Rajoy busca un pacto económico que dé una salida a Mas dentro de la Constitución

El Gobierno de Mariano Rajoy ha tomado nota de la demostración de fuerza que hicieron los independentistas catalanes en la Diada, pero ha advertido de que su respuesta seguirá siendo la misma que la mantenida desde hace un año: diálogo y Constitución. La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, fijó la posición oficial en el día de la resaca del 11-S y subrayó que el Gobierno escuchará «a todos» y velará por sus derechos y libertades, incluida esa «mayoría silenciosa» de seis millones de ciudadanos que se quedaron en sus casas y no participaron en la cadena humana que cruzó la Comunidad Autónoma.

Margallo pide reflexión El ministro de Exteriores admite el «éxito» de la Diada y pide una reflexión sin salir de la Constitución

Tampoco esta vez se ha producido un choque de trenes entre la Generalitat de Cataluña ni el Gobierno de Rajoy, que volvió a eludir una declaración de mayor contundencia contra el desafío secesionista que avala el presidente de la Generalitat, Artur Mas.
Más bien, en el Palacio de la Moncloa creen que la situación se le está yendo de las manos a Mas de manera acelerada, y que el presidente autonómico puede quedar fagocitado ante un proceso que ya no controla. Fuentes próximas al jefe del Ejecutivo subrayan que en esa situación la alternativa a Mas sería aún peor, y se llama ERC, con Oriol Junqueras a la cabeza. Así, el diálogo interesa al Gobierno, pero también a Mas, que necesita una salida airosa para no quedar fulminado políticamente en el intento. En ese contexto se produjo la reunión discreta que ambos mantuvieron en La Moncloa el pasado 29 de agosto.

Sin reforma constitucional
Las fuentes del Gobierno consultadas explican que la reforma de la Constitución no está en los planes del PP ni del Ejecutivo. Es decir, las conversaciones que tengan Rajoy y Mas girarán sobre cuestiones que estén dentro de la Carta Magna. El pacto fiscal, por ejemplo, está descartado, como ya le transmitió Rajoy a Mas hace un año, por considerar que rompe el principio de soberanía nacional. Como también lo está cualquier tipo de consulta o referéndum que ahora mismo no se ajuste a la ley. Respecto a un referéndum nacional sobre un nuevo modelo territorial, desde Moncloa se insiste en algo que Rajoy ha dejado claro más de una vez: no quiere pasar a la historia como el presidente que rompió la unidad de España.

Revisión de competencias
A partir de ahí, ante la «situación desesperada» en que se encuentra Mas, según las fuentes consultadas, el diálogo gira en torno a un acuerdo económico y competencial sin necesidad de tocar la Constitución. Hay margen para mejorar el sistema de financiación autonómica, y puede revisarse el reparto de competencias. El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, reconoció ayer el «éxito» de la organización de la Diada independentista, y apuntó que es posible reflexionar sobre la organización territorial que nos dimos en 1977, «sin necesidad de tocar la Constitución». «Es posible una reforma en el tema de las competencias y la financiación, sin entrar en la modificación del título VIII», explicó el ministro.
García-Margallo considera que hay que hacer un esfuerzo por «convencer» a los ciudadanos que quieren la secesión de que Cataluña está mejor dentro que fuera de España. «La secesión de Cataluña sería una amputación extraordinariamente dolorosa», destacó, por lo que pidió tratar de averiguar las causas que han motivado esa «desafección» de algunos catalanes hacia el resto de España.
Mientras tanto, Moncloa no se ha movido un centímetro en su estrategia «prudente» frente al desafío independentista de Mas. Desde el primer momento, el Gobierno optó por no entrar en una escalada verbal, por no responder al discurso victimista nacionalista y por recurrir al Constitucional cuando desde las instituciones de Cataluña se aprobara algo que pudiera atentar contra la Carta Magna. Así
ocurrió con la Declaración soberanista que aprobó el Parlamento autonómico el 23 de enero. El 1 de marzo, el Ejecutivo anunció la impugnación ante el TC de la Declaración, que está suspendida desde el 8 de mayo.
Esa es la línea que el Gobierno quiere preservar: diálogo, ley y mucha serenidad, tanta que en ocasiones llega a exasperar a una parte del PP y de la población, ávida de mayor contundencia que frene las continuas provocaciones de los nacionalistas y su intento de romper la unidad de España. Fuentes del Gobierno defienden su respuesta, la que evitó en su día, dicen, que Mas lograra mayoría absoluta en las elecciones autonómicas. El Gobierno quiere evitar «cargar» de munición el discurso emocional que el nacionalismo catalán usa a todas horas y que es el que mueve masas, y por eso prefiere respuestas sin estridencias que no sirvan de munición a esos nacionalistas. Mientras, en Barcelona, Alicia Sánchez-Camacho (PP) también pidió a Mas que «se quite la careta» y hable con Rajoy dentro de la Constitución.