Toda la carga contra la corrupción ajena; silencio con la propia, como si no existiera. Esa es la tónica que estamos viendo desde hace tiempo entre quienes nos gobiernan. Y seguiremos observando esa trampa agudizada en un año tan electoral como el 2023 porque son conscientes de que este tipo de delitos acaban pasando factura en las urnas. Desde que Sánchez ganara la moción de censura contra Rajoy y después obtuviera su victoria electoral, los mensajes del Gobierno siempre se han recreado en la corrupción de la derecha. Porque, de entrada, la izquierda no es casposa ni se corrompe. Los nacionalistas tampoco. Faltaría más. Pero la realidad es terca y pone a los gobiernos frente al espejo para recordarles que la corrupción es un delito transversal y que, por esa razón, no son ellos los más indicados para tirar la primera piedra. Ni la segunda.

Pero no se pueden permitir que el electorado tenga demasiados datos. De ahí, el apabullamiento de la propaganda. Con sus silencios. No eligió buen día la ministra María Jesús Montero para hablar de corrupciones ajenas, recriminándole a Feijóo que compareciera «en una sede financiada con dinero negro». Fue la semana pasada. Ese mismo día saltaba el escándalo del ‘caso Azud’ en Valencia (sobre la presunta financiación ilegal del Partido Socialista de esa comunidad) y los colaboradores de José Antonio Griñán en la Junta de Andalucía empezaban a ingresar en prisión para cumplir su condena por la trama de los ERE fraudulentos.

Tampoco pensaba decir nada el Gobierno vasco sobre la colocación del condenado por varios delitos de corrupción, Alfredo de Miguel, exdiputado foral y exdirigente del PNV, como gerente de una sociedad pública y representante del propio Ejecutivo en foros pesqueros europeos. Pero ‘eldiario.es’ destapó el escándalo. Y ahora el lehendakari Urkullu tendrá que dar las oportunas explicaciones en el Parlamento vasco porque el rechazo político de la oposición, desde el PP a Bildu, ha sido unánime. Con los matices oportunos de los socios socialistas, claro está: que De Miguel deje cargos de representación pero no su empleo hasta que la sentencia sea firme. No vayamos a montar una crisis extemporánea de gobierno.

Quien fuera cabecilla de la trama de comisionistas ilegales resultó condenado a 13 años y tres meses de prisión, en 2019. A la espera de la deliberación del Tribunal Supremo, ha estado representando oficialmente al Gobierno vasco. No se entiende, a estas alturas, esa «tolerancia cero» que proclamó Urkullu, entonces, para pedir disculpas «por actitudes particulares». Con este tipo de ‘premios’ a los condenados por corrupción, los gobernantes pierden todo tipo de credibilidad. Los que callan, los que ocultan y los que sólo sacan a colación la corrupción ajena.

Hemos visto cosas increíbles en el 2022. Han desaparecido delitos del Código Penal, como la sedición. Se han rebajado las penas a los malversadores cuyos efectos beneficiosos van más allá de Cataluña. ¿Esa rebaja no es otra forma de corrupción?