Luis Ventoso-ABC
- Poco se habla de la lección de la Comisión de Venecia al separatismo catalán
Debido a un inexplicable complejo de inferioridad, los españoles hemos ido permitiendo que el separatismo catalán venda como buena mercancía política averiada, auténticas gilipolleces antijurídicas que han calado en Cataluña como si fuesen de lo más razonable. Es cierto que algunas veces las mixtificaciones nacionalistas fueron bien rebatidas, como por ejemplo con el espectacular repaso que propinaron en su día Borrell y el estupendo Joan Llorach a las falacias contables de Junqueras, desmontadas en su libro «Las cuentas y cuentos de la independencia» (qué lástima que Borrell se pusiese de canto una vez que Sánchez lo hizo ministro…). Pero en general, por pura abulia intelectual y dialéctica, permitimos que calen como cuerdos planteamientos que son un dislate.
Uno de los mitos recurrentes del separatismo, aceptado ya por buena parte de la sociedad catalana como dogma de fe, es el celebérrimo «derecho a decidir». Con una voz de calma teatral y rostro de solemne trascedencia, dirigentes nacionalistas nos restriegan una y otra vez ese mantra a los españoles constitucionalistas, como si fuésemos una recua de bárbaros incapaces de comprender los rudimentos de la democracia. Pues bien, la verdad es exactamente la contraria. La institución más respetada en Europa en cuestiones de derecho constitucional, la Comisión de Venecia, acaba de desmontar la milonga de que «el derecho a decidir» ha de primar sobre la legalidad establecida. Lo deja bien claro: «Todo referendo debe contar con el aval de la constitución de cada país».
A finales de octubre, la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa al que Puigdemont ha acudido alguna vez a pedir árnica, emitió sus nuevas «Directrices sobre la celebración de referendos». El documento supone un espaldarazo a los intereses de España y su Estado de Derecho. Pero por desgracia la noticia ha pasado bastante desapercibida. Ha sido soslayada por el «progresismo» mediático español, cuya rendición ante los insolidarios y retrógrados nacionalismos catalán y vasco supone uno de los misterios de este país. Por supuesto, tampoco el Gobierno se ha hecho eco: a Sánchez no le venía bien en plena lisonja a ERC y Bildu para los Presupuestos. Sin embargo, vale la pena recoger lo que concluye la Comisión de Venecia: «El uso de referendos debe cumplir con el sistema legal en su conjunto. En particular, no se puede celebrar referendos si la constitución o una ley conforme a la misma no los prevé». Además, advierten que la leyes que rigen las consultas no puede ser creadas ad hoc, que es precisamente lo que hizo el Parlamento catalán.
Traducción: El legendario 1-O, «la fiesta de la democracia» de Junqueras, fue en realidad lo que nos parecía: una patada al Estado de Derecho. Y aunque a muchos catalanes no les guste y a Sánchez no le venga bien, hay que repetirlo: cuando la emotividad de una parte de una sociedad se impone a las leyes se desanda el camino de la civilización.