RODRIGO TERRASA-EL MUNDO

En las elecciones generales de 2015, todavía con el eco de las protestas del 15-M y el virus de la corrupción infectando el país, todos los partidos políticos, espoleados por la irrupción de Podemos y Ciudadanos, garantizaban ejemplaridad y transparencia en las primeras páginas de sus programas. Cuatro años después, aquellas promesas parecen papel mojado. Casi nada se ha avanzado en materia de regeneración y el debate identitario ha sepultado cualquier propuesta sobre cómo mejorar el sistema democrático

A finales del año 2015, varios miembros del PSOE se reunieron en Ferraz durante tres horas largas con representantes de varias organizaciones de la sociedad civil dedicadas a políticas de transparencia y regeneración democrática. Salieron de allí con un listado de medidas –cerca de una veintena– y una promesa: «Nos comprometemos firme y claramente a mejorar nuestra democracia, la transparencia y limpieza en la vida pública y a favorecer una mayor participación política de los ciudadanos». El Partido Socialista presumía entonces de dar respuesta con aquella reforma «a una demanda que existe en la ciudadanía». Eran los años de resaca del 15-M, los gritos en la calle de «no nos representan» y los titulares a diario con escándalos de corrupción en cada rincón del país.

El programa político de Pedro Sánchez para las elecciones generales de aquel año incluía ese catálogo de promesas junto a casi una decena de menciones a la palabra «regeneración» y 80 a «transparencia». Cuatro años después y tras 10 meses de gobierno socialista, prácticamente ninguna de aquellas iniciativas se ha aplicado. El PSOE presentó hace unos días un nuevo documento que incluye las 110 medidas del partido para «construir la España de la próxima década»; habla ahora de «transparencia» en sólo cinco ocasiones y el término «regeneración» ha desaparecido del texto.

¿Qué fue de la regeneración?

«Es cierto que cuando aparecieron Ciudadanos y Podemos con un discurso que giraba, cada uno desde su punto de vista, sobre la regeneración, se instaló la idea de que la nueva política venía a salvarnos de la corrupción instalada en el bipartidismo. Y es cierto que ahora no se hace ni caso», lamenta Eva Belmonte, co-directora de la Fundación Civio, una organización sin ánimo de lucro que lucha contra la opacidad en las administraciones públicas. «De los 110 puntos que presentó Pedro Sánchez el otro día, hay un puntito que hace referencia a aprobar el reglamento de la Ley de Transparencia, que es un asunto pendiente desde el año 2013 y que lo podría aprobar, si quisiera, antes de las próximas elecciones. Y no lo hace porque el nivel de exigencia ha bajado un montón».

El caso del PSOE no es excepcional. El primer punto del programa de Ciudadanos en 2015 se llamaba «regeneración democrática e institucional» e incluía hasta 30 medidas. Entre ellas, suprimir el Senado y el Consejo General del Poder Judicial, cambiar el régimen electoral o acabar con las diputaciones provinciales. Todo sigue en pie. Podemos prometía 27 medidas contra la corrupción, una «Ley de Paredes de Cristal», revocatorios por incumplimiento del programa electoral y hasta un escaño reservado para los ciudadanos. El PP, más discreto en este asunto, aportaba aun así hace cuatro años 18 promesas. Por ejemplo, en la página 136 del programa decía: «La Ley y la Justicia deben ser contundentes para garantizar que quien la hace la paga». También se comprometían (página 140) a respetar que sólo pudiera formar gobierno la candidatura más votada.

Hoy casi todo es papel mojado.

«Quizás pueda parecer que los ciudadanos no estamos tan indignados como hace cuatro o cinco años, pero la corrupción y los políticos siguen siendo la segunda preocupación de los ciudadanos», advierte el catedrático Jesús Lizcano, co-fundador y ex presidente de Transparencia Internacional en España. «Los partidos siguen teniendo en esto una asignatura pendiente. Todos dicen estar de acuerdo en la lucha contra la corrupción cuando llegan las elecciones, pero después nos torean».

En noviembre de 2015, Transparencia Internacional recogió el apoyo unánime de todos los partidos a un pacto por la integridad y contra la corrupción. El pasado martes, se repitió de nuevo el encuentro. Entre una cita y otra, promesas.

«Quedaba muy bien en su momento hablar de esto y ahora que ya no está de moda todos los partidos pasan. Ese es el problema, tomarte esto como una moda política y no como la base de un sistema democrático. Cualquier tema que no se gestione desde una base de transparencia y rindiendo cuentas no sirve para nada», asegura Belmonte, que censura que el debate sobre la ejemplaridad haya sido sepultado por la «simplificación» del discurso político de los últimos tiempos. «Estamos en modo guerra de guerrillas, enfrentando discursos tontos, fáciles y sencillos, tratando temas muy emocionales. Que si las banderas, que si tú más… Se busca la supuesta pureza del político y unos y otros se echan en cara si tú tienes un chalé o si uno cobra más que el otro. Así es como se banaliza un tema tan complejo. La regeneración no es saber quién cobra más o menos, sino conseguir que los políticos entiendan que lo público no es su cortijo personal. Yo no quiero que los políticos hagan voto de pobreza, sino que rindan cuentas y no caigan en conflictos de intereses. Pero en este país lo más fácil es criticar a un político por ir en coche oficial».

