La Generalitat va a aprovechar las resoluciones judiciales sobre el proceso independentista para fortificarse en su tesis de que el «diálogo» que propone el Gobierno para salir del atolladero político es en realidad una «farsa». Tanto Junts pel Sí como la CUP insistieron ayer en ese argumento cuando se conoció que el Tribunal Constitucional (TC) suspendía el referéndum unilateral que el Parlament aprobó el pasado 6 de octubre.
La decisión del TC llega en un momento de tensión inédita hasta ahora entre los dos grupos independentistas catalanes. La detención de cinco antisistema tras quemar fotos del Rey por una denuncia «de oficio» de los Mossos ha provocado que los socios necesarios del Govern lleven el conflicto a la calle, con pintadas amenazantes contra el conseller de Interior y con un ataque con pintura y huevos contra el cuartel de la Guardia Civil de Manresa. Como telón de fondo está la negociación de los Presupuestos: un nuevo fiasco podría hacer caer el Ejecutivo de Carles Puigdemont.
Los independentistas intentan que el cambio de actitud del Gobierno con respecto a Cataluña no haga mella en la fortaleza del movimiento. Por eso reaccionaron ayer con palabras gruesas contra la decisión del Constitucional, que además de anular el referéndum unilateral alerta a la Mesa del Parlament y al Govern de las responsabilidades «también penales» que acarrearía «no impedir o paralizar» decisiones políticas vinculadas a la suspensión.
Destacó en esa labor el líder del PDC –la antigua Convergència– en el Congreso. «¿Irán con los tanques a quitar las urnas? ¿Enviarán matones? ¿Policías? Pues las urnas se pondrán. Se empecinan en un callejón sin salida, porque esto no tiene recorrido», dijo Francesc Homs, hoy integrado en el Grupo Mixto a consecuencia de la caída electoral de su partido.
Homs insistió también en que el diálogo que propone el Gobierno, encabezado por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, es «mentira», y que lo que se está produciendo es «una utilización burda de los tribunales» para tratar de frenar el independentismo.
Desde Barcelona, el jefe de filas de Junts pel Sí en el Parlament, Jordi Turull, utilizó los mismos argumentos y precisó que, pese a las advertencias del TC, no se plantean anular la reunión sobre el referéndum prevista para el 23 de diciembre, en la que participarán partidos y asociaciones soberanistas.
La resolución es, según Turull, «una muestra más de que esta famosa operación diálogo es en realidad una operación monólogo, una farsa, una burla».
El Ejecutivo catalán necesita marcar perfil ante la CUP, que está muy molesta con sus socios por una actitud que considera «entreguista». El hecho de que los Mossos actuaran «de oficio» para denunciar la quema de fotos del Rey durante la Diada ha llevado al partido antisistema a dar un paso más en sus protestas.
Diputados y dirigentes de la CUP rompieron y quemaron de nuevo fotos de Felipe VI para protestar contra la decisión. Además, exigen la dimisión del conseller Jordi Jané y se preguntan si la policía catalana seguirá respetando la ley cuando se convoque el referéndum unilateral, que con toda seguridad será suspendido de nuevo por la Justicia. La CUP no parece haberse creído que, como asegura el Govern, una eventual transformación de Cataluña en un Estado independiente se vaya a hacer con «seguridad jurídica» y sin que los funcionarios corran riesgos.
Por eso el Govern intentó aprovechar la decisión de ayer del Constitucional para unir al independentismo. Como era de esperar, la CUP se puso al lado de la Generalitat en las críticas al TC y al cambio de estrategia que ha emprendido el Gobierno en esta legislatura: al mismo tiempo que exigía a Jané «compromiso explícito» de que los Mossos no impedirán el referéndum, la diputada Anna Gabriel daba por finalizada con la resolución del Alto Tribunal la «operación diálogo». «¿El Estado no quiere diálogo? Pues nosotros celebraremos el referéndum igualmente», aseguró.
Junts pel Sí encontró otro gesto simbólico para contentar a la CUP, de la que depende para aprobar los Presupuestos de la Generalitat de 2017. Las dos formaciones independentistas acordaron que por primera vez el Parlament no proponga candidatos a suplir las vacantes de magistrados en el Tribunal Constitucional. Opinan que será «absurdo legitimar» los «vetos constantes» que según ellos llegan de ese órgano.
El independentismo espera que mañana se visualice que sus bases sí están movilizadas. Pretende convertir en una demostración de fuerza la declaración de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), investigada precisamente por desoír al TC y permitir la votación de la hoja de ruta soberanista en la Cámara.
Tres ex presidentes del Parlament, Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert, mostraron ayer su apoyo a Forcadell y aseguraron que de haber estado en su lugar habrían actuado «igual» que ella.
Frente a estas demostraciones de que a la Generalitat le cuesta modificar su estrategia, el Gobierno insiste en la vía del diálogo. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, opinó que la decisión del TC pone de manifiesto la necesidad de abandonar la «unilateralidad». Tanto PSOE como C’s animaron a la Generalitat a dejar el «camino sin salida» –en palabras de Albert Rivera–. Y Catalunya Sí que es Pot, la marca electoral de Podemos e ICV, subrayó que su propuesta de buscar un acuerdo con el Estado para celebrar un referéndum, que apoyó Junts pel Sí pero no la CUP, no ha sido anulada por el TC.