Se han conocido en los últimos días algunas manifestaciones públicas de líderes al máximo nivel. Es ejemplar el debate recogido en este periódico entre Felipe González y Manuela Carmena: «Hay que cuidar la democracia», concluyen ambos. Lo cual significa que ahora no se está cuidando. Otros, más en concreto, advierten a su partido de los riesgos que les amenazan con medidas como la concesión del indulto a los condenados por sedición: es el caso de Alfonso Guerra o de Emiliano García-Page. 

Estas opiniones son noticia de primera página, pero también hay otros notables ejemplos que han pasado más desapercibidas y tienen un gran valor. Es el caso de la declaración hecha pública por Radicalmente Moderados, un decálogo de consideraciones y propuestas, impulsado por Antonio Arroyo y Pepe Tudela, suscrito por cien primeros firmantes y al que se han adherido después algunos centenares más, que todavía permanece abierto a nuevos apoyos.

Si bien los firmantes no son personas de especial relevancia mediática –quizá por ello no han tenido mucho eco en la prensa– se trata de destacados expertos en sus ámbitos específicos: catedráticos de universidad, especialmente de derecho público, altos cargos de la Administración y otros profesionales en el campo privado. A destacar que en su mayoría son personas políticamente independientes desde el punto de vista partidista, aunque en una gran mayoría se han situado siempre en el ámbito de la izquierda e, incluso algunos –como Gregorio Cámara, Elviro Aranda, Victoria Camps o Paloma Biglino– han desempeñado altos cargos en épocas de gobiernos socialistas, y otros, en el ámbito de la derecha –como Eugenio Nasarre o José María Lasalle– han sido altos cargos bajo gobiernos del PP. En todo caso, todos pueden incluirse en el campo de los moderados, los radicalmente moderados. 

El 21 de marzo pasado publiqué en este blog de El Confidencial un artículo, cuyo título era «Centristas de todos los partidos», donde sostenía que el centrismo no era una posición política ideológica sino una actitud ante la política y, por tanto, en todos los partidos había centristas, quizás a excepción de los situados en posiciones más extremas o los desleales con la Constitución. Pues bien, la declaración que comentamos utiliza el término ‘moderado’ en un sentido muy parecido al que yo denominaba ‘centrista’. 

El motivo que impulsa a los firmantes de la declaración es la inquietud que les suscita la deriva frentista y polarizada de la vida política nacional. ¿Cuál es su intención? Influir para que nuestros representantes políticos tomen conciencia de la importancia de la moderación en el debate público y, sobre todo, de la necesidad de llegar a acuerdos básicos entre los dos grandes partidos nacionales para hacer efectiva la imprescindible modernización de nuestro Estado.

Todo ello, tras constatar la actual degradación de la vida política debido a que los partidos, y ese es un diagnóstico clave del documento, tienen como objetivo único alcanzar o conservar el poder en lugar de actuar conforme a lo que debería ser su finalidad: defender los intereses generales. Las fuerzas políticas se comportan según el modelo maquiavélico en lugar del modelo kantiano. Todo ello comporta un grave deterioro del sistema democrático al olvidar el verdadero y noble sentido de la acción política. 

Este deterioro, este desgaste, tiene consecuencias funestas para la democracia: crecimiento de los movimientos populistas, radicalización de los mensajes políticos, orfandad de muchos ciudadanos respecto a sus representantes y olvido del verdadero sentido de la actuación política, es decir, como gestión eficaz de los asuntos públicos. 

A este respecto, la declaración sostiene que solo se progresa desde un gobierno que represente a amplias mayorías sociales únicamente posibles dentro de un proyecto en el que se compartan aspectos esenciales. Falta en la política española de hoy el diálogo y la razón. Si miramos algo hacia atrás ambos fueron los protagonistas en la Transición de la dictadura a la democracia, siendo el acuerdo en aprobar la Constitución la máxima expresión de todo ello.

De esta declaración, que comparto totalmente, soy uno de sus firmantes, deben sacarse algunas conclusiones prácticas. 

En primer lugar, hay una salida a la actual situación de frentismo: gobernar con el apoyo de una amplia y coherente mayoría social. Algo de eso dijo Felipe González hace unos días en ‘El Hormiguero’. Pero ni el PSOE ni el PP parecen dispuestos a ello. El PSOE lo demuestra continuamente en su acción de gobierno, no hace falta insistir en ello. Pero la actitud del PP en estos momentos me parece equivocada y poco inteligente. Señalemos solo dos cuestiones menores pero sintomáticas: la proyectada manifestación de Colón y la intención de extender por toda España mesas petitorias contra el famoso indulto. Son gestos divisivos que incitan a más crispación en lugar de actitudes conciliadoras que buscan el acuerdo. Grave error de Casado. 

En segundo lugar, ante un presente repleto de riesgos (económicos, laborales, de política exterior, de eficacia y solidaridad en las ayudas europeas…) lo que se necesita es un buen funcionamiento institucional. Si las instituciones no funcionan, y no funcionan, no se puede nunca lograr un objetivo hoy imprescindible: dar seguridad a los ciudadanos de que los citados riegos se afrontarán desde el rigor y la eficacia, única posibilidad de que se solucionen. 

Nada de eso se lleva a cabo, es más, la dirección emprendida por nuestras fuerzas políticas va justamente en sentido contrario. ¿Por qué? Entre otras razones, porque no hacen caso a las advertencias de quienes, por inteligencia política y por temperamento psicológico, son radicalmente moderados.