Javier Gomá, director de la Fundación Juan March, es filósofo, escritor y ensayista. En 2014 completó su Tetralogía de la ejemplaridad, la recopilación de cuatro ensayos en los que dibujaba un nuevo ideal de dignidad. En el décimo aniversario de la publicación del volumen Ejemplaridad pública, Gomá reescribió su prólogo para alertar de la perversión de su modelo. «La ejemplaridad antipática», decía él.

«La moralidad más que una autoexigencia se ha convertido a menudo en un pretexto para deslegitimar al adversario, al que se trata de inhabilitar en la competición electoral», lamenta hoy el filósofo.

– ¿Se han olvidado los políticos de la ejemplaridad o nos hemos olvidado los ciudadanos?

– Es cierto que el tono moral de los años de la crisis no es el de ahora. La crisis generó mucho dolor y ese dolor, que además parecía evitable, venía acompañado de la sensación de que no sufrían los que habían generado el problema, sino otros. Esa cerilla hizo inflamar la gasolina y trajo una cierta demonización de la clase política porque no se puede odiar el mal en abstracto, así que había que odiar al malo, a personas concretas. Como no podíamos odiar al panadero, odiamos a los políticos, que estaban más expuestos. Hoy hay menos angustia que entonces.

«La crisis ha disparado súbitamente el índice de culpabilidad de los otros», escribía Gomá en 2011. «En nuestras conversaciones privadas y en la opinión pública se repiten las palabras de menosprecio hacia nuestros políticos. Al llamarlos incompetentes y mediocres y al culpabilizarlos de nuestra frustración nos reconciliamos con nosotros mismos y sentimos nuestra superioridad moral. Ahora bien, nada nos autoriza a pensar que los políticos sean una raza aparte, una cepa genética nueva traída por un meteorito desde Urano: son como los demás, vienen de la ciudadanía y vuelven a ella».

– ¿Estamos mejor o peor que hace ocho años?

– No sé si los progresos morales se pueden medir en años o semanas. Es algo sutil que tiene que ver con el aprendizaje colectivo. Pero yo sí creo que la crisis ha producido una cierta mejora moral. Tras esa idea colectiva de dolor se produce un cierto aprendizaje y un cierto progreso moral. Hay actitudes que en los años 90 nos parecían modelos de éxito y que hoy nos parecen faltas de gusto.

También sitúa la clave del cambio en la recuperación económica Víctor Lapuente, doctor por la Universidad de Oxford y profesor de Ciencia Política en la Universidad de Gotemburgo. «Bendito problema», matiza. «La recuperación económica ha traído la idea general de que ya es menos urgente hacer una reforma de las instituciones porque España está saliendo del pozo. La mentalidad de mucha gente, incluidas las élites políticas, es que la economía viene primero y las instituciones vienen después y yo creo que es un error. El problema fue pensar que la crisis económica había producido el deterioro institucional, cuando es al revés. El deterioro institucional se produjo cuando había dinero para todo tipo de excesos y abusos».

Lapuente publicó el año pasado junto al catedrático sueco Carl Dahlström Organizando el Leviatán, un ensayo en el que aportaba su fórmula del buen gobierno: acabar con la politización de la administración, separando a los partidos de los funcionarios. ¿Qué ocurre cuando la actividad de los políticos y los burócratas está tan entremezclada que la carrera de los segundos depende de las decisiones de los primeros?, se preguntan los autores. Lo más probable es que, como ha sucedido en España, la corrupción se generalice y la administración resulte ineficaz.

«En el debate de la regeneración nos hemos quedado en una especie de venganza populista contra las élites y los políticos, desnudarlos, sacar sus miserias… Cuando lo que hay que hacer es concentrarse no tanto en las personas como en donde se producen los escándalos de corrupción. Hay que frenar la colonización que los partidos hacen de las instituciones, conseguir que los políticos saquen las manos de la gestión cotidiana de la administración y que quede en manos de profesionales independientes».

La Fundación Civio envió la semana pasada, antes del inicio de la campaña electoral, 23 medidas concretas a todos los partidos. Reclaman la publicidad de las agendas de los altos cargos y un registro de lobbies en el Gobierno, mejoras en las normas de transparencia, un registro mercantil abierto y gratuito o un control de los indultos, regulados aún hoy por una ley «provisional» del año 1870.

«Se ha hecho muy poco, pero sí creo que por debajo van calando determinadas cosas», asegura Eva Belmonte, que subraya, pese a todas las mejoras pendientes, la entrada en vigor de la Ley de Contratos en marzo del año pasado, en cumplimiento de una directiva europea, eso sí. «Tanto Ciudadanos como Podemos, aunque no tanto como prometieron en su momento, sí han apoyado propuestas más avanzadas en materia de transparencia que Partido Popular o PSOE. Y eso se ha notado».

– ¿Qué es lo más urgente de cara a la próxima legislatura?

– Regular lobbies y agendas. Se va mucho más dinero en saber con quién se reúne un secretario de Estado para aprobar una reforma eléctrica que en que todos podamos conocer la nómina de un ministro.