EL MUNDO – 04/03/17
· Seguirá adelante con el referéndum pese a declararse su presupuesto inconstitucional.
· El presidente de la Generalitat está dispuesto a desobedecer al TC catalán para organizar la consulta de autodeterminación.
Ayer, después de que el Consejo de Garantías Estatutarias declarara «inconstitucional» la argucia presupuestaria ideada por el Govern para financiar el referéndum, Carles Puigdemont reafirmó que lo convocará de todos modos. «Habrá referéndum, se hará», ratificó.
Puigdemont aprovechará que las resoluciones de este órgano consultivo –independiente pero ligado a la Generalitat– no son vinculantes para hacer caso omiso a su resolución sobre los Presupuestos de 2017, en los que se realiza una referencia explícita a la necesidad de reservar fondos para hacer frente a los costes de la consulta que el presidente catalán prometió convocar como muy tarde para el próximo mes de septiembre.
El president se agarra a que la resolución del Consejo de Garantías Estatutarias no censura la partida prevista en las cuentas para «procesos electorales y participativos» y que está dotada con 5,8 millones de euros, al entender que esos procesos participativos no tienen que exceder, necesariamente, las competencias de la Generalitat. «También hay buenas noticias hoy. La partida con el dinero reservado para hacer un referéndum está perfectamente avalada», sostuvo ayer Puigdemont.
Sin embargo, el presidente de la Generalitat obvió el varapalo que el órgano consultivo catalán dio a las cuentas del Govern, al considerar unanimemente inconstitucional y contrario al Estatut la cláusula incluida en los Presupuestos en la que el Ejecutivo liderado por Puigdemont avisa de la necesidad de «habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso refrendario sobre el futuro político de Cataluña».
Esta literalidad fue incluida en las cuentas por Junts pel Sí para contentar a la CUP, que demandaba un compromiso explícito hacia el referéndum en los Presupuestos para respaldarlos.
Para el TC catalán, esa cláusula evidencia las intenciones del Govern de vulnerar la doctrina del Tribunal Constitucional. El Consejo de Garantías Estatutarias subraya en su dictamen que «la competencia de regulación y autorización en materia de referéndum corresponde de manera exclusiva al Estado, sin que la Generalitat disponga de margen de actuación normativa o ejecutiva».
El órgano consultivo apuntala su resolución al añadir que «las consultas populares refrendarias, tanto en su vertiente de regulación como de convocatoria, según la interpretación del Tribunal Constitucional, son de titularidad estatal» y que, en consecuencia, «los presupuestos […] no pueden prever ni en forma condicional o potencial disposiciones normativas en relación con competencias o facultades que no le son propias».
El TC catalán desmonta, incluso, el matiz incluido por el Govern en el redactado de sus disposición presupuestaria para vestirla de una pátina de legalidad. Matiz en el que precisa que el referéndum se realizará «en el marco de la legislación vigente en el momento de su convocatoria».
El Consejo de Garantías Estatutarias responde a esta treta precisando que la disposición adicional «no puede ser salvada por inciso tan incierto como ambiguo». «Configuración que lo convierte en irrelevante a efectos del poder enmendar la inconstitucionalidad sustantiva del conjunto de la norma», zanja.
El dictamen del TC catalán llega después de que PP, PSC y Ciudadanos decidieran impugnar las cuentas del Govern al declararse contrarios a la reserva de fondos públicos para organizar una consulta sin amparo legal.
EL MUNDO – 04/03/17