ARCADI ESPADA – EL MUNDO – 11/02/17
· El 9 de noviembre de 2014 el fiscal de guardia en Barcelona era Emilio Sánchez Ulled. Aquel día algunos denunciantes –UPyD entre ellos– pidieron que se suspendiera la consulta, se retirasen las urnas y se procediera a la detención de los responsables de la votación. El fiscal Ulled informó negativamente sobre todas estas peticiones. Ayer, pasadas las nueve y cuarto de la mañana, el fiscal Ulled se acomodó y tomó la palabra para presentar su informe final: nadie podía creer que empleara dos horas en fiscalizarse.
Para empezar, el idioma. El fiscal Ulled es de Lérida y conoce la lengua catalana. Pero no es su lengua de trabajo. Al igual que el magistrado Barrientos, que ni siquiera la conoce, se ha empeñado en hablar en catalán durante el juicio, con malas consecuencias para la eficacia de su discurso. Ayer lo hizo en castellano. Porque, vino a decir, ¡la ocasión la merecía! Es lo que tiene el simpático, que no nace sino que se hace.
De inmediato advino la siguiente. Para cargarse de razón empezó diciendo que él había estado allí. Pero que no pudo impedir aquello. La razón es que no había modo de saber si aquello era una actuación de voluntarios o, como dijo textualmente, «una actuación pública», es decir, de funcionarios gubernamentales. No había modo, insistió. Estas palabras fueron sorprendentes, pero reveladoras. Primero, de la imperfecta justificación de su conducta el día de autos.
Y luego de la relativa esterilidad de su trabajo acusatorio. El 9 de noviembre, a las 11.40, en la Escuela Pía de la calle Balmes, el presidente Artur Mas votó en la consulta que se había comprometido a convocar. Y luego dijo: «Si la Fiscalía quiere saber quién es el responsable de abrir los colegios que me mire a mí; el responsable soy yo y mi Gobierno». Es improbable que en los voluminosos tomos del juicio haya una confesión de responsabilidad comparable. Ni siquiera genérica o simbólica. No: abrir los colegios. El fiscal Ulled ha dedicado horas interminables y vacuas a albaranes, Dns, sellos oficiales, horarios de entrega y otra borra de colchón. Pero en ningún momento del juicio ni de su informe final aludió a estas palabras del entonces presidente Mas. Se comprende: no sólo probaban la asumida responsabilidad del presidente en su acción, sino la inasumida responsabilidad del fiscal en su inacción.
A esta fiscalización le fueron siguiendo otras, cada vez más desasosegantes. Recordó que no se estaba enjuiciando la voluntad popular. Confesó que los testaferros (él los llama voluntarios) le parecen admirables. Solo le faltó darse golpes de pecho –«me duele decirlo»– cuando acusó de desobediencia y prevaricación al ex presidente. Se rebajó a discutir con los nacionalistas su pintoresca golfería ideológica que hace superior a la democracia sobre la ley, y aun lo hizo cediendo: «Una democracia sin legalidad es peligrosa y quebradiza», poetizó. ¡Como si pudiese haber una raspa de democracia sin ley! Y al final, en la apoteosis de su autofiscalización, y después de negar con ofendida vehemencia que estuviera siguiendo órdenes del Gobierno, desveló una conversación con la fiscal general del Estado.
Es impresionante pero la fiscal le dijo que tenía que hacer un trabajo técnico, imparcial y riguroso, aunque dudo que le añadiera: «No como en el 9-N, Emilio». Es una catástrofe que el fiscal Ulled presumiera de haber tenido esa conversación. Pero sólo se trata de una prueba más del complejo del extraño. En Cataluña cualquier oposición al nacionalismo juega siempre en campo contrario, porque el nacionalismo ha ocupado todos los espacios: la televisión, las escuelas, la calle… y la ley.
En su informe, que vino luego, el abogado Melero, defensor de Artur Mas, aplicó al fiscal el pase del desprecio. El abogado Melero se mostró dispuesto a firmarle hasta el último albarán. Su línea de defensa no se basó en la discusión de los hechos sino en la indolencia de la suspensión decretada por el Constitucional. Una indolencia de forma donde adivina la sustancia de la propia inacción del Estado, comenzando por la del fiscal Ulled: «Ha hecho usted un informe autorreferencial, ilustrísima», le dijo el cuchillo a la mantequilla.
Si el presidente Rajoy consideró el 9-N un simulacro y su ministro de Justicia, un ejemplo de libertad de expresión, y son personas, claro está, que piensan lo que dicen, ¿a qué el perseguido iba a hacer el oficio del perseguidor? El abogado Melero sabe, sin embargo, que la pasividad en la persecución no desvanece el crimen. Puede que por ello solicitara una cierta clemencia. No la del in dubio pro reo, que sólo puede aplicarse a la vulgaridad de los hechos, y no es el caso, sino la del in dubio pro libertate: el principio que en la interpretación de la ley debe privilegiarse siempre el ejercicio de un derecho fundamental. Por lo que a los acusados respecta, el derecho a la libertad de expresión y de participación.
Justamente el derecho que en su intimidante fiscalización de los espacios el nacionalismo destruye con mayor abnegación.
ARCADI ESPADA – EL MUNDO – 11/02/17