No pienso dejarme enredar -ni mezclar a los lectores- en esta hipócrita trifulca que se ha montado a raíz de las declaraciones del ministro de Consumo al diario británico ‘The Guardian’. Por vergüenza, en lo que a mí respecta, y por deferencia, en lo que atañe a los lectores. Sobre ella, cometeré la ingenuidad de sugerir a políticos y comentaristas lo que Ignacio de Loiola aconsejaba. «Se ha de presuponer -decía el guipuzcoano- que todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla; y, si no la puede salvar, inquiera cómo la entiende… para que, bien entendiéndola, se salve». Era apropiado el consejo en un tiempo en que la sospecha y la delación podían acabar con los huesos del más inocente a los pies de la Inquisición y que no era tan distinto, por cierto, de este nuestro en el que la tergiversación, el prejuicio sectario y lo políticamente correcto pueden arrojar a la hoguera política y mediática al mejor intencionado. Valga, pues, para el caso que nos ocupa.

Pero, sin enredarse en la trifulca, cabe aprovecharla para un par de reflexiones. La primera es que nos topamos, por enésima vez, con la imposibilidad de entablar en este país algo que pueda parecerse a un debate sobre asuntos de interés público. Hoy es la calidad de la carne producida en ganaderías intensivas. Ayer, la salubridad de su consumo. El caso es que, sea cual fuere el tema, el debate siempre queda abortado en razón de quién lo proponga, qué intenciones ocultas enmascare o cuánta incomodidad política genere. Arrojado a la opinión pública, basta una boutade del tipo «a mí, donde me pongan un chuletón al punto…, eso es imbatible» para zanjar la discusión antes de que llegue a la trituradora de las tertulias. No digamos, si el debate incluye puntos tan espinosos como el aborto, la eutanasia, la paridad entre sexos o la transexualidad, capaces de poner la calle en llamas. «Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate», porque en este país, como sentenció Machado, «de diez cabezas, nueve embisten y una piensa».

Quizá más interesante resulte aún la segunda reflexión. La extensa encuesta de opinión que acaba de hacer pública el Grupo Prisa ofrece datos que no habrán sido del gusto de quienes gobiernan ni de algunos políticos de la oposición. De hecho, se han eludido con estudiada ligereza y merecen, por ello, ser destacados. Resumámoslo en una frase: no basta la buena gestión para ganarse el aprecio de la gente. Ocurre, en efecto, que, aunque una exigua mayoría vea con buenos ojos ciertas medidas que el Gobierno ha adoptado, como la reforma de las pensiones o la laboral, el ingreso mínimo vital, la innovación de los ERTE, la subida del salario mínimo y otras de carácter cívico-social, resulta abrumadora la que le tacha de falto de cohesión e inestable, inflexible y poco dialogante, incompetente e incumplidor, y lo acusa de beneficiar a las grandes empresas y rentas más altas en detrimento de los más pobres, los desempleados, los pensionistas, los trabajadores, los jóvenes, los autónomos, los pequeños empresarios y los residentes en zonas rurales. Juicios poco gratos para un Gobierno que alardea de progresista. Frente a ellos, la intención de voto, que también incluye el sondeo, más parece inerte recuerdo del pasado que reflexiva apreciación del presente.

El Gobierno ha reaccionado desplazando de sus planes inmediatos los asuntos de eventual conflictividad y centrándose en medidas relacionadas con la recuperación pospandémica. Tendrá primero que salvar, por supuesto, escollos que, como la incierta convalidación del decreto-ley de la reforma laboral, se interponen en el camino. Pero la reacción beneficia tanto al Gobierno como a la ciudadanía, atenta a cuestiones comunes del día a día más que a las ideológicas y controvertidas. Sin embargo, como demuestra la encuesta citada, el gran lastre con que carga el Gobierno consiste más en intangibles como la cercanía y la empatía -los cuidados- que con medidas que, por útiles que sean, no mueven la sensibilidad del ciudadano. El talento para comprender y el talante para proceder valen más que el amontonamiento de normas que, como las casi cuatrocientas que acaban de anunciarse, llevan a pensar, por su número abrumador, en propaganda electoral más que en voluntad de cumplimiento. Las normas son frías y lejanas. Es justo lo contrario, interés por acercarse y congraciarse, por cuidar, sin la altivez y la arrogancia que percibe, lo que el ciudadano echa a faltar en quienes le gobiernan.