De las actuaciones del Supremo dependerá la apertura de un juicio o el archivo del sumario. Su decisión de ayer supone un contundente revés para un Ejecutivo conmocionado por el ‘caso Koldo’ al poner en jaque la ley de amnistía -y, con ella, la legislatura- que negocia contrarreloj con Junts, que insiste en blindar a Puigdemont extendiendo la impunidad a todos los delitos de terrorismo. Una fórmula que difícilmente pasaría el filtro del Constitucional y del Tribunal de la UE. Además, al asumir los criterios de la Junta de Fiscales, la Sala propina un varapalo a la Fiscalía del Estado, cuya ‘número dos’ los tachó de simples «conjeturas» al exculpar al prófugo de la Justicia. Este será citado a declarar en calidad de investigado, lo que le ofrece la oportunidad de exponer sus argumentos para desmontar el relato de su vinculación con Tsunami Democràtic, que habrá de apoyarse en sólidos cimientos para traducirse en una condena.

El secesionismo reaccionó con ataques a la independencia judicial que no por repetidos dejan de merecer una respuesta. Puigdemont acusó al Supremo de atender la máxima «no dejes que la realidad estropee una buena imputación». En palabras de Pere Aragonès, el Alto Tribunal ha cruzado «todos los límites imaginables». ERC y Junts denunciaron el supuesto deseo de los jueces de interferir en la política. El Estado de Derecho se basa en la separación de poderes. Es discutible que en las algaradas callejeras contra el ‘procés’ hubiera terrorismo. Pedro Sánchez y sus socios sostienen que no, pero eso solo le corresponde evaluarlo a la Justicia.