentido de Estado -¿algún responsable por ahí?- tendría que ser capaz de reconducir la situación.
Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la comunidad de Madrid, y mediador en las negociaciones, acaba de decir que habrá ‘fumata blanca’ antes de que acabe el año si Sánchez se compromete a modificar la ley para cambiar el sistema de elección de vocales. Y en esas estamos.
Desde que en 1985 el PSOE cambió la forma de elegir a los jueces, cuando se dio cuenta de que las asociaciones de magistrados conservadores tenían más afiliados que las progresistas, el equilibrio entre los dos partidos principales ha consistido en un intercambio de cromos para colocar a sus peones abriendo el abanico para incorporar a algún representante nacionalista. Ahora el PP, desde la oposición, se ha plantado.
Su viraje está siendo bien acogido por muchos sectores del mundo de la judicatura que habían solicitado amparo a Europa cuando Pedro Sánchez, con la inestimable ayuda de Pablo Iglesias, pretendió hacer una ‘reforma exprés’ para tomar el control del Poder Judicial rebajando el tope de las mayorías necesarias en el Parlamento para elegir a los vocales. Pero le salieron mal los cálculos. El mundo de la judicatura habló de «atropello». Y Europa le sacó al Gobierno de Sánchez tarjeta amarilla. El PP se apoya en el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, partidario de un sistema de elección directa que en España no se aplica. También la vicepresidenta Vera Yourova respondió a la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa diciendo que «al menos la mitad de los vocales debería ser elegida por los propios magistrados».
Si Sánchez no se compromete a reformar la norma, no habrá acuerdo. Una situación insostenible que no se resuelve con una acusación al presidente al PP de «anti-sistema» y «anti-constitucional», cuando son sus socios los que no creen ni en el Estado ni en la Constitución. La relación entre el PSOE y el PP ha llegado a un nivel tal de deterioro que la destituida Adriana Lastra se permite llamar «cenizo» a Pablo Casado. Elevando el nivel. Si el Ejecutivo está usurpando el papel de legislativo intentando colonizar las instituciones, como denuncia la oposición, deberían poner remedio a esta anomalía democrática. Una responsabilidad de la que no se puede librar el Partido Popular.