ABC 25/01/13
Al Gobierno de la nación no le temblará la mano a la hora de aplicar la ley frente al desafío independentista, si considera que es preciso hacerlo frente a la declaración de soberanía que aprobó el pasado miércoles el Parlamento autonómico. Así lo anunció ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su visita oficial a Perú.
Era la primera reacción del jefe del Ejecutivo después de la aprobación de un documento que La Moncloa seguía ayer por la tarde estudiando y analizando, para señalar su alcance jurídico, si lo tuviera. Rajoy aprovechó la declaración oficial después de la reunión con el presidente de Perú, Ollanta Humala, para insistir en que el objetivo prioritario de todos los españoles es salir de la crisis e iniciar la recuperación económica, y acciones como la de los nacionalistas catalanes «no sirven para nada».
«El momento más duro»
«Los españoles no deben distraerse en este objetivo», afirmó Rajoy, en referencia a la lucha contra la crisis económica. El jefe del Ejecutivo hizo referencia al mal dato de la Encuesta de Población Activa y admitió que España atraviesa un momento duro, «el más duro» de la crisis, pero el Ejecutivo mantendrá en marcha el programa de reformas. En este contexto, insistió en que los independentistas no lograrán su objetivo y chocarán con la fuerza de la ley si fuera necesario. «Pretender poner en tela de juicio todo, como aprobar resoluciones que no están en el espíritu constitucional, no sirve para nada», afirmó. Rajoy indicó que el Gobierno seguirá «siempre apostando por la convivencia y el diálogo».
Eso sí, los mensajes de diálogo y de prudencia que ha mantenido hasta ahora el Ejecutivo tienen un límite claro, que es el cumplimiento de la ley. Así se lo hizo saber Rajoy al Ejecutivo de Artur Mas a través de esta declaración oficial en Lima. «Desde luego el Gobierno aplicará como es su obligación la ley, si ello fuera preciso», subrayó. Fuentes de La Moncloa comentaron que la postura del Gobierno no ha cambiado en el sentido de no subir el tono de respuesta frente al desafío rupturista de los independentistas catalanes, y actuará con la ley en la mano cuando sea necesario y sobre algo concreto.
Frenar la ilegalidad
Respecto a la declaración, el Ejecutivo estudia qué alcance jurídico tiene exactamente. Ante cualquier efecto que se detecte, se tomarán las medidas correspondientes para frenar la ilegalidad. Si se trata de una mera declaración, como las otro ocho a favor de la autodeterminación aprobadas por el Parlamento catalán, el Gobierno advertirá del riesgo de no fijar bien las prioridades, pero mantendrá su mano tendida hacia la Generalitat.
En España, no obstante, los ministros se mostraron divididos sobre la capacidad real del Gobierno para recurrir la declaración del Parlamento catalán ante el Tribunal Constitucional. El ministro del Interior, Jorge Fernández, coincidió con el presidente
del Gobierno y aseguró que el Ejecutivo «va a cumplir y va a hacer cumplir la ley», recordando que la declaración aprobada otorga a Cataluña carácter de «sujeto político y jurídico soberano».
Sin embargo, el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, no lo tiene tan claro y apuntó, a bote pronto, que ve «difícil» recurrir la proclamación ante el Tribunal Constitucional ya que se trata de un texto retórico que no es «jurídicamente vinculante» ni conlleva consecuencias prácticas inmediatas.
La Generalitat plantea una consulta no vinculante en la que se pueda votar con 16 años
El consejero de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, planteó ayer abiertamente que la consulta soberanista no será jurídicamente vinculante y, además, se podrá votar con 16 años, elaborando un censo nuevo, apartándose otra vez, por lo tanto, de toda legalidad.
Homs, en declaraciones a Rac1 y según un comunicado de esta emisora, afirmó sobre la consulta que «hay un artículo del Estatut que dice que tenemos competencias exclusivas, pero no pueden ser refrendatarias, porque tiene el Gobierno español la competencia… la consulta no sería jurídicamente vinculante. El carácter vinculante desde un punto de vista político es escuchar la voz del pueblo», añadió Homs, que apuntó que la «fase final» de la elaboración de la ley de Consultas «definirá si hay margen para fijar la posición para votar a partir de los 16 años y permitir que el Tribunal Constitucional establezca claramente qué es competencia del Estado, como el censo electoral», pues queda por desarrollar del Estatuto para «no calcar el censo electoral».
Respecto a la posibilidad de que el Gobierno impugne la declaración soberanista, Homs subrayó que «nadie impugnará, y si lo hiciera, no tiene ningún recorrido. Entre otras funciones, el Parlament está habilitado para aprobar leyes y fijar posicionamientos políticos y textos como el de ayer».
El consejero no tuvo reparos en criticar también al PSC, que ayer se dividió en la votación de la declaración, y aseguró que su opinión es que «ahora son más PSOE que PSC… nos explican que hay que apostar por Carme Chacón y la agenda catalana les molesta, piensan que es lo que les conviene más».
ABC 25/01/13