EL MUNDO – 02/09/15
· En el epílogo de la legislatura, el PP intenta ganar terreno en Cataluña con una reforma del Constitucional que permitiría suspender en sus funciones a Artur Mas en caso de desobediencia.
· A menos de cuatro semanas del 27-S, el Partido Popular quiere modificar la ley para que las sentencias del Constitucional sean de obligado cumplimiento. El candidato popular, Xavier García Albiol, había pedido a la dirección del partido apoyo político en Cataluña.
La reforma, que en mes y medio estará aprobada gracias a la mayoría popular, da potestad al Tribunal Constitucional para imponer multas a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplan sus fallos e incluso permite suspenderles de sus funciones durante el tiempo preciso para la observancia de sus resoluciones. La lista independentista de Junts Pel Sí, de la que forma parte Mas, ya ha anunciado que si gobierna después del 27-S hará una declaración unilateral de independencia.
Con este horizonte y tras muchos meses de debate interno en el PP sobre la ausencia de un discurso propio en Cataluña para plantar cara al proceso soberanista, Mariano Rajoy ha dado el visto bueno a una reforma que ayer provocó una furibunda reacción de los nacionalistas, que no cosechó ningún apoyo entre el resto de fuerzas políticas, que incluso informativamente solapó el asunto del 3% de Convergència, pero que produjo un intenso ánimo en las filas del PP.
El discurso oficial es que la medida ni es electoralista ni está vinculada con el proceso catalán. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, lo justificó en que «hacía falta» y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió que el cambio es «de naturaleza general». No obstante estas tesis fueron difíciles de sostener después de que fuera precisamente el candidato del PP a la Generalitat, Xavier García Albiol, quien, tras reunirse con la dirección del grupo popular, acompañara al portavoz parlamentario, Rafael Hernando, a registrar la proposición de ley, a pesar de que no es diputado nacional.
García Albiol, que valoró inmediatamente la propuesta, aseguró, sin citar a Artur Mas, que «va en contra de aquellos que pretenden saltarse las reglas del juego». «Es un mensaje muy claro a quienes quieren romper Cataluña del resto de España, de que la broma se ha terminado», aclaró.
Aunque desde el PP se apunta a que también está destinada a los alcaldes de la izquierda alternativa que pretenden saltarse la ley, nadie negaba en privado que se trata de un movimiento destinado a mejorar las opciones del partido en Cataluña.
Una prueba de ello es que la iniciativa se ha dejado en manos del grupo parlamentario y no del Gobierno, pese al profundo alcance que tiene el cambio propuesto. Como en otros temas espinosos –la reforma de la ley del aborto– el Ejecutivo ha preferido quitarse de en medio.
Con este paso, Mariano Rajoy accede a la petición de mayor respaldo y más iniciativa política que García Albiol había reclamado a la cúpula popular al aceptar la candidatura, según aseguran fuentes del PP. Aunque ayer no faltó quien consideró un error la presencia del candidato catalán en la presentación de la reforma, en el partido están cada vez más satisfechos con su elección como cabeza de lista.
Según distintas fuentes consultadas no se teme que la medida pueda ser aprovechada por el independentismo catalán en su discurso victimista. Se da por supuesta la reacción pero su reflexión, según fuentes populares, es que polariza con mucha claridad las posiciones y esto también es beneficioso para el PP. Su objetivo es lograr un solo voto más que Ciudadanos en Cataluña y consideran que con la iniciativa de reformar el Constitucional están más cerca de conseguirlo.
A pesar de esta lectura tan optimista, la reacción del resto de fuerzas políticas dejó a los populares absolutamente solos en sus planteamientos. Convergència tardó sólo un par de horas en asegurar que es «el mayor ataque a la democracia desde 1978» y desde el Govern se afirmó que es una medida «electoralista» e «inconstitucional». Más tarde, Artur Mas comparó al PP con «la Inquisición».
Los calificativos del resto de partidos no fueron mucho mejores: Para el PNV es una «chapuza» y un «disparate», UPyD la considera «contraproducente» e «innecesaria» y Ciudadanos cree que el PP no tiene un proyecto en Cataluña y plantea este cambio «a última hora, corriendo y mal».
Pese a la intensa lluvia de críticas, los populares entienden que aciertan con su decisión, incluso lo piensan quienes creen que la reforma se impulsa en el momento más inoportuno, de la manera menos deseable (por la vía de urgencia) y sin el consenso del PSOE, con quien hubo conversaciones antes de registrar la proposición de ley.
Fuentes del PP explicaron ayer que en Alemania y en Austria tribunales del mismo perfil también tienen capacidad sancionadora y recordaron que en el resto del Poder Judicial es lo habitual. Aseguraron que si no se ha hecho antes es porque «nadie había tenido la tentación de incumplir» y sostienen que el Gobierno no pretende dejar ahora al TC la responsabilidad de actuar contra Mas porque, apuntan, mantiene intactas todas sus funciones, también la de disolver la autonomía por la vía del artículo 155 de la Constitución.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, muy crítico con la modificación planteada, puso precisamente el foco en este punto y denunció la «incapacidad política» de Mariano Rajoy. Sánchez acusó también al presidente de legislar para la «extrema derecha» del PP.
Fuentes del Gobierno señalaron ayer que, al margen de que el partido pretenda tener la iniciativa en Cataluña, una hipotética actuación contra Artur Mas sería más comprendida fuera de España con el refrendo de una decisión judicial.
EL MUNDO – 02/09/15