La trayectoria de Sánchez respecto a esta pandemia ha pasado por varias fases, mucho más relacionadas con su autodefensa política que con una estrategia sanitaria reconocible. En la primera fase, el presidente se disfrazó de mariscal de campo, recabó para sí todos los poderes y todos los focos y se presentó como el Gran Salvador que nos libraría del insidioso virus. Fueron los días de los interminables sermones televisivos, el cierre del Parlamento y la utilización indiscriminada del BOE como espada justiciera, violentando cotidianamente todos los principios de seguridad jurídica y jerarquía normativa. 

Ómicron apareció hace 10 días y esta es la hora en que Sánchez no se ha dado por enterado ni ha pronunciado una palabra al respecto 

Pero nuestro héroe encontró en su camino dos obstáculos imprevistos: primero, el virus se ciscó en el BOE y en Superman y creó un escenario de tragedia nacional sanitaria, económica y moral. Segundo, algo aún peor para Su Persona: la obligación constitucional de pasar cada 15 días por el Congreso para convalidar las prórrogas sucesivas del estado de alarma se convirtió en un infierno por la presión combinada de la oposición y de sus socios. Hasta ahí podíamos llegar, la mayoría de gobierno puesta en peligro por el maldito bicho.

El caso es que Sánchez le cogió miedo al tema y nos introdujo en la segunda fase. Tras proclamar imprudentemente la derrota del virus, apareció por ensalmo el invento de la cogobernanza. Un artilugio consistente en que él se quitaba de en medio y traspasaba toda la responsabilidad de las restricciones y las malas noticias a los gobiernos autonómicos, implantando el modelo insólito de la gestión regionalizada de una pandemia global. Lo que, además de conspirar contra el sentido común, atentaba contra la Constitución, como ha determinado ‘a posteriori’ el Tribunal Constitucional. Él se protegía parloteando sobre el Estado compuesto cuando más bien practicaba la descomposición del Estado en plena emergencia. Resultado: el carajal de 17 modelos distintos de gestión de la pandemia. 

En esa fase, los gobiernos autonómicos contaban muertos e imponían restricciones y él volvía de Bruselas cual rey Midas, con 140.000 millones bajo el brazo, dizque a cambio de nada.

Pero llegaron las vacunas, y reapareció el superhéroe de Marvel, esta vez ataviado con bata blanca y dispuesto a inyectar personalmente la pócima sanadora a todos los españoles. Esta vez no le sirvió de gran cosa el artificio propagandístico, porque la gente no salía de los centros de vacunación loando al doctor Sánchez, sino a los doctores de verdad y, en todo caso, a los gestores autonómicos de la sanidad. 

Pasado lo peor del temporal, el Tribunal Constitucional propinó una desautorización completa a la gestión gubernamental de la pandemia. En su primera sentencia —en mi opinión, de alcance muy peligroso para el futuro— le señaló que para encerrar a toda la población debería haber declarado el estado de excepción. En la segunda —para mí, mucho más razonable— le explicó que la facultad de restringir derechos fundamentales no se puede delegar en los gobiernos autonómicos y que la única cobertura legal para hacerlo es el artículo 116 de la Constitución. Además de recordar al Congreso que autorizar un estado de alarma de seis meses sin control parlamentario fue una dejación escandalosa de sus funciones.

Hoy sabemos que el modelo sanchista de gestión de la pandemia fue un fraude constitucional y un ejercicio descarnado de escapismo político, con abuso de poder en la primera fase y abandono de responsabilidades en la segunda. 

Y ahora, ¿qué? Ahora estamos ante un rebrote de la pandemia —que ya existía antes de la aparición de la ómicron— que demuestra que las vacunas reducen la peligrosidad del virus, pero no impiden la infección activa y pasiva. Además, la nueva variante ha disparado el pánico en los mercados y en los gobiernos, produciendo un grave destrozo económico y político antes de haberse comprobado su auténtico daño sanitario.Sánchez pide la vacunación universal para lograr la recuperación.

Así que tenemos una doble emergencia: la sanitaria que pueda derivarse de este rebrote, especialmente si ómicron logra sortear las vacunas, y el deterioro añadido de las expectativas de recuperación de la economía, ya seriamente comprometidas por la inflación, la crisis de suministros y la ineficiencia clamorosa en la ejecución de los fondos europeos. 

Por si algo faltara, todas las vías ensayadas por el Gobierno en la gestión de las oleadas pandémicas —más para protegerse a sí mismo que a la población— han quedado invalidadas por la Justicia. La dimisión legislativa del propio Gobierno y del Parlamento ha dejado abierto un boquete que obliga de nuevo a improvisarlo todo. Y los contornos difusos de la nueva amenaza abocan a un terreno pantanoso de inseguridad y confusión jurídica.

Decretar la vacunación obligatoria, como se está haciendo en varios países, ¿compromete o no el derecho fundamental de las personas a disponer de su propio cuerpo? ¿Cómo puede hacerse efectiva la exigencia generalizada de un certificado de vacunación para acceder a cualquier espacio público —incluido el propio centro de trabajo— sin provocar un alud de denuncias y reclamaciones? Si hay que limitar de nuevo el número de personas que pueden juntarse en los hogares en la Navidad, ¿no afecta eso al derecho de reunión y nos remite a la sentencia del Tribunal Constitucional?

Sobre todo, ¿puede regionalizarse de nuevo la conducción de todo esto, creando 17 modelos distintos de gestión, con estrategias dispares de los gobiernos autonómicos y no menos dispares resoluciones judiciales en unos y otros territorios? ¿Tiene algo que decir el Gobierno de España ante una crisis que compromete a la vez la salud pública, el orden jurídico y la situación económica del país?

Parece que no, porque ómicron apareció hace 10 días y esta es la hora en que el presidente del Gobierno no se ha dado por enterado ni ha pronunciado una palabra al respecto. Tampoco se ha sentido especialmente aludido el líder de la oposición, al parecer más entretenido en jugar al escondite con Isabel Díaz Ayuso, no vaya a ser que se encuentren en una cena de Navidad y les hagan una foto. 

Me temo que es cuestión de días que los avispados abogados de Vox vuelvan a la carga para meterle otro rejonazo al Gobierno y de paso apuntarse un nuevo éxito político. Si lo hicieran aposta —lo de alimentar el partido ultra—, no lo harían mejor. Quizás es que lo hacen aposta.