Lo más preocupante del Gobierno Sánchez no son los errores puntuales, esos que todos cometen, sino la pulsión antiliberal que los impulsa, la mentalidad antidemocrática que ocultan. Cierto que después de anunciar sus propósitos a veces el Gobierno se arredra y rectifica. Pero en estos últimos meses, y especialmente en las últimas semanas, determinadas decisiones no se corresponden con lo que es propio de las democracias liberales ni en sus intenciones, ni en sus objetivos, ni en sus procedimientos. Enunciemos algunos de estos casos.

Modificar la elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial por una mayoría no cualificada, como la actual de 3/5 partes del Congreso, levantó ampollas en los mismos organismos de la UE. Junto con la manifiesta politización de la Fiscalía General pone bajo sospecha la independencia de la Justicia. El proyecto de ley de “memoria democrática” es un claro retroceso respecto al espíritu de reconciliación y una vuelta al ambiente de guerracivilismo, aquello de los buenos y malos españoles que parecía una exclusiva del franquismo. Los anunciados propósitos de cambiar el delito de sedición para amnistiar de hecho a los cabecillas del procés es el perfecto modelo de reforma penal ad hoc, esta vez, además, debido a presiones políticas inaceptables si el Gobierno quiere conservar su autoridad.

La supresión del castellano como lengua vehicular va contra la lógica constitucional, contra el sentido común y contra los intereses de los ciudadanos de las comunidades bilingües, además de ser un despiece más de la unidad de España, conociendo encima que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es repetidamente contraria a tal decisión. La Orden —una simple orden— del Ministerio de la Presidencia, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional, que para velar contra la desinformación atribuye todos los poderes al Gobierno en lugar de a una comisión independiente, no respeta la neutralidad exigida cuando están en cuestión derechos fundamentales.

El aroma antiliberal y antidemocrático, contrario a la esencia misma de nuestro Estado constitucional, es evidente en todas estas decisiones que todavía no se han hecho efectivas pero parecen ser una condición para que se aprueben los presupuestos del famoso trío de partidos de izquierda antisistema: Unidas Podemos, ERC y Bildu. Si a ello sumamos las invectivas del vicepresidente Iglesias contra la Monarquía parlamentaria en favor de una República, un “significante vacío” según él, con las características que expone en una larga entrevista recién publicada por la revista argentina Jacobin América Latina, llegamos a la conclusión que estamos ante una crisis constitucional de mucho calado y que las ideas claras en el Gobierno sobre lo que debe hacerse y hacia donde debemos ir, las tiene Pablo Iglesias. ¿Son conscientes de todo esto en el PSOE?