Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, tiene todos los boletos de la rifa para nombrar al enemigo número uno de la democracia española, pero quizás Cándido Conde-Pumpido tenga méritos superiores para obtener tan histórico reconocimiento. En efecto, las decisiones del Gobierno Sánchez pueden ser recurridas en instancias judiciales nacionales e internacionales, de modo que pueden ser corregidas (como ahora mismo está ocurriendo con la intervención de la Audiencia Nacional en la crisis de Ceuta), pero las de Pumpido y su alto Tribunal Constitucional, no. Las reglas han evolucionado tan negativamente que toda crisis política está condenada a decidirse en un Tribunal político por una mayoría partidista decisiva, llamada “progresista” y en realidad mayoría gubernamental (de siete o seis miembros sobre once, según las cuentas). Hoy es la última arma del Gobierno.

Es cierto que contra las decisiones del TC pumpidista queda la vía del TSJUE, pero este ya dejó claros sus límites voluntarios en la sentencia a propósito de la Ley de Amnistía: no irá más allá de una interpretación muy estrecha y técnica de si leyes nacionales afectan a los Tratados Europeos, al menos si se trata de leyes de un país con peso en la UE, como España, sobre todo con un gobierno integrado en uno de los dos grandes bloques actuales del sistema europeo de partidos, socialistas o conservadores.

Las esperanzas en que el TSJUE ose rectificar al Constitucional español en un tema de profundidad política puramente nacional resultan infundadas. Si, como todo indica, el Constitucional impone la interpretación de la ‘ley de nietos’ que regala el derecho al voto a nietos y hasta tataranietos de españoles sin más vínculo que el meramente genético, modificando la propia Ley con la desvergonzada normativa de Sofía Puente que hace sinónimas emigración y exilio, suspendida por el Supremo. Pero lo que esto significa es que, en la práctica, el Constitucional asume un poder ilimitado, vetado por los principios de la democracia liberal.

La ambigüedad de la Constitución

No se puede dudar de cuál será la resolución del Constitucional de Pumpido cuando el recurso de inconstitucionalidad contra la suspensión del Supremo en el asunto nietos descienda a esa caverna jurídica. El propio Pumpido ha despejado la incógnita declarándose partidario de la Ley y del reglamento de Sofia Puente, esa nueva fuente de derecho por encima de las Cortes. Incluso habría presionado a la Junta Electoral Central para que la apoyara.

La fuente del inmenso poder personal de Pumpido y sus allegados está en la ambigüedad de la Constitución acerca de sus funciones concretas. Como otras veces, el artículo 161.1 incluye que entenderá “De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas”. Y estas se han ampliado hasta arbitrar cualquier conflicto imaginable. La interpretación generosa de sus competencias le llevó a ir mucho más allá de la intención original de que se limitara a sancionar si una norma era o no constitucional, a defender los derechos fundamentales y arbitrar conflictos de competencias entre administraciones. En 1983, la sentencia contra la LOAPA, que pretendía corregir la ambigüedad constitucional en materia de competencias autonómicas, dio la razón al separatismo catalán y vasco, bendiciendo el desmantelamiento progresivo del Estado.

La tendencia a sustituir a los poderes legislativo y judicial ha escalado con Pumpido hasta la cumbre de actuar como Tercera Cámara Legislativa por encima del Congreso y Senado, capaz de modificar las leyes parlamentarias “interpretando” sus objetivos al modo constructivista o Romanones, es decir, cancelando la literalidad del texto y abriendo la interpretación hasta donde quiera ese legislador paradójicamente inconstitucional, pues no le ha votado nadie.

El Constitucional de Pumpido actúa como un Cuarto Poder prácticamente ilimitado: lo mismo “interpreta” una ley para cambiarla que corrige sentencias como si fuera un Tribunal de Casación por encima del Poder Judicial, como hizo modificando la sentencia del caso de los ERE de Andalucía para absolver a los condenados por corrupción Manuel Chaves, Magdalena Álvarez, José Antonio Griñán y otros veteranos gerifaltes del PSOE.

Proteger la corrupción

Sin un Constitucional abusivo como el actual la corrupción no habría medrado hasta el punto sistémico en que está. Ha degenerado a órgano gubernamental con la función de amparar el abuso de poder y el permanente autogolpe de Estado, en la línea, tan bien aprendida, de sus socios separatistas catalanes y vascos. Sin un Pumpido comprometido con el Gobierno contra una Constitución que, pese a todo, le da tantas facilidades por la pobreza de los procedimientos de control del Ejecutivo -caso único en el mundo democrático: una legislatura entera sin Ley de Presupuestos, y no pasa nada-, el Gobierno Sánchez habría caído hace tiempo.

Es esta protección la que convierte a Pumpido en el principal aliado del Gobierno más corrupto desde 1978, y por tanto en el enemigo público número uno de la Constitución que juró proteger. La carrera profesional de Cándido Gómez-Pumpido se disparó en 2004, a partir de la llegada de Zapatero al poder tras la matanza terrorista del 11M. Sin su implicación personal como fiscal General del Estado, el pacto con ETA que vendieron como pacificación, en realidad un acuerdo para excluir a la derecha democrática del poder por tiempo indefinido, no habría sido posible o al menos no tan sencillo.

El polvo y las togas

El famoso arrastre pumpidiano de togas por el polvo del camino, en realidad por la vida asesinada o herida de las víctimas, fue la corrupción inaugural de la vía que nos ha llevado a la miseria actual. Producto ejemplar de la endogamia de las élites públicas hispanas -hijo y nieto de fiscales y magistrados-, titular de un larguísimo currículo de éxitos, reconocimientos y puestos clave en la justicia, con una densa red de relaciones personales sesgada hacia el progresismo reaccionario, la creencia en que el abuso es su derecho, y el derecho su conveniencia, le convertía en el personaje apropiado para esta demolición.

Si, como todo indica, el Constitucional enmienda al Supremo en la cuestión de la suspensión del reglamento de la ‘ley de nietos’ con vistas a permitir la incorporación al censo electoral de unos millones más de falsos españoles, a tiempo para salvar a Sánchez (sea esta una esperanza fundada o infundada), se habrá cruzado la última línea roja que separa la democracia de una dictadura encubierta. Y entonces todo será posible porque todo estará permitido, la pesadilla de Hobbes.