- Para ello, mientras el bocazas del ministro Puente vocifera a grito pelado como la cigarra, su hermana, Sofía Puente, directora general de Seguridad y Fe Pública, luce de hacendosa hormiga abriendo una puerta falsa para extender la aplicación de la Ley de Memoria Democrática a toda la emigración española desde el siglo XIX
En esta España en la que «no nos une el amor sino el espanto», como en el poema de Borges sobre Buenos Aires, la sentencia del Tribunal Supremo contra la mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE y en su Gobierno, José Luis Ábalos, con sus 24 años de prisión, supone una condena en toda regla al sanchismo. No en vano, la Sala II ha entendido que su valido se sirvió de sus cargos para un beneficio económico del que también se lucraron su asesor Koldo García, castigado con 19 años de cárcel, y el comisionista Víctor de Aldama, quien no cumplirá sus cuatro años al coadyuvar a desenmarañar la madeja.
Sánchez no sólo atesora una responsabilidad in eligiendo o in vigilando, sino que los desfalcos no se hubieran consumado sin su avenencia como presidente del Consejo de ministros, al igual que tampoco los tejemanejes de su señora, permitiendo enriquecerse a estos logreros con la compra de las mascarillas del COVID cuando los españoles morían a miles. Las 224 páginas de la resolución son minuciosas a la hora de describir cómo esta banda, fundada para ganar las primarias del PSOE en 2017 y luego para apoderarse del negocio de una corrupción que, además de infligir un palmario perjuicio patrimonial, ha socavado la democracia y erosionado la confianza ciudadana en el sistema.
Implicado tan fehacientemente, el jefe del Ejecutivo está forzado a dimitir, pero Sánchez no cogerá el portante tras acreditarse que la cuadrilla de Ábalos actuó desde la cúpula del Gobierno y de Ferraz. De haberse solicitado su imputación en el «caso mascarillas», previo suplicatorio, seguramente el presidente hubiera compartido trena con quien fue su ponente en la moción de censura contra Rajoy. De hecho, para taparle la boca, lo mantuvo en las listas del PSOE después de sacarlo del Gobierno tras su conflicto de intereses con Zapatero por el rescate de Plus Ultra al zanjar Sánchez el litigio en favor del expresidente al realinearse con la dictadura chavista para presidir la Internacional Socialista.
Al haber quedado en evidencia y sabedor que no le basta con beber agua y untarse crema, como recomendó el lunes de autos en el TikTok que se grabó dando consejos sobre el calor, Sánchez extrema las precauciones. Así, lo que más preocupa como el «One» del ´cartel es que los siete magistrados hayan recompensado la contribución de Aldama. Así, el Gabinete que indultó al denunciante de la Gürtel del PP en 2024 por su «utilidad pública», donde dijo digo, dice Diego deambulando del «quien colabora para perseguir el delito cuenta con el reconocimiento y el apoyo del Gobierno» a revolverse como un miura contra el Tribunal Supremo por hacerlo con Aldama. Después del intento fallido de la fiscal general Peramato, alias por «Pedromato», contra el criterio del fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón, el Ejecutivo se malicia que ese atenuante desencadene un efecto llamada. Aunque ello esté por ver, sí que facultará a Aldama para seguir tirando de la manta como procede desde que el juez Pedraz le dio crédito proveyéndole de libertad provisional.
Esa medida tuvo efectos taumatúrgicos en Italia al sentar en el banquillo a 475 sujetos de la Cosa Nostra en el maxiproceso de Palermo de 1986. A este fin, fue crucial que el mafioso arrepentido Tommaso Buscetta cantara ante los jueces Falcone y Borsellino concluyendo la vista con 360 malhechores entre rejas. Aquel primer gran golpe judicial contra la mafia siciliana cambió la percepción pública y mejoró el ánimo ciudadano al privarse a la mafia, según Falcone, «de su aura de impunidad e imbatibilidad».
Aunque Felipe VI aludiera ayer a «a estos días un tanto oscuros», la contundencia del Tribunal Supremo ayuda a soñar con que, evocando el monólogo del Ricardo III de Shakespeare, el invierno de nuestro descontento se vuelva verano con este sol de sentencia sin echar a voltear las campanas. Cuando algún analista significa que la primorosa sentencia del Tribunal Supremo, revela una victoria del Estado como la infligida al golpe separatista de 2017 en Cataluña, conviene reparar en cómo, mediante indultos y amnistías como regalías para proseguir en La Moncloa, Sánchez ha extendido el procés a toda España sin que el secesionismo catalán y vasco se arrepienta, incluidos los asesinos etarras.
A este respecto, el voto de calidad de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, para expedientar al juez Peinado tras ordenar este la apertura de juicio a Begoña Gómez, va más allá de un favor a Sánchez apremiada por sus ministros Bolaños y Marlaska. Porque ¿de cuándo acá un órgano político como es el CGPJ puede inmiscuirse en una resolución judicial para socorrer a la doña de la Moncloa? El párrafo del auto judicial en el que el magistrado sugiere que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrían colaborar en su fuga no se corresponde con ninguna declaración, sino que es una disposición que sólo puede enmendar la Audiencia de Madrid. El CGPJ no es un órgano jurisdiccional salvo que quiera ser como el Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido que, saltándose la Carta Magna a la torera, suplanta al Tribunal Supremo como última instancia judicial cada vez que uno de los suyos es condenado. En todo caso, como la eventual sanción será inaplicable por la inminente jubilación de Peinado, quedará como acto de obediencia debida de la presidenta hacia quien la designó para este consejo político.
A la par que arrastra a Perelló a hacer ese butrón a la legalidad contra la jurisprudencia del Tribunal Supremo, P.S. incrementa a caño roto el aporte de electores de matute para propiciar el pucherazo que le otorgue impunidad. Al echar cuentas de su retroceso electoral, Sánchez engrosa a toda mecha el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) con esa ley de tataranietos que, en su primer banco de pruebas, ha obrado que el PSOE ganase fuera de España los comicios que perdió en Aragón, Castilla y León, Andalucía y Extremadura. Con 2.708.083 votantes viviendo en el extranjero, un 47 % más que en las generales de 2019, Sánchez opera este reemplazo electoral por el que decidirán sobre España quienes jamás pusieron un pie en ella.
Para ello, mientras el bocazas del ministro Puente vocifera a grito pelado como la cigarra, su hermana, Sofía Puente, directora general de Seguridad y Fe Pública, luce de hacendosa hormiga abriendo una puerta falsa para extender la aplicación de la Ley de Memoria Democrática a toda la emigración española desde el siglo XIX. Sin anclaje jurídico y sin que la oposición impugne esta estafa, el Buenos Aires de Borges podría tener más nacionalizados con derecho a voto que el 95 % de ciudades españolas. A veces, se olvida que no es que el diablo esté en los detalles: es que los detalles son el diablo. De ahí que no quepa preguntarse qué hace Sánchez aún en la Moncloa porque su para qué está tan claro como su porqué con unos socios partícipes a título lucrativo de su corrupción.