Florencio Domínguez, LA VANGUARDIA, 7/3/12
En el 2005, Jesús Eguiguren y Josu Ternera, cuando negociaban los preámbulos de las futuras conversaciones entre ETA y el gobierno, bautizaron como punto cero el momento en el que se iniciaría el proceso de negociación. Era un concepto inaugural de una nueva etapa que debía amanecer tras aquellos diálogos entre el etarra y el político socialista.
ETA rechazó la transición a la democracia y, secundada por Batasuna, continuó con sus actividades terroristas con más intensidad y saña que durante el franquismo, a pesar de la instauración de las libertades y de instrumentos de autogobierno en el País Vasco. La banda terrorista ha estado siempre necesitada de justificar esa decisión de seguir matando en democracia, y para eso se ha negado a reconocer las instituciones aprobadas por los ciudadanos vascos.
La necesidad de que los demócratas le ofrezcan una legitimación retrospectiva y absolutoria ha estado presente en los momentos más relevantes de la historia de ETA. Estuvo, por ejemplo, en las conversaciones de Argel de 1989 o en el anuncio de la tregua de 1998. ETA reclama que sus adversarios admitan que tenía razón cuando siguió matando después del franquismo. Esa necesidad vuelve a estar presente y a manifestarse en la última declaración de la ilegalizada Batasuna, en la presentada en el palacio Kursaal.
La izquierda abertzale defiende ahora con la pasión del converso lo que llama una justicia transicional en la que no haya vencedores ni vencidos, es decir, en la que no haya culpables. Reclama también una comisión internacional de la verdad para examinar el comportamiento de todo el mundo, de ETA, de los partidos, de los gobiernos, de los medios de comunicación, etcétera. Batasuna busca diluir la responsabilidad de los terroristas en el baño de sangre mediante el reparto de culpas entre todos los demás bajo el principio de que si todos somos culpables, al final nadie es responsable. Plantean soluciones extraordinarias, propias de países en guerra, con grandes conflictos o dictaduras que han vulnerado gravemente los derechos humanos, y quieren aplicarlo en una situación de democracia europea y normalizada.
Además lo plantean con interpretaciones bastante particulares. El hecho de que en Perú o en Argentina, por poner ejemplos citados en el entorno de la propia izquierda abertzale, hubiera comisiones de la verdad no significa que hubiera impunidad para los culpables. O si no, que se lo pregunten al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, que lleva veinte años en prisión y tiene una condena a cadena perpetua. O a los militares argentinos condenados por sus desmanes durante la dictadura.
ETA y Batasuna creen que estamos ante otro punto cero, ante la auténtica transición política del franquismo, obviando que se trata sólo de su propia transición, que son ellos los que tienen que adaptarse a las normas legítimas aceptadas por la mayoría hace ya muchos años y que no es el sistema democrático el que tiene que adaptarse a sus exigencias.
Florencio Domínguez, LA VANGUARDIA, 7/3/12