EL MUNDO – 22/07/17
· El Gobierno revisará cada semana sus gastos y amenaza con cortar la financiación si los destina a la consulta. Hacienda reaccionó tras detectar un desvío injustificado para procesos electorales.
La Comisión Delegada para Asuntos Económicos, presidida ayer por Mariano Rajoy, ha acordado intervenir rigurosamente las cuentas de la Generalitat para evitar que «ni un solo euro de dinero público» pueda destinarse a financiar los preparativos del referéndum ilegal anunciado por Puigdemont para el próximo 1 de octubre, so pena de ver congeladas las ayudas que Cataluña recibe del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), tal y como explicó el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.
La decisión de la Comisión Delegada se produjo después de que Hacienda detectara a finales de la semana pasada un desvío de 6.150 euros en la partida 132 del Presupuesto catalán, correspondiente a la Organización, Gestión y Seguimiento de Procesos Electorales.
En la certificación mensual de gastos que hasta ahora remitía la Generalitat a Madrid figuraba un reconocimiento de obligaciones en dicha partida por importe de 19.370 euros, en tanto que las autorizaciones de disposición de gasto se elevaban a 25.520 euros.
La diferencia no justificada indujo al secretario de Estado de Presupuestos, José Enrique Fernández de Moya, a reclamar por carta, el pasado martes, a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, justificaciones detalladas del desfase.
En la misiva le daba un plazo de tres días para aportar las explicaciones requeridas. Las mismas no llegaron y el Gobierno, en consecuencia, decidió activar ayer medidas de control estricto sobre las cuentas catalanas. Estas ya estaban intervenidas de acuerdo con el reglamento del FLA, pero la supervisión a la que se las sometía era mucho más laxa que la aprobada ayer.
Según el acuerdo de la Comisión Delegada, celebrada inmediatamente antes de la reunión del Consejo de Ministros, todas las consejerías y organismos de la Generalitat tendrán a partir de ahora que remitir semanalmente al Ministerio de Hacienda un informe de gastos y pagos a fin de garantizar que no se ha tramitado expediente alguno para financiar la consulta secesionista.
Quienes deben trasladar esta información son los interventores delegados de todas las consejerías, con el soporte certificado de los máximos responsables de los órganos gestores; los responsables económicos y financieros de las entidades públicas que no cuenten con interventor delegado; y los directores generales de Presupuestos y de Política Financiera, Seguros y Tesoro de la Generalitat.
Si incumplen con este cometido y no remiten la información requerida, o bien dan el visto bueno a pagos que puedan estar destinados directa o indirectamente a financiar el referéndum independentista, incurrirán en responsabilidades penales.
Además, según explicó el ministro portavoz, se advierte a la Generalitat de que incumplir esta orden y dedicar dinero público a sufragar los preparativos de la consulta supondrá la activación de las sanciones previstas en los acuerdos del FLA y que hasta la fecha no se habían aplicado; es decir, la paralización del dinero que se envía a Cataluña para financiar servicios públicos.
El Gobierno siempre ha mantenido la filosofía de no perjudicar a los ciudadanos catalanes por los incumplimientos de sus gobernantes; sin embargo, es evidente que con un castigo de este tipo se verían directamente afectados.
Preguntado por este giro en la estrategia, Méndez de Vigo argumentó que, llegado el caso, tendrá que ser el Govern quien explique a los catalanes por qué se resiente la calidad de los servicios a los que tienen derecho.
El ministro añadió que la decisión del Gobierno central es de carácter «preventivo» para disuadir de cualquier gasto que implique desobedecer la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 5 de julio, que declaró inconstitucional y nula la disposición adicional 40 de la ley de Presupuestos de la Generalitat, así como tres partidas de la misma en caso de que se destinaran a financiar la convocatoria del referéndum secesionista.
El Gobierno espera que con las advertencias hechas a los interventores y responsables económicos del Govern baste para evitar cualquier gasto de este tipo y no sea necesario llegar al extremo de cortar la financiación. De hecho, fuentes del Ministerio de Hacienda expresaban ayer su total seguridad de que no se llegará en ningún caso a cerrar el grifo del Fondo de Liquidez Autonómica.
