ABC 26/01/13
· Los servicios del Estado analizarán si la Declaración tiene alcance jurídico antes de decidir un recurso.
La declaración independentista aprobada por el Parlamento autonómico de Cataluña no ha cambiado un ápice el tono en la respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy. «Ley y diálogo» siguen siendo las «armas» políticas con las que el Ejecutivo nacional está respondiendo al desafío rupturista impulsado por el Gobierno de Artur Mas. Eso sí, no le temblará la mano a la hora de aplicar el Estado de Derecho frente a decisiones ilegales. De momento, ante la declaración de los independentistas catalanes, el Ejecutivo ha pedido a la Abogacía del Estado que redacte un informe jurídico sobre el alcance de esa declaración, un dictamen que, además, tendrá el carácter de «urgente», según anunció ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En el Palacio de la Moncloa, Sáenz de Santamaría y su equipo analizaron cada punto de la declaración aprobada por el Parlamento catalán, y la conveniencia o no de presentar un recurso contra ese texto. Finalmente, Rajoy, en una conversación informal con periodistas a bordo del avión de la Fuerza Aérea Española que le trasladaba de Lima a Santiago, anunció que había decidido encargar ese informe a la Abogacía del Estado para conocer si se puede recurrir, y qué consecuencias jurídicas se producirían en el caso de decidir no presentar ningún recurso. El Gobierno teme que los nacionalistas pudieran utilizar como argumento una hipotética decisión de Moncloa de no recurrir jurídicamente la declaración de soberanía para tomar otras decisiones en el futuro.
Convivencia y diálogo
En esa conversación informal, Rajoy se mostró tranquilo porque, según dejó claro, sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Seguirá apostando por la convivencia y el diálogo, y a lo que no está dispuesto es a tensionar más la cuerda con una reacción virulenta. El presidente del Gobierno mantiene la calma, observa los pasos de Mas y sus aliados casi con frialdad y distanciamiento, algo que ya acusan los nacionalistas, que han criticado la «indiferencia» del Gobierno de la Nación.
Rajoy sabe que su prioridad política es la crisis económica y la recuperación. Ese es el camino principal que ha emprendido, y al que dedica el mayor tiempo. El resto, incluido el desafío independentista, le ocupa lo justo, con la idea clara de que a cada acto ilegal contestará con la ley en la mano. «Sé cuál es mi responsabilidad», subraya una y otra vez cuando se habla de este asunto. Lo dice con serenidad, pero con contundencia.
La decisión definitiva sobre si pude impugnarse jurídicamente la decisión del Parlamento catalán –previsiblemente ante el Tribunal Constitucional– dependerá del alcance jurídico real que tenga esa declaración de soberanía, aprobada en el Parlamento catalán por 85 votos: los de CiU, los de ERC y los de IC-V.
Carácter no vinculante
De momento, distintas fuentes jurídicas consultadas por ABC sostienen que la declaración aprobada tiene un «evidente carácter político, pero en realidad, y hasta el momento, tiene dudosa virtualidad jurídica con consecuencias vinculantes efectivas». En este sentido, recuerdan que hasta el momento, son ocho ya las iniciativas parlamentarias que a lo largo de los últimos años se han ido aprobando en el Parlamento catalán en reconocimiento más o menos explícito del derecho a decidir, o con contenidos de índole soberanista y rupturista, sin que haya sido necesario recurrirlas por carecer, precisamente, de efectividad jurídica real.
Por otro lado, Mariano Rajoy, esperará a conocer las conclusiones de la investigación que se ha abierto en el PP sobre sus cuentas para pronunciarse sobre los supuestos sobresueldos que han podido recibir algunas personas en la sede del partido. Mientras tanto, ha dado «carta blanca» a la tesorera del partido, Carmen Navarro, para que investigue hasta el final las cuentas y presente las conclusiones correspondientes. Así lo confirmó en una conversación informal con periodistas.
Rajoy se ha negado a pronunciarse en el mismo sentido que otros dirigentes del partido, que han negado la existencia de «sobres». «Ni vi, ni recibí ni nadie me habló de sobres», afirmó Sáenz de Santamaría hace una semana. Pero el presidente del Gobierno ni siquiera está dispuesto a negar algo que considera obvio. Sencillamente, espera con tranquilidad a que se realice la investigación, a que la Justicia actúe y a tomar después las medidas correspondientes.
Rajoy quiere evitar así el «efecto Nixon», que se produjo cuando el presidente norteamericano se dirigió a su pueblo para decir: «Yo no soy un ladrón». Una negación solemne que se volvió contra él con un bumerán, pues el efecto fue el contrario al que buscaba y se convirtió en un sospechoso simplemente por negarlo. «Queremos ser transparentes y que no se genere ninguna duda», añadió Rajoy para justificar la apertura de sendas auditorías.
ABC 26/01/13