Sin responder aún a la pregunta fundamental –cómo piensa esquivar el veto del Estado–, la Generalitat sigue dando detalles del referéndum de independencia para tratar de generar en los catalanes la impresión de que se va a celebrar.
Ayer se conoció que, como el Govern pretende que la votación se parezca lo más posible a unas elecciones al uso pero no puede «forzar» a los funcionarios a participar en la logística, buscará hasta 80.000 voluntarios para organizar la consulta.
Según el plan del Govern, el peso del referéndum que se ha prometido para el 1 de octubre recaerá en voluntarios. Después de que los trabajadores públicos expresaran su inquietud por las posibles consecuencias de verse involucrados en una votación ilegal, la Generalitat ha buscado esa vía, que entronca con el «proceso participativo» del 9-N de 2014. En aquella consulta, sin validez jurídica, participaron 40.000 voluntarios.
Puigdemont desveló durante la sesión de ayer en el Parlament que se abrirá «una bolsa para que los que quieran, funcionarios o no, se puedan apuntar para que el Govern los acredite como agentes electorales en el referéndum, para dar garantía al proceso». La Generalitat calcula que necesitará a unos 4.500 de esos «agentes electorales», y también hasta 76.500 personas para formar las mesas electorales.
El presidente de la Generalitat aseguró, en referencia a los funcionarios, que «nadie será forzado a nada» y subrayó que la ley electoral vigente no indica que los trabajadores públicos tengan que participar en los procesos electorales, sino que habla de «representantes de la Administración», que no necesariamente deben pertenecer a ese cuerpo.
A la espera de la ley que regule todas estas cuestiones –Puigdemont prometió ayer que se conocerá en unos 15 días–, que será con toda seguridad recurrida, la Generalitat explica que los «agentes electorales» voluntarios que colaboren con la organización recibirán una retribución en forma de dietas, informa Europa Press. Además, el Govern asegura que se podrá apuntar quien quiera a esa bolsa, aunque después se realizará una selección.
La Generalitat necesitará también nueve personas por mesa electoral. En las elecciones convencionales en Cataluña se instalan de 6.000 a 8.500 urnas, por lo que el 1 de octubre, de celebrarse el referéndum con todas las garantías como promete el Govern, se precisarían de 54.000 a 76.500 voluntarios para integrarlas. El Ejecutivo catalán asegura que no se presionará a quien no quiera participar.
Quedan por desvelar cuestiones fundamentales como qué censo piensa utilizar la Generalitat. La Ley de Protección de Datos ya provocó que, en el 9-N de 2014, los votantes se fueran apuntando según llegaban a los colegios. El Govern afirma ahora que el censo no será un problema, aunque no desvela sus planes. En cuanto a qué pasará cuando los ayuntamientos no independentistas no cedan locales para la votación, la Generalitat buscará centros de titularidad autonómica para solucionar la situación.
El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, salió ayer al paso de estos anuncios. «Es una gravísima irresponsabilidad que Puigdemont genere expectativas falsas en relación a un referéndum que él sabe que no se puede hacer y no se hará. Sólo puede generar frustración», subrayó.