Cataluña tiene asignado para el año 2017 en el FLA un total de 7.345,30 millones de euros. Para los tres primeros trimestres, es decir, hasta finales de septiembre, la cifra asignada es de 5.305,33 millones, de la cual, hasta finales de junio, se ha dispuesto –o lo que es lo mismo, se ha entregado– la cantidad de 3.547,30 millones.
La entrada en vigor de este acuerdo, el más tajante por cuanto incluye severas medidas coercitivas de los adoptados hasta ahora por el Gobierno central frente a la Generalitat, es inmediata. Hoy será publicado en el Boletín Oficial del Estado.
El ministro portavoz explicó, al dar cuenta del acuerdo alcanzado en la Comisión Delegada, que el Gobierno tiene la firme voluntad de garantizar que no se destinará «ni un solo euro de dinero público» a costear actos ilegales. También añadió que el Ejecutivo ha decidido dar este paso a la vista de la «radicalidad» creciente de la Generalitat y de sus continuos desafíos a la ley.
«Cualquier acto encaminado al referéndum ilegal no puede ser pagado con dinero público; por ello, ni un euro de los catalanes irá a una consulta que sólo responde a la voluntad de unos pocos». «Así pues», recalcó, «pueden estar tranquilos todos los catalanes porque ni un euro será distraído para nada que sea ilegal».
El secretario de Economía de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, respondió de inmediato advirtiendo de que si el Gobierno central «corta el grifo a Cataluña» el Estado se vería afectado ante los mercados que entenderían, dijo, que el Gobierno ha dejado de ejercer su responsabilidad. Aragonès recalcó que el Ejecutivo de Rajoy es último responsable de los impuestos que se recaudan.
Así lo manifestó en declaraciones a los medios después de que el Gobierno acordara y anunciara su decisión de someter al más estricto de los controles las cuentas catalanas.
Sobre si Cataluña perdería el FLA si finalmente se celebrara el referéndum, el secretario de Economía afirmó: «El Gobierno quiere poner en peligro los pagos que se hacen a través del FLA, pero creemos que es propaganda. Sabe perfectamente que la reputación de nuestras finanzas y las suyas están cruzadas. Los impagos de la Generalitat afectan al Estado español porque es el último responsable. Es quien recauda los impuestos que pagamos», informa Efe.
«Si cortan el grifo, su Estado se emboza. No pueden cortar el grifo a Cataluña porque les afecta directamente. La lectura de los mercados financieros sería que el Estado ha dejado de ejercer su responsabilidad», remachó antes de añadir que el Govern no tiene todavía el texto del acuerdo porque el Gobierno central, ayer por la tarde, aún no se lo había notificado.
Aragonès lamentó la «campaña propagandística del miedo» puesta en marcha por el Estado: «Hay una clara discriminación ideológica. Se certifica que es falso que todos los españoles son iguales. Hay unos que no somos iguales, que se nos trata diferente porque votamos diferente a lo que ellos quieren y cuando queremos volver a votar se nos amenaza con colapsar nuestros servicios públicos».
En opinión del dirigente catalán, el Estado está amenazando a funcionarios, proveedores y servicios para intentar doblegar la voluntad del Govern de dar cumplimiento a lo que ha sido votado por la ciudadanía.
La «caja de resistencia» de junqueras para el 9-N
El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, aseguró ayer en un artículo en ‘El Punt Avui’ que todos los catalanes que votaron en la consulta del 9-N estarán «más que satisfechos» de aportar dinero para «crear una caja de resistencia» que cubra el coste de la multa de cinco millones de euros que reclama el Tribunal de Cuentas al ex ‘president’ Artur Mas y los ex consejeros Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau. Como ya hiciera el nuevo consejero de Presidencia, Jordi Turull – quien dijo que cada catalán debería aportar menos de un euro – , el líder de ERC también hizo sus números y explicó que, teniendo en cuenta los «más de dos millones personas» que votaron en la consulta de 2014, la posible sanción representaría 2,1 euros por voto y persona. Además, Junqueras reafirmó «el compromiso» del Govern con el referéndum unilateral del 1-O a pesar de las «amenazas al patrimonio personal».
EL MUNDO – 22/07/17