IGNACIO MARCO-GARDOQUI-EL CORREO

Cuando en plena pandemia se anunciaron los planes de ayuda que preparó la Unión Europea para sostener a las maltrechas economías de los países miembros, todo el mundo, es decir el Gobierno, los dirigentes de las comunidades autónomas, los empresarios y usted y yo también, consideramos que constituían la apoyatura básica y suficiente para respaldar el proceso de recuperación. Estoy de acuerdo en que es una oportunidad única, pero me asaltan algunas dudas. En primer lugar, su tamaño. Se dotaron con 750.000 millones, de los que a nosotros nos tocaban hasta 140.000, y nos pareció una cifra fabulosa. Después, una vez que hemos conocido el coste de la crisis sanitaria, el del sostén del empleo a través de los ERTE y otras bagatelas -que alcanzan también una cifra estratosférica-, el entusiasmo se modera. A este paso, y como los gastos se mantengan un rato más en el tiempo -los Presupuestos del 2022 apuntan a ello-, las ayudas se nos pueden quedar en insuficientes.

Luego empezamos con mal pie, cuando el amiguismo -¿o es algo más?- hizo su aparición a las primeras de cambio y se empezó a regar dinero a empresas desconocidas que de estratégicas tienen lo mismo que su participación en el mercado; es decir, menos del 0,5%. El caso Plus Ultra se encuentra en los pasillos de la Justicia y ya veremos en calidad de qué sale de ellos, aunque nunca podrá despojarse de su condición de mal precedente.

Después, y esto empieza a ser peor, se iniciaron las disputas entre el Gobierno central y los autonómicos para dilucidar quién iba a repartir los dineros, con los empresarios expectantes. Llevamos invertido mucho más tiempo y esfuerzo en determinar el quién (va a conceder las ayudas) que en definir para qué (se van a conceder). Los criterios, o más bien las prioridades, sí están claras. Pero hablar en abstracto de transformación energética, de digitalización, de medio ambiente, etc., hace tiempo que dejo de ser suficiente. Sabemos muy poco de las reformas pendientes y lo que sabemos es solo su parte amable y nada conflictiva, como pasó con la actualización de las pensiones. Pero nos queda la cirugía que, nos guste o no, habrá que aplicar al resto de los temas pendientes. Y no sabemos nada de los criterios que se van a utilizar para priorizar las ayudas y localizar las inversiones.

Si el el sistema va a ser la manida cogobernanza, que lo mismo vale para un roto que para un descosido, estamos buenos. Lo vimos ayer en la reunión que presidió la ministra Montero. Todos los asistentes contaban dinero, ninguno identificaba proyectos. Pues eso, nos hemos divertido ya mucho con esto del reparto entre los administradores, ahora deberíamos empezar a decidir cómo vamos a preparar nuestro futuro con los administrados. Que es lo que cuenta y lo que, de verdad, interesa.