El Gobierno catalán es un polvorín. La inminencia del referéndum de independencia anunciado para el 1 de octubre ha dividido al Ejecutivo en dos bandos: el de los que están dispuestos a afrontar las consecuencias de desafiar al Estado hasta el final y el de los que interpretan que, como no es ni mucho menos seguro que la votación pueda celebrarse, no vale la pena jugarse la carrera política y el patrimonio. Ante esta situación, diversas fuentes de los partidos que componen el Ejecutivo catalán daban ayer por seguro que hoy mismo Carles Puigdemont anunciará la salida de varios consellers.
Las quinielas se dispararon después de que el presidente de la Generalitat llevara a cabo en el Parlament una ronda de reuniones cara a cara con casi todos los miembros del Ejecutivo del PDeCAT. La gran sorpresa podría ser la salida de Neus Munté, portavoz y peso pesado de la Generalitat.
La ronda de contactos constituyó en realidad un examen de fidelidad de esos miembros del Ejecutivo catalán a los planes independentistas de Puigdemont y Oriol Junqueras: quien no dé muestras de total adhesión será purgado en las próximas horas, como ya le sucedió al ex conseller Jordi Baiget.
Puigdemont anuló a última hora todos sus actos de hoy, lo cual constituye otro indicio claro de que los cambios en el Govern son inminentes. Los encuentros de ayer sirvieron al presidente de la Generalitat para calibrar, individualmente, –en las reuniones colectivas del Ejecutivo es más difícil sincerarse– el compromiso de las huestes del PDeCAT con el referéndum.
Los únicos nombres que parecen totalmente a salvo de la nueva purga, según fuentes del partido, son Santi Vila, que sustituyó a Baiget en el Departamento de Empresa, y Lluís Puig, que entró en el Govern tras esa destitución fulminante para asumir Cultura. También Josep Rull, titular de la influyente consejería de Territorio y Sostenibilidad. Por contra, Meritxell Ruiz (Educación) y Meritxell Borràs (Gobernación) estaban en la mayoría de las apuestas, como el secretario del Govern, Joan Vidal de Ciurana.
Es también una incógnita qué puede pasar con dos nombres clave en el actual organigrama del Ejecutivo catalán: el de Neus Munté (Presidencia), que es la portavoz de la Generalitat desde mediados de 2015; y el de Jordi Jané (Interior), a cuyo mando están los Mossos d’Esquadra y al que a menudo se ha señalado como uno de los consellers menos comprometidos con el choque frontal contra el Gobierno que implica los planes de Puigdemont. De hecho, la CUP maniobra desde hace tiempo para que el president lo aparte.
La probable salida de Munté podría situar a Jordi Turull, portavoz parlamentario de Junts pel Sí cuya fidelidad a Artur Mas y a Puigdemont está fuera de duda, al frente del Departamento de Presidencia. Su nombramiento contentaría a Esquerra. Algunas voces del PDeCAT colocaban ayer a la actual portavoz del Govern como próxima candidata a la Alcaldía de Barcelona, para intentar arrebatar a Ada Colau el Ayuntamiento de la ciudad.
Fuentes de los partidos independentistas diferían en cuanto al alcance de la crisis. Mientras unos afirmaban que sólo están en peligro consejeros del PDeCAT, otros sostenían que las salidas podrían también afectar a miembros de ERC.
En la ronda de contactos de ayer, que se llevó a cabo en el Parlament, Puigdemont se reunió también con la líder ejecutiva del PDeCAT, Marta Pascal. Su figura, que se ha consolidado en los últimos meses, podría ser clave para que los consellers de este partido no sean los protagonistas exclusivos de la crisis.
Todo sucede en medio de una gran tensión, tanto entre el PDeCAT y ERC como entre los neoconvergentes y el president, al que intentan «marcar» desde la sede de la calle Provença. Pocos en el PDeCAT entienden que Puigdemont parezca estar a punto de dar casi todo el poder a Oriol Junqueras mientras los «únicos costes judiciales» los han pagado de momento miembros del partido que aún preside Artur Mas, recuerdan fuentes internas. Meritxell Borràs, en el punto de mira de la crisis, ya tiene una querella del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por promover el concurso público para la compra de urnas para el referéndum, que finalmente quedó desierto.
El objetivo de Puigdemont es dejar claro, tanto a los independentistas como a quienes desde el Gobierno español escudriñan todos sus movimientos, que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias en defensa del referéndum unilateral previsto para el 1 de octubre, aunque comporte riesgos judiciales o de índole patrimonial. «Mientras yo sea presidente, habrá referéndum», dijo hace unas semanas.
Sin embargo, no todos en su Ejecutivo piensan lo mismo. La destitución fulminante de Baiget se produjo porque aseguró, hace 10 días, que la presión del Gobierno provocará que «probablemente» el referéndum no se pueda celebrar. Pero también porque admitió que estaría dispuesto a pasar algún tiempo en la cárcel, pero no a jugarse su patrimonio. El hecho de que el Tribunal de Cuentas se plantee ahora si Mas y algunos de sus colaboradores deben asumir de su bolsillo los más de cinco millones de euros que costó la consulta del 9-N de 2014 ha hecho mella en varios consellers.
Mas, que también está decidido a llegar hasta el final, aseguró anoche desde Vic (Barcelona) que dará «pleno apoyo a Puigdemont, haga lo que haga». Y para calmar el profundo malestar de sectores del PDeCAT con el actual president, que se inició con la destitución de Baiget, añadió: «Y el partido que presido también». Mas sigue siendo el líder formal, aunque no ejecutivo, de la formación que sustituyó a Convergència.
Oriol Junqueras puede ser el gran beneficiado de la remodelación del Govern, sobre todo si finalmente no afecta a ningún conseller de su partido. El líder de ERC se afianzaría como vicepresidente plenipotenciario: lograría que Puigdemont purgase a todos los tibios del PDeCAT, como llevaba tiempo pidiendo, y podría asumir en los próximos días la coordinación ejecutiva de la preparación del referéndum.
De hecho, dentro del PDeCAT amplios sectores ven con preocupación el futuro. Pase lo que pase el 1 de octubre, tarde o temprano habrá elecciones en Cataluña, y las encuestas ya identifican una amplia ventaja de ERC y un hundimiento de los neoconvergentes. Y les parece injusto que pueda interpretarse, a ojos de los ciudadanos independentistas, que sólo los consejeros del PDeCAT tienen dudas sobre el referéndum o sufren por su patrimonio: según ellos, en realidad Junqueras «no quiere firmar nada» que comprometa su futuro político, aunque intenta disimularlo.
El vicepresidente ha pedido que todos los miembros del Govern asuman de ahora en adelante de forma colegiada las decisiones más delicadas, sobre todo las que pueden tener consecuencias judiciales. La primera, la compra de las urnas, sobre la que habrá novedades en la reunión del Ejecutivo catalán del próximo martes.