El desahucio de Maricarmen Abascal, la anciana de ochenta y siete años recientemente fallecida tras su dramático desalojo del piso en el que había vivido setenta, se ha convertido en uno de los acontecimientos del año en España y todo indica que va a ser un tema central durante el período electoral ya en curso. El número de desahucios ocurridos en nuestro país desde que Pedro Sánchez ganó fraudulentamente -como todo lo que hace- la moción de censura debatida en el Congreso el primero de junio de 2018 ha sido de 269.000, es decir, un promedio de noventa diarios, sin que hasta este reciente caso se hubiera producido una reacción social tan extensa e intensa. El problema del acceso a una vivienda, bien en propiedad o en alquiler, es particularmente agudo en nuestro solar patrio desde que gobierna una coalición de izquierdas con apoyo de separatistas y filoterroristas, lo que indica claramente que las políticas aplicadas en este campo por este conglomerado radical no sólo no han aliviado esta perturbadora situación, sino que la han empeorado. La subida meteórica del precio de un alojamiento ha obedecido principalmente a una causa bien identificada: la escasez de oferta ante una demanda creciente directamente relacionada con un aumento de la población española de 2.900.000 habitantes en los últimos ocho años debido sobre todo a un incremento notable de la inmigración irregular favorecido por el Gobierno “progresista”. Si la demanda sube y la oferta baja, los precios van al alza. Un doctor en economía, aunque su tesis sea un corta y pega infumable perpetrado por una pluma mercenaria, debería saber eso y sus votantes también, pero no parece que sea así.

Piden lo imposible

En este contexto, si las medidas tomadas tanto en el terreno legislativo como en el ejecutivo por las sucesivas mayorías sanchistas han consistido en contraer aún más una oferta ya de por sí escuálida y en ensanchar la demanda con un enfoque intervencionista contra los propietarios de inmuebles, el resultado no podía ser otro que el desastre que agobia a millones de nuestros compatriotas. Como suele, la izquierda, incapaz de remediar este desequilibrio, se ha apresurado a buscar un falso culpable al que cargarle el muerto y lo ha encontrado en los fondos “buitre” y en los pequeños propietarios que han ahorrado para consolidar un modesto patrimonio inmobiliario con el que complementar su pensión o facilitar la emancipación de sus hijos. El hecho de que los grandes fondos de inversión sean titulares de menos del 10% del parque habitacional y de que el resto esté en manos de tenedores de unas pocas viviendas es ignorado por los manifestantes violentos y por los acampados vandálicos que, lanzados a la calle por el extremismo colectivista que sostiene a Sánchez en La Moncloa, vociferan exigiendo expropiaciones, prohibición de desahucios, vulneración de las leyes y el final del capitalismo. Este tipo de tratamiento del mercado inmobiliario ya ha sido ensayado en otros pagos como la Venezuela chavista o la Cuba castrista con los brillantes efectos de todos conocidos. La perspectiva de reemplazar por la miseria generalizada lo que es hoy, sin duda, una grave dificultad, no resulta demasiado atractiva, pero sus airados impulsores no se dejan arredrar por un obstáculo tan molesto como la realidad y puestos a emular a la barbarie de mayo de 1968 piden lo imposible mientras empuercan Sol, arruinando a los comercios circundantes y torturando a los vecinos con sus jolgorios tercermundistas.

La infortunada Maricarmen pudo ocupar un magnífico piso en una buena zona de Madrid durante prácticamente toda su vida gracias a una normativa del franquismo y se vio obligada a salir de su casa por otra aprobada por gobiernos socialistas, el abandono forzoso de su hogar se produjo en cumplimiento de una orden judicial ejecutada por la policía nacional y previamente había rechazado diversas soluciones ofrecidas por las administraciones autonómica y municipal. Es sumamente probable que la instrumentalización de su desventura por parte de las fuerzas de izquierda con el consiguiente barullo mediático y su frenética exposición pública en radios, televisiones y portadas de prensa haya actuado sobre unas arterias ya gastadas por una larga existencia y le haya causado un accidente cardíaco irreversible. Es llamativo también que desahucios similares acaecidos en Cataluña hayan pasado inadvertidos, lo que demuestra la parcialidad sectaria de determinados movimientos de protesta.

La izquierda, cuando percibe que puede perder las elecciones, responde mediante la violencia urbana, el trucaje de los comicios o la fabricación de narrativas mendaces que demonicen a la alternativa y la historia contemporánea de España nos lo demuestra. Teniendo en cuenta la sulfúrea trayectoria de Pedro Sánchez, temamos lo peor porque los buitres no son los legítimos propietarios de activos inmobiliarios, sino aquellos que se valen sin pudor del infortunio de unos para excitar demagógicamente el rencor contra otros en perjuicio del conjunto. Conviene que, de cara a las próximas elecciones generales, los españoles tengan presentes tres de los célebres diez “No se puede” del predicador alemán emigrado a Estados Unidos W. Boetcker: “No se puede ayudar al pobre destruyendo al rico”, “No se puede crear prosperidad desalentando el ahorro”, “No se puede promover la fraternidad admitiendo e incitando el odio de clases”. Tampoco sobraría que a la hora de decidir la papeleta que introducir en la urna el 29 de noviembre recordasen la afirmación de resonancias evangélicas de Abraham Lincoln en su discurso de aceptación de la candidatura republicana al Senado por el estado de Illinois en 1858: “Una casa dividida contra sí misma no se mantiene en pie”.