TONIA ETXARRI, EL CORREO 24/06/13
· Si el grueso de la reforma del Gobierno de Rajoy depende de la voluntad de las comunidades autónomas, podría quedar en agua de borrajas.
Con la presentación del plan de reforma de las administraciones públicas, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, acaba de emplazar a los políticos diciendo que es su turno. Que les toca demostrar su capacidad de sacrificio después de haber sometido a los ciudadanos a las consecuencias tan drásticas de la política de recortes. Un emplazamiento que pretende dejar en evidencia a esos políticos que predican todo el día con palabras huecas sobre el servicio al ciudadano y la solidaridad pero que, si el foco se detiene en sus cabezas, lo desvían de inmediato para sacudirse responsabilidades. El Ejecutivo de Rajoy, el primero que se atreve, al menos con el anuncio, de un plan de adelgazamiento de la burocracia en el Estado autonómico, sabe que va a topar con algunas resistencias. No sólo en donde gobiernan los nacionalistas, sino en algunas comunidades regidas por presidentes de su propio partido, el PP.
Tendrá que persuadir, pues, a los representantes territoriales de que la supresión de los tribunales de cuentas, institutos de opinión, defensores del pueblo, observatorios varios, agencias de meteorología o embajadas en el extranjero, por ejemplo, se antojan perfectamente prescindibles cuando se trata de ahorrar 8.000 millones de euros a base de reducir organismos públicos. Tarea harto difícil cuando, después de más de treinta años, el Estado autonómico ha engordado tanto con sus 17 pequeños estados a imagen y semejanza del central que nadie quiere aplicarse el cuento.
«Que recorten ellos» vienen a decir, inmersos en el inevitable juego de agravios comparativos quienes no quieren saber nada de eliminar organismos, muchos de ellos superfluos, porque es ahí, precisamente, donde muchos partidos han colocado a sus fieles militantes y seguros servidores.
Euskadi –quiere esto decir el Gobierno vasco– no acatará la reforma apuntándose a la tendencia de «objetar» las decisiones del gobierno central de turno. El ‘plan Wert’ «no pasará». La resistencia a eliminar la paga navideña de los funcionarios que enarboló el gabinete de Patxi López y continuó Urkullu no resultó eficaz y acabó aplicándose de forma desigual y desordenada. Con la resistencia al copago farmacéutico tampoco han podido mantenerse en la «singularidad» vasca y, de hecho, a partir del próximo 1 de julio, los ciudadanos vascos en activo abonaremos un 25% más por las medicinas y los pensionistas, al igual que vienen haciendo, entre otros, los catalanes, pagarán también por primera vez.
Pero con el recorte de la Administración, el Gobierno vasco ya ha anunciado que lo hará a su estilo. Que para eso tenemos nuestras competencias y nuestra autonomía financiera. Es el punto débil del plan del Gobierno de Rajoy. Que, como contiene sólo «recomendaciones» a las comunidades autónomas, dependerá de la voluntad de éstas el éxito o el fracaso del reto de reducir, de una vez, la burocracia.
Algo tan necesario como la eliminación de duplicidades (o las «redundancias competenciales», como se denominan en el texto oficial) sigue siendo un verdadero problema en estos momentos en los que, en la primera reacción defensiva, se recurre a la frase talismán: «¿vamos a colaborar a que haya más parados?». Si el grueso de la reforma queda al albur de las comunidades autónomas podría quedar en agua de borrajas. Quizás por eso el ministro de Hacienda ya ha insinuado que el cálculo del déficit de las autonomías podría depender de su capacidad de adelgazamiento de la Administración.
El debate sobre la ‘reforma Soraya’ coincidió esta semana con la publicación en EL CORREO de la noticia de que el Gobierno de Urkullu había recuperado a media docena de excolaboradores del equipo de Ibarretxe como asesores del Ejecutivo actual cobrando, aunque no están integrados en su estructura orgánica, como viceconsejeros. La pregunta en sede parlamentaria la formuló el Partido Socialista. Y tanto al PP como a UPyD, que están estudiando los datos, les parece «un escándalo». Y una contradicción que un Gobierno como el de Urkullu tuviera a gala la reducción de sus consejerías en un guiño a la política de austeridad, y meses después se sepa que al final se ha dotado de más viceconsejeros que de titulares engordando, a la postre, la burocracia de la que tanto reniegan todos. Los partidos se han convertido en una máquina de recolocación tan potente que no se ven capaces de predicar con el ejemplo cuando se trata de aplicarse medidas de ahorro y de proximidad al ciudadano.
Pronto se cumplirá un año de la propuesta del PP, en Madrid, Galicia y Euskadi, de reducir el número de parlamentarios en las cámaras autonómicas. En el País Vasco, tanto el PSE como el PNV se manifestaron contrarios. El PP proponía que el hemiciclo vasco se quedase con 15 parlamentarios menos para ahorrar «un millón de euros», pero tanto socialistas como nacionalistas rechazaban la idea alegando que la medida podría limitar las opciones de los grupos minoritarios. En Madrid, la idea de reducir a la mitad, de 129 a 65, fue rechazada con los votos del PSOE e IU. Tan sólo UPyD apoyó la medida. Al final, son pocos los dispuestos a reducir sillones. Los hechos son elocuentes. Las actitudes defendidas por cada cual quedarán grabadas en los archivos y las actas de sesiones. Si hay algo que entiende, y reclama, el ciudadano es que el ajuste debe afectar también a los políticos. Señores burócratas, apéense en la próxima parada. No se trata de recortar por recortar, sino de hacer de la necesidad virtud. Aprovechar la crisis para acabar con la saturación del sector público y dejar que la sociedad civil recupere el protagonismo que le corresponde.
TONIA ETXARRI, EL CORREO 24/06/13