ANÁLISIS ALBERTO AYALA-El Correo

Jeltzales y EH Bildu van a alumbrar en el Parlamento vasco una reforma estatutaria de máximos inviable. ¿Con qué objetivo?

Caretas fuera. Si alguien tenía todavía dudas, ayer quedó un poco más claro aún que el PNV no busca en la ponencia (grupo de trabajo) del Parlamento vasco en la que se negocia un nuevo Estatuto que sustituya al de Gernika el acuerdo plural y transversal que prometió el lehendakari Urkullu.

El lunes el nuevo presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, recibía al jefe del Ejecutivo vasco. Sobre la mesa, dos asuntos destacados. El acercamiento individualizado y progresivo de presos de ETA a cárceles del País Vasco, Navarra y su entorno, que el gabinete socialista quiere arrancar ya, pese a las presiones de algunos colectivos de víctimas, del PP y de Ciudadanos. Y el traspaso a Euskadi de las competencias pendientes.

En este último capítulo, el Gabinete Urkullu ha señalado dos prioridades: Prisiones y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Sánchez dejó muy claro que se trata de traspasos complicados por diversas circunstancias. El lehendakari, lejos de tensar la cuerda o amagar con romperla, se mostró públicamente comprensivo.

La única opción de que se materialice alguna vez el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social es que se haga sin ruptura de la caja única para toda España. Los socialistas y el PP jamás han aceptado ni se plantean hoy la transferencia según el sistema de Concierto.

Aun así le ha faltado tiempo a la oposición política y mediática para empezar a apretar las tuercas a Sánchez al respecto. Ayer mismo lo hacía Albert Rivera, de C’s, en el Congreso. Ante su acusación al nuevo Gobierno socialista de que proyecta romper la caja única para ‘pagar’ el apoyo del PNV a la moción de censura que acabó con Rajoy, la respuesta del nuevo presidente fue un escueto y contundente: ‘No’.

Pues bien, a la misma hora PNV y EH Bildu cerraban nuevos acuerdos en la ponencia de Autogobierno de la Cámara vasca. ¿Imaginan sobre qué, verdad? Entre otras cosas, para estipular que el nuevo Estatuto confiera al País vasco la competencia ‘exclusiva’ en materia de Seguridad Social. Por tanto con ruptura de la caja común. Eso sí, «sin menoscabo de los mecanismos de solidaridad y cooperación con el sistema vigente en el Estado español».

Los jeltzales siempre han soñado con este traspaso. En su última Asamblea General, celebrada en Pamplona, volvieron a apostar por una Seguridad Social vasca. Se trata de una reivindicación del todo legítima. Pero dudosamente estatutaria (el traspaso según el modelo de Concierto no figura como tal en la Carta de Gernika) e improbable.

Que el PNV vuelva a exigencias de máximos apenas unas horas después de la reunión Sánchez-Urkullu no pone las cosas fáciles al presidente socialista. Y, desde luego, no parece que ayude a engrasar sus relaciones.

Con tales pretensiones, más la exigencia del derecho a decidir, es ya evidente que Euskadi no va a tener un nuevo Estatuto. PNV y EH Bildu van a lograr que el Parlamento vasco apruebe un texto abertzale, al igual que en la época de Ibarretxe, pero que jamás saldrá adelante en Madrid. ¿Con qué objetivo? ¿Simplemente para alimentar el cíclico victimismo nacionalista? ¿Para algo más?

No, el PNV no está buscando con hechos el pacto transversal que el lehendakari prometió a la ciudadanía vasca. Y Urkullu lo sabe.