Referéndum en Escocia

Se ha generado un debate artificial que la mayoría social no demanda, que está polarizando la sociedad y que puede incrementar el rencor y la división entre escoceses e ingleses

El referéndum sobre la independencia de Escocia previsto para 2014 obliga a contextualizar correctamente la realidad del fenómeno escocés para evitar tergiversaciones de dicha consulta como refuerzo de agravios y reivindicaciones nacionalistas en un escenario tan diferente como el español.

En un momento en el que el nacionalismo ha dejado de ser un fenómeno marginal en Escocia, el Partido Nacional Escocés (SNP) persigue renovar y reforzar su discurso nacionalista con el fin de avanzar en los objetivos de su agenda política, que no son exclusivamente la independencia. La separación es la aspiración de una parte del partido, mientras otro segmento propugna una mayor autonomía dentro del Reino Unido. La convocatoria de referéndum tiene un importante componente populista, pues la mayoría de la población escocesa no comparte las aspiraciones secesionistas, aunque sí las reivindicaciones de mayor transferencia de competencias dentro del Reino Unido.

Con el fin de atraer el apoyo de una sociedad más interesada en ampliar la autonomía que en la independencia, la denuncia de injustos agravios económicos fruto de la relación actual de Escocia con Reino Unido constituye uno de los argumentos con los que el SNP justifica su propuesta en momentos de crisis. Pretende aglutinar en torno a un ideario nacionalista a sectores sociales y políticos diversos como los que componen el electorado escocés, apelando a la nación como elemento homogeneizador de una sociedad a la que el SNP ambiciona liderar. La convocatoria le permite identificarse como garante de los derechos de todos los escoceses frente al Gobierno británico y los partidos unionistas, esto es, conservadores y laboristas, que son definidos por el nacionalismo escocés como responsables de que Escocia no pueda «decidir su propio futuro».

La convocatoria favorece la utilización de una retórica nacionalista con la que el SNP quiere ser el representante hegemónico de los escoceses con el fin de debilitar a los partidos unionistas en Escocia. Se busca reafirmar los factores identitarios como elementos definitorios de la cultura política y del comportamiento electoral de la región. Evidencia esa desmesurada retórica nacionalista la declaración de Alex Salmond, líder del SNP y primer ministro escocés, estableciendo un paralelismo entre la situación de Irlanda antes de su violenta guerra de independencia de Gran Bretaña en 1921 con lo que este líder calificó como el «matonismo» que los políticos británicos dispensan al Gobierno del SNP. La fecha elegida para el referéndum confirma que Salmond desea explotar las apelaciones emocionales y románticas que definen los idearios nacionalistas: en 2014 se conmemora el 700 aniversario de la batalla de Bannockburn que enfrentó a fuerzas escocesas e inglesas y que puso fin a las pretensiones de los reyes ingleses por dominar Escocia.

Se ha generado un debate artificial que la mayoría social no demanda, que está polarizando la sociedad, y que puede incrementar el rencor y la división entre escoceses e ingleses, como sugieren las encuestas. Ello demuestra los peligros de instrumentalizar iniciativas tan sensibles como las consultas, confirmando que se debe evitar algo similar en nuestro propio entorno donde existe además un factor diferencial como la existencia de ETA. Escocia carece de una tradición nacionalista terrorista. En un contexto marcado por décadas de violencia y la amenaza latente de una organización terrorista no resulta razonable celebrar consultas que puedan cuestionar la integridad territorial de la Comunidad Autónoma Vasca y que, por tanto, puedan interpretarse como favorables a los intereses de quienes han intentando imponer sus objetivos nacionalistas mediante el terrorismo. La utilización del terrorismo contamina necesariamente los proyectos políticos que se plantean en Euskadi, donde aún se evidencia el miedo de un porcentaje de ciudadanos a expresar sus ideas políticas.

Todo ello pone en valor, más si cabe, el marco jurídico político del País Vasco sustentado en la Constitución y el Estatuto, que ha permitido el acceso a un amplio autogobierno con un régimen competencial sin parangón en la Europa democrática. La limitada autonomía de Escocia, cuya base jurídica es el Estatuto escocés de 1998, no puede compararse con el autogobierno consolidado en España dos décadas antes de que la descentralización en Reino Unido desembocara en la creación del Parlamento regional con sede en Edimburgo. El propio Salmond ha reconocido las importantes diferencias. En su opinión, la última devolución de transferencias dejó a la región con menos poderes que partes de España como el País Vasco o Cataluña, además de los lander alemanes, la mayor parte de los estados americanos, o incluso la británica Isla de Man.

Otro rasgo diferencial explica por qué resulta poco riguroso exigir al Gobierno español una actitud como la de las autoridades británicas al aceptar la consulta. El Reino Unido es el resultado de la unión política de Inglaterra y Escocia ratificada por sus respectivos parlamentos en el siglo XVIII. Su historia, definida también por la independencia de Irlanda y la creación de Irlanda del Norte, ha condicionado la actitud de los dirigentes británicos que durante décadas han aceptado la posibilidad de una modificación del status de dicha Unión. Es revelador que desde los años setenta el Gobierno británico acepte la posibilidad de que Irlanda del Norte deje de formar parte del Reino Unido si una mayoría de los norirlandeses así lo decide. Esa disposición a disgregarse, debido a una diferente relación histórica entre el centro y la periferia que facilita y tolera el distanciamiento por parte de ambas, carece de parangón y tradición en España. Sencillamente nuestra Constitución se sustenta en «la indisoluble unidad de la Nación española» permitiendo una máxima descentralización del Estado, pero no su ruptura.