ABC 25/07/17
EDITORIAL
· Las palabras del presidente de la Generalitat son inadmisibles porque encierran un grave llamamiento a la desobediencia ciudadana frente a toda prohibición anexa a la consulta
CARLES Puigdemont ha dado un paso más en su ofensiva contra la legalidad vigente al asegurar que, si fuese inhabilitado por un Tribunal para impedir el referéndum secesionista, no aceptaría la pena porque solo el Parlamento catalán está legitimado para suspenderlo. Es la enésima baladronada para reafirmarse en un futuro desacato a los Tribunales y es todo un reconocimiento de su futura rebeldía frente a la ley. Sin embargo, y sin entrar a preguntarse cómo es posible que un dirigente público se jacte de no atenerse a lo que dicten los jueces, las palabras de Puigdemont no tienen pase. Son inadmisibles porque no dejan de ser un grave llamamiento a la desobediencia ciudadana frente a cualquier prohibición anexa a la consulta. Como acto de provocación para mantener alta la moral del bloque separatista no deja de ser un simplista ejercicio de voluntarismo sin mayor recorrido. Pero como compromiso político, es demostrativo del desprecio que siente por la legalidad y la convivencia. Puigdemont se ha revelado como un dirigente autoritario solo capaz de mostrarse sumiso ante la CUP y ERC, lo cual es un drama para su partido y para la sociedad catalana. Al contrario de lo que dice, debería tomar nota de que Artur Mas y Francesc Homs ya están inhabilitados, y aún están pendientes de una condena del Tribunal de Cuentas para hacer frente a su responsabilidad contable por destinar más de cinco millones de euros al 9-N. Tampoco debería olvidar el antecedente de Arnaldo Otegui, que, pese a su pretenciosa aspiración de ser lendakari vasco, fue excluido de las listas electorales. Sencillamente porque la ley es la ley y, por más que Puigdemont se proponga pisotearla, está sometido a ella. El resto son solo residuos de victimismo para consumo interno del independentismo.
Puigdemont es libre de llamarse a engaño. Como lo son Junqueras, Turull y todos aquellos líderes del proceso separatista que presumen de poner la cara frente a los «abusos» de un Estado represor. Lo cierto es que ni hay abusos ni hay represión. Si, como dice Turull, con un tono impostado, el Gobierno ya puede identificar a todos los miembros del Ejecutivo catalán como culpables, cabe preguntarse por qué nadie quiere firmar de su puño y letra los decretos y órdenes para la convocatoria oficial del referéndum. Tanta valentía demagógica y sobreactuada cae por su propio peso cuando la pugna interna en el Gobierno catalán es por ver quién logra salir indemne y proteger su bolsillo. Y a renglón seguido cabe preguntarse también por qué en medio de todo este embrollo se publica un concurso para fabricar las papeletas de unas elecciones autonómicas. Quizá ya ni Carles Puigdemont crea en su propia consulta.