Si se ha fijado, en medio de la tormenta económica que padecemos a nadie se le ocurre nada nuevo que no sea pedir ayudas para sus problemas. Los zurdos del Gobierno quieren más ayudas para todo, alquileres, IMV, etc.; mientras que la patronal pide que se rebajen los precios de la electricidad, se congelen las cotizaciones sociales, se prolonguen los créditos ICO, etc. Cada grupo social tiene muy claro el lugar en donde le aprieta el zapato y exige que se alivie la presión. Todo muy natural, muy humano, muy previsible, y… poco eficaz.

Probablemente la única idea lanzada de carácter transversal, es decir, que proponga repartir el esfuerzo entre grupos sociales diferentes, sea la del pacto de rentas. El método se utilizó durante los famosos y lejanos Pactos de la Moncloa y el Gobierno la ha sugerido, aunque no ha dado detalles. No sé si porque no los tiene o porque está esperando a ver qué pasa en Europa y si se forma un paraguas bajo el que cobijarse y minimizar así el coste popular de cualquier medida que, me temo, será insuficiente para satisfacer las demandas, cuando no directamente contraria a los deseos.

Me sorprende que en esto del pacto de rentas sean muchos, incluidos algunos periódicos especializados en cuestiones económicas, los que mezclan dos cosas distintas: los beneficios y los dividendos. Usted sabe bien que los primeros, dicho en sencillo, es lo que las empresas ganan en su actividad; y lo segundo, lo que reparten entre sus accionistas y que, como es lógico, casi nunca coinciden pues la propia empresa debe recibir parte de esas ganancias para reforzar sus balances y acometer las inversiones necesarias para garantizar su futuro.

Las empresas tienen derecho, yo diría que casi obligación, de ganar lo más que puedan. Hay todo un cuerpo legal abultado y prolijo para evitar los abusos de las eventuales posiciones dominantes que se puedan producir y que proporcionen beneficios exagerados. Pero, cumpliendo con todas la exigencias de la ley, no veo nada que objetar a que las empresas traten de aumentar sus excedentes. Y si las leyes de la competencia no son eficaces para eliminar abusos, hay que cambiarlas; pero no se puede, ni se debe, impedir su actividad legal para ser más eficientes y rentables.

Otra cosa es que se trate de dirigir su comportamiento frente a la distribución de los beneficios obtenidos. Aquí cabe fomentar su destino hacia el fortalecimiento de sus reservas, mediante apoyos fiscales y, más en estos tiempos, penalizar su distribución entre los socios. Haciéndola incompatible, por ejemplo, con la petición de ayudas públicas, para enviar empleados a los ERTE o para solicitar créditos públicos subvencionados. Poniendo en riesgo mi acreditada reputación liberal, creo que no son tiempos para pedir dinero público mientras se gana o distribuye sin medida el dinero privado, por más que sea legítimamente obtenido.

Corren tiempos adecuados para copiar la idea de Giuseppe Moscati, médico e investigador canonizado en 1987 que, en su despacho profesional conservado en la iglesia napolitana del Gesú Nuovo, tenía un cesto con un cartel en donde se decía: ‘El que tenga, que ponga; el que no, que coja’. Quién pone y quién coge es el quid de la cuestión para los gobiernos de hoy. ¡Ah! y no se trata solo de dinero. Que conste.