Rajoy pide silencio a la espera de que Mas eche a andar

En el Partido Popular y en el propio Ejecutivo no faltan quienes echan de menos una respuesta clara, detallada y contundente de los pasos que dará Rajoy para frenar un programa político que, como apuntan en la propia Moncloa, es una pura inconstitucionalidad que trasciende los intereses exclusivos de Cataluña.

En realidad, el Gobierno sí dispone de planes y de instrumentos -económicos, políticos y jurídicos- que se graduarán en función de los acontecimientos, pero el presidente, alérgico a las confrontaciones abiertas, prefiere que no salgan a la luz. Una vez más, desde el Ejecutivo se pide a los ciudadanos que confíen, sin más explicaciones, en una sola afirmación: «La Constitución se cumplirá y se hará cumplir».

Por eso, ayer la vicepresidenta capeó una tras otra todas las preguntas que reclamaban concreción al Gobierno. Santamaría afirma que se dispone de «suficientes instrumentos jurídicos» para frenar no sólo un referéndum independentista, sino también cada uno de los pasos en los que pretende basar el nuevo Ejecutivo de la Generalitat la construcción de un Estado propio; pero rehúsa detallarlos.

Con su actitud evasiva, la número dos se mantiene fiel a la estrategia que desea Mariano Rajoy y que no es otra que la de intentar ahora rebajar la tensión a la espera de que la Generalitat empiece a tomar decisiones.

«El Gobierno tiene que actuar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes en el caso de que se produzcan actuaciones que son contrarias a las mismas», afirmó la vicepresidenta, evitando precisar qué consecuencias podrían derivarse para la propia comunidad autónoma catalana y para su presidente.

Sáenz de Santamaría sorteaba de esta forma tener que pronunciarse abiertamente acerca de los escalones que podrá subir el Gobierno para hacer frente al reto independentista y que, tal y como trasladaron el miércoles fuentes del propio Ejecutivo y recogieron varios medios de comunicación, incluyen desde recurrir -y paralizar- ante el Tribunal Constitucional la convocatoria de una consulta soberanista hasta, en el caso de que la Generalitat no acatara el fallo, proceder a la inhabilitación del president, que es quien firma la convocatoria de referéndum, por incurrir en un delito de desobediencia.

El último instrumento que, de acuerdo con la Constitución, estaría a disposición del Gobierno si los anteriores son desoídos queda recogido en el artículo 155 de la propia Carta Magna, en virtud del cual la comunidad autónoma podría ser intervenida.

Ayer, ni siquiera hubo un pronunciamiento nítido acerca de la posibilidad de que el Ejecutivo cierre el acceso de Cataluña al Fondo de Liquidez Autonómico si no cumple -tal y como ya han anunciado sus dirigentes- con los compromisos de déficit. «Hacienda adoptará en ese caso las medidas oportunas», fue a lo más que se llegó.

Mariano Rajoy considera que es más conveniente no enhebrar un discurso claro de advertencia a la nueva Generalitat, con el argumento de que el objetivo que debe perseguir el Gobierno central es el de no propiciar más inestabilidad.

La vicepresidenta también se hizo ayer eco de este deseo. «Éste es un momento para trabajar por la estabilidad y para construir, en vez de generar debates que provocan división entre los propios catalanes y el conjunto de los españoles».

Sin embargo, cuando ayer se le preguntó qué margen existe a estas alturas para dialogar con el Gobierno catalán, Santamaría pidió «no confundir los planos» puesto que la mano que reiteradamente tiende Rajoy sólo es para abordar medidas que hagan posible que los catalanes «padezcan lo menos posible los rigores de la crisis». Fue en este punto cuando Santamaría reivindicó la responsabilidad del Ejecutivo sobre el futuro de Cataluña. «Que a nadie le quepa duda», dijo, «de que trabajaremos en beneficio de los catalanes, con independencia de lo que algunos en el Parlamento hayan decidido».

EL MUNDO 22/12/12