La eventualidad de que el Tribunal Constitucional suspenda la tramitación de la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos que afectaría a cuatro normas orgánicas -incluida la del propio TC-, porque a su entender no se haya atenido a los procedimientos exigidos para ello, ha desatado una crisis política e institucional que podría agravarse la próxima semana. Los términos empleados por el presidente Sánchez para calificar la situación -atropello a la democracia, connivencia entre la derecha política, judicial y mediática, y complot- se alinearon con las manifestaciones más broncas del jueves en el Congreso. La injerencia latente del Constitucional en el orden del día de las Cortes está siendo tildada de golpista ya como intento. Que cuatro de sus once magistrados actuales tengan su mandato caducado lleva a sus detractores a cuestionar la legitimidad del órgano en su conjunto. Ello junto a la convicción de que la votación del jueves en el Congreso invalidaría los recursos de amparo presentados con anterioridad a la aprobación parlamentaria de la citada proposición de ley.

El efecto inmediato de la crisis es que ha dado lugar a un cierre de filas a ambos lados de una divisoria que carece de puentes. Incluso quienes reclaman el ejercicio de la política para superar conflictos prefieren esperar a lo que resuelva el Constitucional, mientras deslizan la posibilidad de no acatar su decisión si contraviene la adoptada el jueves en el Congreso por el Poder Legislativo. El comunicado de CC OO y UGT ayer revela hasta qué punto el choque divide al país en dos partes irreconciliables. Las izquierdas y sus aliados nacionalistas coinciden en que la intromisión del TC supondría un daño irreversible para la democracia. Un precedente que avalaría la tutela previa del Poder Legislativo e incluso del Ejecutivo por parte del Tribunal Constitucional.

Pero ¿cuáles son los daños posibles en cada uno de los supuestos? A estas alturas la sensatez institucional parece sinónima de que el TC se inhiba el lunes, sea con argumentos de forma o de fondo. Aunque no está escrito que el Tribunal de Garantías tenga que desentenderse de un recurso de amparo que versa sobre la tramitación de una iniciativa legislativa, porque su función esencial sea pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes ya aprobadas. Si el Constitucional se hiciera cargo del recurso, obligaría a tramitar la proposición de ley, en todo o en parte, con más sosiego parlamentario. Solo eso, y nada menos que eso. Si acaso pondría a prueba la solidez de la mayoría de Sánchez punto por punto. No acabaría con la centralidad del Poder Legislativo en el sistema democrático. Y como precedente, incluso podría servir para que ejecutivos y legisladores recuperen en adelante la templanza normativa. Aunque resulte menos costoso para el sistema atenerse a lo que dicte una mayoría parlamentaria ensimismada en la presunción de que el progreso es obediencia.