ABC 14/12/16
· Los anticapitalistas exigen la dimisión del consejero de Interior y arremeten contra los Mossos por «liderar la represión» contra el independentismo
Salvar el «proceso» por encima de todo. Junts pel Sí trató ayer de rebajar la tensión con sus socios de la CUP con objeto de no hacer descarrilar el acuerdo parlamentario que mantiene con el partido antisistema para sostener el Gobierno de la Generalitat. Ni las amenazas de muerte contra el consejero de Interior en forma de pintadas, ni los ataques contra los Mossos d’Esquadra, ni la adopción de formas de expresión política por encima de la ley fueron suficiente ayer para que el Ejecutivo de Carles Puigdemont se desmarcase de quienes son sus aliados en el Parlamento catalán. El referéndum a cualquier precio.
Millo informa a Fiscalía El delegado del Gobierno informa a Fiscalía sobre los diputados de la CUP que rompieron fotos del Rey
Afrontando unas semanas que van a ser trascendentes para la legislatura catalana –el día 22 comienza la tramitación de los Presupuestos y el 23 se ha convocado la llamada cumbre del referéndum–, la Generalitat ve cómo sus socios han decidido radicalizar aún más su posición. La actuación de los Mossos en la detención de tres de los cinco cargos de la CUP que se negaron a comparecer judicialmente por quemar retratos del Rey durante la pasada Diada ha crispado los ánimos. Es la enésima crisis de confianza entre los partidos soberanistas.
De buena mañana, una de las sedes del PDECat en Barcelona aparecía con diversas pintadas: «No aprobaremos los presupuestos», «Culpables», «PDECat botiflers (traidores)», «RIP Mas» o «Jordi Jané y Marta Pascal, lo pagaréis», acompañada esta última del dibujo de un ahorcado. Un recado de quienes son considerados socios políticos.
«Indecente y cobarde»
Las pintadas fueron respondidas por el propio Puigdemont en las redes sociales, en un acto que calificó de «impresentable, indecente, injusto y cobarde». Más tarde, en una entrevista en Ràdio 4, el presidente catalán exigía a la CUP estar «al lado» de los Mossos, apuntaba que no hay motivo para que dimita el consejero Jané, aunque se ponía al lado de los antisistema cuando señaló que no se debería «criminalizar» a nadie por «quemar una foto o romper una bandera».
«No debería pasar nada porque alguien queme una fotografía o rompa una bandera, la que sea; en las democracias sólidas que tienen confianza en sí mismas esto no tiene las consecuencias que tristemente está teniendo», apuntó el presidente.
La estrategia de Junts pel Sí (JpS) parece clara: aislar la polémica con la CUP del acuerdo parlamentario y la ejecución y plazos del proceso soberanista. Carles Puigdemont pidió en este sentido «no mezclar» una cosa con la otra, recordando que la prioridad ahora son los Presupuestos y en unos meses la llamada «ley de transitoriedad» con la que el independentismo pretende barnizar de legalidad la ruptura.
Del mismo modo, en lo que es un nuevo guiño a los antisistema, Puigdemont recordó que el referéndum «tendrá lugar como muy tarde la segunda quincena de septiembre», sin descartar que pudiera haber «factores» por los que se podría «ajustar» el calendario. «El diseño está hecho y no se toca», remachó.
El curso del «proceso» no se detiene, de lo que se trata ahora es de contener los daños en la crisis con la CUP. Con los Mossos en el centro de la polémica, la portavoz de la Generalitat, Neus Munté, recordó que en el desempeño de sus funciones de policía ju-
dicial, el cuerpo autonómico «no tiene margen de maniobra, menos aún político», y que no hay motivo alguno para que dimita Jané, como exige la CUP. Pese a esta posición, la Generalitat confía en que «se mantendrá la cadena de confianza» con el partido anticapitalista, con el que a cambio de salvar la cuestión de confianza de Puigdemont en septiembre acordaron acelerar el proceso de ruptura y la apuesta por la unilateralidad.
Pese a los intentos de JpS por rebajar la tensión y evitar males mayores, la CUP no rebajó el listón, y por la tarde insistía en arremeter contra el consejero Jané, en el centro de la diana de los antisistema como en su momento lo estuvieron Felip Puig o Ramon Espadaler. Para la diputada de la CUP Mireia Vehí –una de las seis que el día anterior rompieron imágenes del Rey– Jané es responsable de «torpedear» el proceso soberanista al «liderar la acción represiva» y la «persecución» de sus militantes.
En una comparecencia en el Parlament, Mireia Vehí blandió un copia del informe que los Mossos remitieron a la Audiencia Nacional sobre la quema de fotos durante la Diada para demostrar, como queda constancia en el escrito, que la policía autonómica actuó de oficio. Identificó a los que quemaron fotografías y realizó el informe que envió a la Audiencia Nacional.
La diputada anticapitalista sostuvo que la policía autonómica catalana actúa incluso más rápido que la Guardia Civil cuando lo hace de oficio, por eso cuestionó que Jané sea el consejero de Interior adecuado para un momento que califican de excepcionalidad política: «¿Qué pasará cuando sean los ayuntamientos los que tengan que poner las urnas? ¿A quién serán leales los Mossos? ¿A la Generalitat o al Estado? ¿Al lado de quién se pondrá Jané, del Estado monárquico o de nuestra República?», inquirió.
La tensión entre la CUP y Junts pel Sí a propósito de las detenciones por la quema de fotos del Rey amenaza con llegar a extremos aún más insoportables después de que seis diputados de la formación antisistema rompieran anteayer fotos de Felipe VI en el Parlamento catalán. Además, algunos de estos diputados, como Vehí, participaron horas después en las concentraciones de protesta donde se quemaron fotos de Don Felipe.
Rumbo al TSJC
El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, confirmó ayer que ha «puesto en conocimiento» de la Fiscalía –no habló de denuncia– los hechos cometidos por los diputados de la CUP, que podrían ser calificados de injurias a la Corona.
Si finalmente son procesados, estos diputados serían investigados y juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y no por la Audiencia Nacional, competente para este tipo delito. Su aforamiento al TSJC prevalece a la naturaleza del delito. En caso de que el TSJC investigue a los diputados de la CUP, y estos se nieguen a comparecer cuando sean citados a declarar, se augura una polémica en grado sumo. La imagen de los efectivos de los Mossos d’Esquadra deteniendo a diputados de la CUP para conducirlos ante un tribunal catalán puede ser la puntilla para la difícil conllevancia en el seno del Gobierno catalán.