DAVID ORTEGA-EL MUNDO
El autor señala una serie de circunstancias como el excesivo peso del independentismo y el arrinconamiento del interés general que agrandan una brecha cada vez mayor entre la España real y la mediática.
Primera. Excesivo peso o protagonismo del independentismo catalán en detrimento de muchas otras cuestiones que afectan a la vida real del resto del 95% de españoles. Somos 46 millones y medio de españoles y el independentismo catalán representa a unos 2 millones de votantes, según las últimas elecciones catalanas. Me cuesta mucho desde la perspectiva democrática justificar cómo el 5% de los independentistas catalanes pueden marcar la agenda, el interés general y el bien común del resto de españoles. Por lo demás, nuestra democracia está mostrando una debilidad argumental inaceptable en esta cuestión. El independentismo catalán no puede decidir por sí solo privar al resto de españoles de lo que es suyo. Cataluña, como Andalucía o Galicia, es mi casa y quiero que siga siéndolo, a diferencia de Roma o Tokio, que no son mi casa. Es autoritario, nada democrático, que el nacionalismo catalán quiera decidir por sí solo que lo que es mío, deje de serlo, sin yo participar en tal decisión. Todo el territorio español pertenece legítimamente a un único sujeto: el pueblo español. Toda la reivindicación del independentismo catalán se basa en una gran falacia democrática: el derecho a decidir. No es legítimo ni democrático que otros decidan sobre lo que es tuyo. Creo que esto no es difícil de entender y, sobre todo, de explicar.
Platón ya señaló hace más de dos milenios que la democracia tiene el riesgo de degenerar en demagogia. Y ésta es la única realidad que caracteriza al independentismo catalán desde hace unos cuantos años. Se han vuelto antisistema, piensan que están por encima de la ley, de la Constitución, de los tribunales. Han puesto el funcionamiento democrático a su servicio autoritario. Ahí tenemos un parlamento catalán legítimo en origen, pero profundamente ilegítimo en parte de su ejercicio. La demagogia del independentismo se ha visto con claridad cuando argumentan el derecho a la libertad de expresión para jugar con ventaja en las próximas elecciones. No se puede ser más demagogo: utilizar torticeramente los derechos humanos para sacar ventaja en la competición que debiera ser democrática e igualitaria.
La política española se está olvidando peligrosamente del bien común, del interés general de todos los españoles, insisto, somos 46 millones, no únicamente dos millones de independentistas. En la vida hay que ser generoso, pero no injusto. Hay muchos problemas en España que tienen que ser atendidos y ahora es el momento de que nuestros candidatos nos hablen de ello. La política española lleva desde la década de los noventa demasiado marcada por el nacionalismo catalán y vasco. Todo el desarrollo autonómico ha estado pautado principalmente por sus demandas. Muchas veces el acceso a La Moncloa por parte del PP o del PSOE ha sido decidido por el nacionalismo. ¿Dónde queda el bien común, el interés general, la igualdad de todos los españoles?
Segunda. Siempre pensé que el pensamiento de izquierda se fundaba en el principio de igualdad y de solidaridad, luchando frontalmente contra cualquier situación de privilegio. Sin embargo, la izquierda española admite que haya ciudadanos de primera: vascos y navarros y ciudadanos de segunda, el resto de españoles; incluso de tercera: la denominada España vaciada o despoblada. No acabo de entenderlo bien, incluso a pesar del apoyo de nuestra Constitución para el primer supuesto.
Tercera. No sé si por responsabilidad de los políticos o también de los medios de comunicación social, nuestro debate público ha caído en estos años a un nivel ínfimo. Se habla y se da prioridad a asuntos sin ningún interés público real, mientras los temas verdaderamente importantes están totalmente silenciados. Veamos algunos ejemplos. Nuestros informativos parecen más una crónica de sucesos y desgracias personales o familiares, que el tratamiento de los grandes asuntos de interés público y general. Parece que el morbo, lo emocional y lo superficial están suplantando a lo racional, intelectual y verdaderamente importante. Asesinatos, desapariciones y desgracias, y un cierto regodeo inadmisible, anulan el estudio y análisis de nuestros verdaderos problemas. Por ejemplo, el principal problema de este país es la contratación pública, por ahí se nos van todos los años miles de millones de euros, según informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sin embargo, silencio total o tan solo pequeños apuntes. De la reforma del Consejo General del Poder Judicial, clave para nuestra democracia, silencio total, a pesar de las huelgas de nuestros jueces y fiscales. Otro caso curioso es lo poco que se habla de nuestro vecino portugués. Rescatado al inicio de la crisis, nuestros vecinos han sido estos últimos años un modelo de éxito en Europa, creciendo enormemente en turismo, inversión extranjera y dejando el paro en el 6,7% –de los más bajos de Europa. Entre enero y septiembre de 2018 la inversión inmobiliaria alcanzó un nivel récord de 1.900 millones de euros. Interesante saber que Lisboa (+10) es la ciudad que más ha subido en el ranking europeo de ciudades para invertir, mientras que Barcelona (-11) es la que más ha bajado. Los datos no pueden ser más claros de lo que es una política eficaz y de lo que es una política del fracaso y la irracionalidad.
Cuarta. Existe una muy preocupante falta de sentido institucional y de Estado. El cortoplacismo y el cálculo electoral constante hacen que la calidad de vida de los españoles haya sido la que más ha empeorado en Europa. Somos el país donde más han aumentado las desigualdades y donde, vergonzosamente, más ha crecido el número de multimillonarios.
HAY CIERTOS CONSENSOS de Estado que son necesarios: 1. Independencia judicial, principalmente en el órgano de gobierno de los jueces (Consejo General del Poder Judicial); 2. Organización territorial del Estado al servicio de los ciudadanos y su mejor calidad de vida, no de los intereses particulares y localistas de una minoría; 3. Contratación pública transparente, uno de los principales problemas económico-administrativo de España, donde se nos van por la alcantarilla miles de millones de euros ante la inactividad total de nuestras fuerzas políticas; 4. Fomento de la productividad en el mercado laboral, nuestro problema endémico siempre pospuesto; 5. Apoyo a las familias, las grandes olvidadas en las políticas públicas; 6. Un proyecto educativo estable e igual en toda España; 7. Despolitización de radiotelevisión española, llevamos 40 años con este tema, por citar tan solo algunos ejemplos. Sin embargo, silencio casi total de estas cuestiones claves para nuestras vidas. Mientras, se abren los telediarios con que si hay un lazo amarillo aquí o allá, o Franco será enterrado en El Pardo. No entiendo nada. Hay un profundo infantilismo en nuestra clase política, incapaces de ceder y llegar a acuerdos al servicio del interés general. Un caso llamativo es que tengamos la Constitución democrática menos reformada del planeta. Es un dato bastante relevante de esta incapacidad que señalo.
Concluyo. Me parece enormemente preocupante la brecha cada vez mayor entre la España real y la España oficial o mediática. El 28 de abril es una buena oportunidad –solo la tenemos cada cuatro años– para exigir a nuestros políticos claridad y eficacia y, a través de las urnas, poner a cada cual en su sitio.
David Ortega es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos