EL MUNDO – 20/11/15 – NICOLÁS REDONDO TERREROS
· No cabe defender la desaparición de las autonomías, pero sí un espíritu racional para enfrentarnos al futuro territorial, aplicando principios de eficiencia al modelo.
Es posible adivinar, con suficiente concreción, qué protagonistas políticos ocuparán el escenario de la vida pública española y algunos de los asuntos que fijarán la atención de los dirigentes y de la sociedad española durante los próximos cuatro años. No parece que habrá mayorías absolutas, aunque el PP gozará de más respaldo del que muestran las últimas encuestas. El partido de Albert Rivera se convertirá en la sorpresa del 20-D y, según sea el tamaño de la sorpresa de Ciudadanos, el Partido Socialista iniciará un camino más o menos incierto hacía una refundación que tiene pendiente desde que celebró su congreso en Sevilla.
El PSOE no tiene un problema de liderazgo, tiene un reto de definición previo a las personas que lo dirigen y, además, tiene que asentar su política territorial sobre la España que existe, no sobre la que nos gustaría que existiera. La socialdemocracia europea necesita saber cómo actuar, no sólo ante una crisis económica sin precedentes, sino en un nuevo siglo que es el inicio de una nueva época, en la que no sirven ni paradigmas, ni marcos del siglo pasado. El partido de Iglesias Jr., una vez pasada la ola de incienso mediático, no obtendrá el resultado que pronosticaban las encuestas hace 12 meses y se moverá entre un ligero aumento de los resultados de IU y las expectativas que tenía este mismo partido antes de que fuera inteligente e innoblemente saboteado con una estrategia puramente comunista. Los nacionalismos periféricos obtendrán un respaldo electoral que les hará prescindibles para la aritmética parlamentaria pero, probablemente, muy necesarios desde una perspectiva política. En cualquier caso, Convergència, venga disfrazado como venga al Palacio de las Cortes, no parece que vaya a desempeñar al principio de la legislatura un papel estelar como antaño lo hizo.
Por lo tanto, la política resultante será la consecuencia de trabajosos pactos y no es de valientes aventurar una legislatura inestable, que no terminará con los protagonistas que la inicien en la misma responsabilidad para entretenimiento de los medios de comunicación. Tampoco corro el riesgo de equivocarme mucho al afirmar que esta legislatura tendrá una importancia sobresaliente en el futuro de nuestro país. Los protagonistas políticos de los próximos cuatro años se enfrentarán a una encrucijada determinante, como muchas otras en nuestra historia en las que no hemos elegido bien. O es una legislatura de reformas que impulsen el proyecto constitucional del 78, o son cuatro años estériles, vacíos de política con mayúsculas y plenos de política partidaria y pequeña, haciendo seguro el peor presagio: el inicio de un fin sabido y que sólo se podrá retrasar. En esta situación grave para el país es cuando se distingue mejor la política con mayúsculas, la buena política de la pequeña política, sectaria o de campanario de siglas. Lo que los llamados a ser la sorpresa del 20-D denominan como «la nueva política».
Creo que la crisis política que vivimos, supongo que nadie dudará de la propiedad del concepto, se debe desde luego a las consecuencias sociales de la crisis económica, a las que se suma el órdago antidemocrático del independentismo catalán y también una crisis de los partidos que tradicionalmente han protagonizado la política española. Es más evidente la del PSOE porque está en la oposición, pero la del PP está ahí y en las próximas elecciones la veremos más claramente: o perderá por la derecha o perderá por el centro, pero ya no será el partido que abarque el amplísimo abanico que va desde el centro moderado –intercambiable con los socialistas, aunque éstos lo hayan ignorado en los últimos 10 años– a los confines de la derecha.
Pero entre todas las crisis que componen la crisis política de España me preocupa la provocada por el independentismo catalán. De cómo salgamos de esta crisis dependerá nuestro futuro; me parece igual de grave que la económica y, a pesar de los graves efectos directos de esta última sobre los ciudadanos, más determinante a medio y largo plazo. La primera condición para solucionar un problema como el planteado en Cataluña es realizar un diagnóstico acertado y puede que lamentablemente nos estemos equivocando. Se nos dice que los independentistas no conseguirán su objetivo, pero su fracaso no es la solución total y definitiva del problema. Cierto que es necesario ganar este envite, pero la quiebra por parte de un partido básico en la Transición y en los últimos 30 años del pacto de lealtad sobre el que se fundó el Estado Autonómico, nos plantea preguntas trascendentes para nuestro futuro a medio y largo plazo, además de darnos la oportunidad de reflexionar sobre los aspectos positivos y negativos del desarrollo de las autonomías.
La fuerza de los nacionalismos periféricos estos años, la vocación de la clase política de integrarles en el sistema, la fuerza de emulación de los que no son nacionalistas en otras comunidades y una evidente sensación de estar menos legitimados que ellos a la hora de la configuración del modelo autonómico –todo lo que pedían se convertía en legítimo y un rechazo a sus reclamaciones, en la intolerable oposición antidemocrática de la vieja España−, nos ha arrastrado a un modelo sentimental dominado por las historias locales, siempre idealizadas, en el que la razón brilla por su ausencia. En Francia, por motivos prosaicamente económicos – creen que pueden ahorrar entre 12.000 y 25.000 millones de euros–, han realizado una reforma territorial que ha reducido el número de regiones de 22 a 13 y no creo que tengan una historia menor que la nuestra, distinta pero no menos sobresaliente.
No abogo por la desaparición de las autonomías, pero sí defiendo un espíritu racional para enfrentarnos al futuro territorial, aplicando la razón y principios de eficiencia al modelo, evitando, como se evita a la peste, que se anquilose o se petrifique. Durante la Transición aceptamos que el esfuerzo mayor de integración lo teníamos que hacer nosotros, el resto, la mayoría, por culpas remotas e imaginarias que se pueden remontar para algunos a los Reyes Católicos y que tienen que ver con la influencia que sobre nosotros mismos ejerce la leyenda negra –oscilamos entre una visión acrítica de nuestra historia para la que todos nuestros males tienen que ver con nuestros vecinos, ateos, judíos o comunistas según convenga y la asunción, también acrítica, de lo negativo que se pueda decir de nuestra historia−.
Tanto fue así que en parte renunciamos a una cobertura histórica, sentimental y simbólica en el desarrollo de la España democrática, a la que teníamos y tenemos derecho como ciudadanos de una de las naciones más antiguas de Europa. Y es esta debilidad la que me hace recordar unas palabras de Michael Burleigh sobre la República de Weimar: «Se podía afirmar que la república no consiguió captar el mundo de representaciones simbólicas que son necesarias para que un régimen pueda sobrevivir».
En inevitable correspondencia, ¡los vacíos en la vida pública se llenan con urgencia!, proliferan las historias, los sentimientos y los simbolismos locales, llevados hasta la caricatura en algunos casos, hasta la quiebra de la nación en el caso catalán. No hemos sabido oponer al nacionalismo identitario, fortalecido por la utilización de las estructuras autonómicas y la educación en beneficio propio, el nacionalismo cívico que propone Ignatieff o el patriotismo constitucional; que tienen en común la voluntad de poner por debajo de la ley los sentimientos de pertenencia y las identidades, sean religiosas, ideológicas o identitarias.
Es hora de recuperar una idea de España sin complejos, una España constitucional, moderna, tolerante y en la que prevalezca la razón en el espacio público; una España plural, diversa, pero también unida, una España con su historia sometida a la crítica pero segura de haber sido uno de los sujetos de la historia de Europa más influyente. Una España de ciudadanos que no se sientan prisioneros del pasado, ni de tradiciones, ni de religiones, ni de ideologías. Una España que en el 78 rechazó las zonas oscuras de nuestra historia, una España que se opone a ser prisionera de sentimentalismos, que rechaza petrificarse en el pasado como remedio a los interrogantes que nos plantea el día a día, muy distinta a la de antaño, ignorante, egoísta, intolerante, que consideraba al adversario enemigo y que hoy se refugia, aunque sea disfrazada, en el nacionalismo catalán.
Nicolás Redondo Terreros es presidente de la Fundación para la Libertad y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.