Uno de los errores más frecuentes que cometen los gobernantes -con muy pocas excepciones- es el de pensar que en el mundo real se cumple a rajatabla el famoso ‘Ceteris paribus’ que se utiliza en la Universidad. Este latinajo pretende explicar lo que sucede en un modelo cuando se modifica una variable y todas las demás permanecen constantes. Ese método sirve muy bien para explicar la teoría, pero es irreal en la práctica. Por eso, quien pensó que una medida como la recientemente decidida por el Gobierno en materia energética que ‘extrae’ 2.600 millones de euros de las cuentas de resultados de las compañías iba a ser inocua y no iba a provocar efectos, hizo un ejercicio de ingenuidad rayano en la inconsciencia.

La decisión gubernamental no solo es drástica, también es poco clara, como lo demuestra el hecho de que se haya tenido que matizar al de pocos días. Una matización, por cierto, que sin rango legal ni firma no ha aportado claridad ni calmado los ánimos y ha sido protestada por la patronal europea. Conclusión: la seguridad jurídica está seriamente dañada y las empresas eléctricas recalculan sus costos y sus precios, mientras cancelan sus inversiones hasta estar seguras de que los proyectos afectados son rentables. Seguro que hay quien se escandalice por ello y hasta les acuse de insensibilidad, pero la realidad es que no solo tienen derecho sino que están obligadas a hacerlo. Cada uno tiene su responsabilidad y esa es la suya.

Como todo está relacionado, el parón de las inversiones de las compañías generadoras repercutirá negativamente ‘aguas abajo’ en unos menores pedidos para la industria auxiliar, que afectará más tarde en sus propias inversiones y en sus niveles de empleo. Para nosotros, en el País Vasco, la conclusión es especialmente dañina dado el elevado peso que tiene la industria auxiliar en nuestro tejido industrial. A todos los inversores se les pueden imponer condiciones a sus inversiones, pero nadie les puede obligar a invertir. Una verdad incómoda y habitualmente olvidada.

Lamentablemente, las medidas de la vicepresidenta Ribera no han conseguido bajar el precio de la electricidad, que continúa en la estratosfera, pero han introducido una inseguridad jurídica de tal nivel que ya está provocando daños materiales. La tarifa eléctrica es tan compleja como importante. Lo segundo porque supone un coste fundamental en muchas industrias y lo primero porque su estructura es endiablada. Pero si en algo está todo el mundo de acuerdo, es en que el precio del gas y los derechos de emisión de CO2 son, junto con los impuestos, los principales responsables de la subida. De los impuestos tenemos noticias. De lo demás, ninguna buena.